La ministra de Justicia y Paz Fiorella Salazar compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para rendir cuentas de tres temas.
El primero de ellos fue el bloqueo de señal de celular dentro de los centros penales, en palabras de Salazar lo único que esperan es que el Ministerio de Salud gire la orden para la apertura de fronteras que permitirá que los equipos técnicos ingresen al país y se pueda dar el banderazo de salida.
“Esperamos que el Ministerio de Salud dé la orden para que se abran las fronteras para que vengan los técnicos certificados a hacer las calibraciones finales las cuales serán en cascada en los centros penitenciarios”, comentó la ministra Salazar.
Dicho bloqueo en las cárceles se hará de forma paulatina y pese a que se dispuso un plazo perentorio, que era el mes de abril pasado, lo cierto es que el tema de la pandemia por el Covid-19 retrasó venida de los técnicos y la puesta en operación.
De hecho, los diputados cuestionaron si no había otros equipos técnicos en el país capaces de hacer dicha labor, ante esto la ministra Salazar señaló que si bien en el país había equipos técnicos capacitados, lo cierto es que no están certificados.
Así las cosas, habrá que esperar que el ministro de Salud Daniel Salas ordene la apertura de fronteras para que entren los equipos técnicos certificados y se ponga en marcha el bloqueo de señal que tantos problemas trae a las autoridades penitenciarias, pues desde centros penales como La Reforma se practican gran cantidad de estafas telefónicas.
BONDADES DE BRAZALETES
El segundo tema que abordó la ministra Salazar fue los brazaletes electrónicos adquiridos por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) al nuevo proveedor, la compañía inglesa Buddi Limited.
La presentación que le hizo la jefa de Justicia a la prensa el viernes pasado en el auditorio del Registro Nacional de la Propiedad prácticamente se repitió ante los diputados, quienes ni siquiera entendían que la empresa inglesa llegó a cambiar la tecnología 2G a 3G, reemplazando a la empresa Grupo CESA la cual suplía los dispositivos de monitoreo electrónico a la ESPH, que a su vez proporciona el servicio al Ministerio de Justicia y Paz.
Doña Fiorella y la viceministra Viviana Boza exaltaron las bondades de los nuevos dispositivos que involucran un cargador contra agua, un Bitcon que evita los saltos GPS y permite determinar con certeza que el privado de libertad efectivamente se encuentra en el lugar mediante la señal emitida, además permite proporcionar a los jueces un reporte inmediato de las violaciones en las que pueda incurrir el monitoreado y, por último, señalaron que habrá un ahorro de hasta ¢1.500 millones.
Sin embargo, los legisladores no hicieron su tarea, pues ninguno cuestionó el por qué estos brazaletes de la empresa Buddi son más baratos 5,30 dólares por día en Colombia, pues acá con la ESPH tienen un costo de $12,5 dólares. Además, tampoco se mencionó que en palabras del director del proyecto de la ESPH, Daniel Vargas, los dispositivos “son vulnerables”.
Incluso, la diputada Floria Segreda preguntó quién iba a limpiar el desastre que hizo Justicia mientras estuvo la exministra Marcia González, algo que tampoco entendió Salazar, pues la diputada, que sí estuvo en las comparecencias de la ahora exministra, no pudo exponer el contexto de todo a doña a Salazar, aunque mencionó que a marzo de este año había 338 privados de libertad sin monitoreo.
Quizás los diputados Gustavo Viales y Jorge Fonseca se acercaron a origen del asunto, pues si bien Viales le lanzó la pregunta a Salazar de cuándo estaría la licitación internacional, no repreguntó a la ministra luego que esta señalara que están en un proceso de aprendizaje ante una posible nueva mejora tecnológica que solicitarán para luego, tras pasar la prueba se esperaría ponerlo todo en un próximo cartel licitatorio.
En tanto el diputado Fonseca mencionó los cuestionamientos que hicieron los jueces de Ejecución de la Pena en la comparecencia de González el año pasado, donde hablaban de los serios problemas que tenían los juzgadores, pues era muy difícil saber las faltas cometidas por los monitoreados de manera inmediata y cómo cambiaría esto en lugares donde la señal apenas llegaba, como por ejemplo localidades rurales como las fronteras de nuestro país.
CENTROS CÍVICOS
Por último, doña Fiorella les expuso a los diputados cómo esperan establecer programas de prevención de la violencia en los lugares con mayor incidencia criminal y además establecer nuevas delegaciones policiales e intercambio de información mediante una base de datos común entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública, a lo que se suma la instalación de los denominados Centros Cívicos para contribuir con la sociedad a través de programas de prevención y reinserción social, lo que se pondría en marcha mediante un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Miércoles 27 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
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