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Nacionales

Temen compadre hablado de defensora en caso UPAD

Analista Pablo Barahona

Crespo fue muy cercana a Piza

Para el analista político Pablo Barahona Kruger, es imposible no temer en un compadrazgo político de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, en relación con el más reciente capítulo del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Según Barahona, resulta muy extraño que la institución perdiera parte de la grabación del audio de una entrevista que realizó la Defensoría al equipo que estuvo vinculado con el escándalo de la UPAD.

Lo anterior si se toma en cuenta la forma en cómo el gobierno y el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, empujó el nombramiento de Crespo en esa institución auxiliar de la Asamblea Legislativa.

“Es absolutamente inaceptable que en una institución acostumbrada, habituada y obligada a llevar procesos de investigación como este se extravié información tan importante, que además implica a los más altos jerarcas del Poder Ejecutivo, al que la propia Catalina Crespo debe su nombramiento”, criticó Barahona.

Continuó: “Todos recordamos que el señor Piza y el presidente Carlos Alvarado fueron quienes la empujaron como defensora de los Habitantes y es absolutamente lógico que la gente piense mal cuando ocurren estas cosas en un caso tan sonoro, con tantas aristas negativas, ninguna positiva, como la UPAD, así que urgen las explicaciones contundentes”.

Según el analista, la Asamblea Legislativa debe abrir una investigación en contra de Crespo por la situación.

“La responsable de custodiar la información era al final de cuentas la jerarca de la Defensoría, así que no se trata solo de que se laven las manos pasándole el tema al Ministerio Público. Debe de abrirse como mínimo un procedimiento de investigación política en el Congreso porque recordemos que la Defensoría es una auxiliar de la Asamblea Legislativa y les debe explicaciones a los diputados. Los congresistas deben pedirle cuentas y si las explicaciones no son suficientes, debe haber consecuencias para la cabeza de la propia defensora”.

Sobre el posible compadrazgo político, Barahona amplió: “Esto nos hace recordar los antecedentes de la señora Crespo, que era una completa desconocida hasta que Rodolfo Piza la encumbró agradeciéndole posiblemente que ella haya sido una activista de su campaña electoral en la que Piza pretendió ser presidente. Catalina Crespo fue una actora visible en las giras por Washington, cuando Piza fue a ver a la colonia tica, y después también cuando la hizo partícipe de alguna parte de su programa de gobierno. Es bastante claro que fue Rodolfo Piza el responsable de armarle la base política en la Asamblea para que obtuviera el puesto en la Defensoría. Es imposible no pensar mal”.

A lo anterior añadió: “Es comprensible que la gente vaya a asumir esto como un compadrazgo hablado vistos los antecedentes políticos de esta señora en relación con la gente del PAC y las actuales autoridades”.

 

DEFENSORÍA ANUENTE A DAR EXPLICACIONES

 

Cabe señalar que, por medio de un comunicado de prensa, Crespo insistió en que no quiere que haya ningún cuestionamiento de la forma cómo la Defensoría de los Habitantes ha abordado el tema y por eso insiste en que es importante someterse a cualquier investigación en caso de ser necesario.  

Asimismo, fue enfática en que el informe realizado por la Defensoría del caso UPAD se fundamentó en una gran cantidad de información, entre documentos, oficios, minutas, y la labor de un gran equipo humano, que respaldan cada uno de los hallazgos y las conclusiones que se emitieron.  

La funcionaria afirma que es lamentable que la situación ocurriera a nivel interno, pero es consciente de que, como cualquier otra institución pública, tiene un mandato de transparencia y de rendición de cuentas, y está sujeta al escrutinio público.

 

EL CASO

 

La polémica en torno a esta Unidad surgió luego de que el gobierno ordenara su creación vía decreto en octubre de 2019. 

La pretensión del Ejecutivo acabó en un histórico allanamiento a Casa Presidencial y al despacho del mandatario Carlos Alvarado, hecho sin precedentes en la historia del país. 

La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del presidente Carlos Alvarado Quesada para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución de facilidades en el acceso a la información del Gobierno Central e instituciones autónomas, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.

Asimismo, se ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.

Estas atribuciones fueron motivo de una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales; además, provocaron que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.

Luego de recibir tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.

Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio, acompañada de 50 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales, allanó Casa Presidencial, donde decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.

Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también tuvieron lugar en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). Aún falta mucha tela que cortar en cuanto a las intenciones y planes del gobierno en la creación de la UPAD.

Tampoco se debe olvidar que, según la propia Casa Presidencial, el gobierno planeaba que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiara dicha unidad espía.

Ese era uno de los motivos por los cuales el decreto que daba figura jurídica a la UPAD fue declarado de interés público.

En el Ejecutivo también buscaban plata del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como la Corporación Andina de Fomento (CAF).

PERIODISTA: Marco Antonio González

EMAIL: [email protected]

Jueves 28 Mayo, 2020

HORA: 12:00 AM

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