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Nacionales

Pobre atención desata críticas

Tras nuevas denuncias de Sitraa

Carros parqueados y con daños menores acumulan tiempo en desuso, mientras se pierden recursos en fugas por miles de millones de colones

Tanto en la Asamblea Legislativa como en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) repudiaron y cuestionaron con vehemencia nuevamente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tras la serie de denuncias que presentó el Sindicato de Trabajadores de la institución (Sitraa) sobre carros parqueados y sin uso, y otras unidades descompuestas sin reparaciones, a pesar de que tienen daños menores.

En total se trata de 18 activos que la institución mantiene y se acumula el tiempo, el cual pasa mientras no se le da atención a uno de los principales problemas y más importantes que presentan los sistemas de acueductos a nivel nacional que gestiona AyA: las fugas del preciado líquido.

“En AyA hay un problema muy serio de gestión sobre todo en tema de proyectos como es el caso de este, de agua no contabilizada, el proyecto Orosi 2, los planes de contingencia. El Registro de Agua No Contabilizada (RANC) es un ejemplo más de inversiones que no avanzan al tiempo que se requiere para temas más serios”, manifestó Álvaro Barrantes, intendente de Agua de Aresep.

Barrantes es uno de los que más críticas enfila hacia AyA porque precisamente la empresa encargada de suplir de agua potable a la ciudadanía costarricense es una de las peores a nivel de América Latina para prevenir las fugas, según lo determinó la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (Aderasa) un par de años atrás.

La propia Aresep dio a conocer entonces, mediante un informe, que prácticamente la mitad del agua captada por el AyA se pierde en el camino producto de las fugas en el acueducto.

DIARIO EXTRA informó en dos publicaciones la semana anterior que dos automotores de un total de 16 para el programa RANC están parqueados, y otros 14 se destinaron a otras dependencias porque los grupos especiales para dar forma al proyecto aún no están listos.

Pero también se consignó que las cuadrillas para atender fugas no pueden salir a campo porque las unidades están a la espera de que la burocracia institucional, en aras de la transparencia con los recursos públicos, se apiade de ellas.

Esto porque a consulta de El Diario del Pueblo manifestaron que en la entidad existe todo un protocolo para que las unidades se logren poner en funcionamiento, el cual en ocasiones supera los 5 meses para una resolución definitiva sin que de momento se vea una luz sobre el tema.

 

¿VIGILANCIA?

 

El Periódico de Más Venta en Costa Rica cuestionó tanto a la Aresep como a la propia Contraloría General de la República (CGR) qué mecanismos existen, por una parte, para garantizar que los recursos de una licitación como los usados para comprar los carros RANC se utilicen tal cual se pidieron; y por otro lado que las tarifas no castiguen al consumidor por iniciativas fallidas.

En un correo electrónico, la División de Fiscalización y División de Contratación Administrativa aseveró que “si bien existen ciertos objetos contractuales que a partir de una disposición normativa, deben utilizarse exclusivamente para un fin específico, esto representa la excepción y no la regla”.

Con lo anterior, según la CGR, no existe ninguna irregularidad en que en este caso el AyA utilice activos para fines distintos a los originalmente proyectados, aunque en la planificación “los bienes adquiridos con fondos públicos deben responder a una necesidad administrativa previamente identificada”, sentencia la entidad.

Claramente las funciones no pueden ir más allá de dedicarse a las actividades que se tienen comprometidas.

Por su parte Barrantes reconoció que los propósitos de los proyectos se determinan en el modelo tarifario que se aprueba, en este caso para AyA, pero esos proyectos deben de verse en ejecución.

“Si comprobamos que en efecto esos recursos no se destinaron y con uso eficiente, la tarifa se rebaja en el periodo siguiente. De esta manera se le reconoce al usuario que pagó la plata y no se destinó para los propósitos descritos. Hay, claro, que validar aspectos extraordinarios como ahora la emergencia”, declaró Barrantes.

 

SIN AVANCE NI PREVISIÓN

 

El programa RANC, destinado a detener la filtración de agua en el acueducto, es un proyecto que tiene su factibilidad aprobada desde 2014 y en prácticamente 6 años muestra un avance casi imperceptible.

De acuerdo con la propia Aresep, consiste en una iniciativa que tenía más de $160 millones presupuestados, de los cuales lleva una ejecución de $2,5 millones, lo cual Barrantes califica como nada, proporcionalmente.

La CGR también externó, ante las consultas de este medio, que “la administración debe mecanismos de control con los activos para un destino diferente al planificado, porque justo es la administración la que debe sacar máximo provecho a los recursos institucionales”.

Respecto de las fugas y los argumentos para no hacer reparaciones expeditas a los activos, Barrantes afirmó que todos los funcionarios saben de lo poco flexible que es la Ley de Contratación Administrativa, aunque dicho lo anterior se debe prever las necesidades de la institución antes de que se acumulen los problemas.

“Es una traba, pero es un dato que conocemos y por lo tanto se puede administrar. Los problemas para contratar y demás se saben y son ciertos, pero es previsible en el sentido de que existía desde antes”, sentenció el regulador del Agua.

DIARIO EXTRA buscó a los diputados para conocer su reacción ante esta realidad, y la tesis de varios de ellos comprende repudiar y lamentar la forma como los dineros se destinan de manera poco transparente a vista y paciencia de los costarricenses.

PERIODISTA: Alfonso Hernández

EMAIL: [email protected]

Martes 02 Junio, 2020

HORA: 12:00 AM

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