La diputada socialcristiana María Inés Solís insiste en que el país habilite la minería a cielo abierto y se permita la extracción de oro en Cutris de San Carlos, lugar donde se encuentra la abandonada mina de Crucitas que terminó en un desastre ambiental luego de que la empresa canadiense Industrias Infinito Gold saliera del país.
Solís ya había presentado en febrero pasado un proyecto (expediente 21.782) con el que se derogaba la prohibición que el Estado mantiene desde hace 10 años sobre este tipo de minería y que en su momento se indicó tenía el aval del Colegio de Geólogos.
Ahora la congresista impulsa un nuevo expediente (el 22.007) “Ley de Minería Crucitas”, que busca legalizar la explotación del oro, pero solo en Crucitas y adiciona un transitorio a la Ley 6797, Código de Minería vigente desde el 2010, que señala que se excluirá temporalmente de la aplicación del artículo 8 bis de esta Ley vigente, lo que permitirá desde la etapa de exploración hasta su cierre definitivo el proyecto de extracción de minerales en Crucitas de Cutris.
Los legisladores que apoyan el proyecto, además de Solís, subrayan que el propósito de la iniciativa es combatir la minería ilegal y crear un marco regulatorio para el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones.
“Los medios de comunicación han sido testigos de la problemática social y económica que viven las y los pobladores de Crucitas, por eso urge tomar decisiones para combatir la minería ilegal, que ha generado en la zona pobreza, inseguridad y daño a la salud pública, por la exposición a químicos como el mercurio producto de las actividades irregulares que realizan los coligalleros dedicados al robo y comercio de oro, que ahora se han convertido en organizaciones delictivas”, aseveró la proponente Solís.
Dicha iniciativa crea también un impuesto a la actividad minera del 5% por las ventas brutas del mineral, los recursos serán distribuidos entre las Municipalidades de San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles y Río Cuarto, para el desarrollo de obras de infraestructura, proyectos comunales, culturales, deportivos, recreativos, de prevención y seguridad. Adicionalmente, un porcentaje se destinará al fortalecimiento del fondo del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte y al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
La propuesta, a criterio de la legisladora, es innovadora ya que prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras que se desarrollen en la zona, respetando la normativa ambiental de nuestro país, así como los tratados internacionales suscritos como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, así como el de Minamata sobre el uso del mercurio, tema de gran preocupación por las distintas autoridades.
La extracción ilegal de oro le genera al país pérdidas estimadas en alrededor de $400 millones. Por tal motivo, el Colegio de Geólogos de Costa Rica instó recientemente a las autoridades a legalizar e impulsar la actividad minera en nuestro país. La legalización, a criterio del colegio profesional, es una respuesta para enfrentar la difícil situación económica experimentada por el país, por la emergencia de Covid-19.
Solís cree que los ingresos generados por la actividad minera serían una excelente forma para generar recursos frescos y directos al Gobierno, evitándose así medidas más impopulares como la aprobación de nuevas cargas impositivas o endeudamiento del Estado.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Sábado 30 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA