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Nacionales

Directora de Defensoría redactó ley mordaza

Involucrada en equipo técnico que investigó UPAD

Hazel Díaz (círculo rojo) acompañó a Catalina Crespo en la conferencia de prensa del 24 de febrero

Hazel Díaz Meléndez, directora de la Gobernanza Pública de la Defensoría de los Habitantes y una de las personas encargadas del equipo técnico de la indagación conformada a lo interno en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), estuvo involucrada en la elaboración de la “ley mordaza” que el Gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís trató de impulsar. 

Díaz, quien se desempeña bajo el liderato de la Gobernanza Pública desde diciembre de 2019, laboró como directora de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) entre febrero de 2013 y abril de 2015. 

Fue precisamente en abril de 2015 cuando estalló el escándalo de la polémica “ley mordaza” de la Administración anterior. 

En declaraciones a la prensa en aquel entonces, Díaz manifestó que el plan se hizo sin ningún tinte político ni ideológico, sino que se había elaborado una perspectiva para llegar a esta iniciativa. 

Subrayó incluso que cuando la propuesta comenzó a discutirse, y a pesar de que encontraron inconsistencias, lograron mantenerla porque se trataba de un borrador.

 

TÉCNICA

 

Tras el escándalo de la “ley mordaza”, dicha funcionaria se devolvió a la Defensoría de los Habitantes en mayo de 2015 para desempeñarse como directora de Control de Gestión Administrativa. 

Apenas dos meses de asumir la dirección de la Gobernanza Política, en diciembre de 2019, le correspondió formar parte del equipo técnico que entrevistó al mandatario Carlos Alvarado el 24 de febrero anterior.

Tras los allanamientos en Casa Presidencial del 28 de febrero, Díaz sale con Crespo en horas de la noche para revelar al país los hallazgos tras el encuentro con el mandatario y la investigación preliminar de la institución.

La directora de la Gobernanza Pública informó en aquel entonces que se accedió a informaciones desde el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), del Registro Nacional y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). 

De igual forma reconoció que se buscaron convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 

Tras el silencio por dos meses de Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, Díaz envió un correo interno para señalar que el informe técnico elaborado en el caso de la UPAD se efectuó mediante sus propias fuentes de información para llegar a las conclusiones y que el audio no constituyó una de ellas. Incluso hizo un llamado a la reflexión para respetar el principio de la confidencialidad. 

 

DEFENSORÍA HABLA 

 

Por medio del despacho de la Defensoría de los Habitantes, indicaron que como directora de Gobernanza Pública, Hazel Díaz, fue la directora del equipo técnico de la institución que se reunió con el mandatario el 24 de febrero. 

En esa reunión participaron seis funcionarios de la institución, entre ellos, Catalina Delgado, directora jurídica, Hugo Escalante, jefe de informática, Ahmed Tabash, jefe de prensa, Guillermo Bonilla y Wendy Durán, funcionarios, así como Crespo y Díaz. 

“Los miembros del equipo hicieron el análisis de toda la documentación recopilada, entre convenios, minutas, correos electrónicos, decretos y otros documentos jurídicos, y generaron el informe final, dado a conocer el 28 de febrero pasado.

En relación a las consultas sobre el audio de la grabación de ese día, como le hemos indicado en reiteradas oportunidades, eso es parte del informe de la Auditoría Interna, el cual es confidencial de acuerdo a la Ley General de Control Interno y la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Este informe se encuentra actualmente en manos del Ministerio Público”, puntualizaron.

 

 

PROYECTO DE LUIS GUILLERMO SOLÍS

 

El borrador del proyecto de Ley General de Radio y Televisión de la Administración del expresidente Luis Guillermo Solís estalló en polémica el 7 de abril de 2015, periodo en que se dio a conocer que tenía dentro de sus intenciones penalizar a los medios de comunicación por los contenidos revelados.

Las penas que contemplaba el texto rondaban entre los ¢4 millones e incluso hasta los ¢40 millones y aquellas empresas de comunicación que fueran reincidentes se exponían hasta al retiro de las frecuencias tanto de radio como de televisión. 

La polémica recayó en manos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) de aquel entonces y trajo como consecuencia las renuncias de Gisela Kopper como ministra y Allan Ruiz como viceministro de Telecomunicaciones.

 

Defensoría en escándalo UPAD

 

• 21 de febrero: Gobierno da a conocer polémica agencia de datos que tiene como finalidad acceder a información de carácter sensible. 

• 21 de febrero: Defensoría de los Habitantes se pronuncia en contra de la UPAD y anuncia que acudirá a Casa Presidencial para investigar lo ocurrido. 

• 24 de febrero: La defensora de los Habitantes Catalina Crespo se entrevista con presidente Carlos Alvarado, Víctor Morales, exministro de la República y Nancy Marín, exministra de Comunicación.

• 28 de febrero: Allanan Casa Presidencial.

• 28 de febrero: Defensoría de los Habitantes convoca a conferencia de prensa para anunciar al país que en efecto el Gobierno accedió a bases de datos confidenciales. 

• 4 de marzo: Catalina Crespo comparece en la Comisión Legislativa que investiga la UPAD. 

• 27 de mayo: Defensoría de los Habitantes confirma extravío de audio de entrevista con el mandatario de la República del 24 de febrero. 

• 30 de mayo: Defensoría de los Habitantes reconoce que tardó dos meses en denunciar públicamente extravío de audio.

*1 de junio: El órgano defensor confirma que pérdida de audio es de 80 minutos, pero niega revelar custodia de material extraviado.

 

 

Apertura de investigación 

 

La Fiscalía General de la República abrió una investigación preliminar sobre el audio extraviado de la Defensoría de los Habitantes. La denuncia se encuentra en la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José y el número de expediente que se le asignó fue el 20-000-330-0619-PE. 

De acuerdo con la Oficina de Comunicación del Ministerio Público, la investigación se tramita contra ignorado, es decir, a este momento no se encuentra ninguna persona imputada individualizada.

 

 

DIPUTADOS OPINAN 

 

Franggi Nicolás

PLN

“Un audio no se pierde así porque así y la información tuvo que haber pasado por manos de alguien que se prestó, lamentablemente, para perder este tipo de información. No quisiera creer que esta persona que ya estuvo vinculada en un escándalo en el pasado haya tenido vinculación con la pérdida de información en esta ocasión”.

 

Walter Muñoz

PIN 

“No estamos de acuerdo con los acontecimientos ni el proceder de la Defensora de los Habitantes. En el caso de Hazel Díaz, debe ser suspendida e investigada por la relación que tuvo en el pasado con los hechos de la ley mordaza y, además, llegar hasta las últimas consecuencias de parte nuestra y pedir las explicaciones del caso. Censuramos tanto la actitud de la Defensora como la de Hazel Díaz”.

 

Carlos Avendaño 

PRN 

“Esta relación de hechos es sumamente grave. Creo que esto se debe de llevar a una investigación para que quede clara la participación de esta persona y también de todo esto que ha venido sucediendo en torno a la UPAD. Nos parece grave y se tiene que continuar con las investigaciones”.

 

Pedro Muñoz 

PUSC 

“Eso demuestra mucha cercanía con el PAC. Debería apartarse ella de ahí. Cuando se le pregunte a doña Catalina quién tenía ese tema, entonces sí responde que está en el Ministerio Público, habría que consultarle es conocer si ya se le contestó eso al Ministerio Público, sobre quién tenía la consulta, y ella no puede rehusarse a contestar esa pregunta”.

PERIODISTA: Greivin Granados

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Miércoles 03 Junio, 2020

HORA: 12:00 AM

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