Un total de 41 municipalidades no pagarán a Racsa por el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Sin embargo, la exoneración aplica solo durante el tiempo que dure la emergencia.
Así lo dispuso la recién aprobada ley que exime a los gobiernos locales de la regla fiscal en su artículo 10. Indica que el beneficio se extiende para las municipalidades clasificadas en el Grupo C y D del Índice de Gestión Municipal del año 2018, emitido por la Contraloría General de la República.
Se dispuso que los concejos municipales de distrito, estarán exentos del pago de cualquier rubro a Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) por la capacitación, implementación y uso del Sicop. Por su parte, el Ministerio de Hacienda deberá verificar que se respete esa exención por el período señalado.
Se trata de las municipalidades de Alvarado, Aserrí, Atenas, Buenos Aires, El Guarco, Flores, Golfito, Guatuso, La Cruz, Matina, Montes de Oro, Mora, Nicoya, Oreamuno, Palmares, Parrita, Puriscal, San Isidro, Siquirres y Tilarán.
También se incluyen Acosta, Alajuelita, Bagaces, Cañas, Coto Brus, Dota, Guácimo, Hojancha, Jiménez, León Cortés, Los Chiles, Nandayure, Poás, San Mateo, Sarapiquí, Talamanca, Tarrazú, Turrubares, Upala, Valverde Vega y Zarcero.
La medida se toma justamente porque se trata de municipalidades que manejan un presupuesto limitado. Por años, estas han insistido en que las tarifas cobradas por Racsa son demasiado elevadas.
SIRVE PARA DAR OXÍGENO A RACSA
Si bien la Municipalidad de Heredia no está entre las excluidas, el alcalde José Manuel Ullate, no tuvo miedo de dar su opinión. “A mi criterio, el Sicop sirve para dar oxígeno a Racsa”, manifestó.
En el caso de este gobierno local, pagó ¢17,5 millones en el último año por participar del Sicop. El alcalde considera que es un monto alto tomando en cuenta que la Municipalidad cuenta con su propia infraestructura para manejar las compras públicas.
Aseguró que no es lo mismo una municipalidad con un presupuesto de ¢1.300 millones al año a una con ¢80 mil millones.
Cree que otra deficiencia de la plataforma es que proveedores pequeños compiten contra los grandes, lo que de alguna manera genera exclusión.
DIARIO EXTRA conversó con Gustavo Morales, director de Productos y Proyectos de Racsa, quien manifestó no se está trabajando en una reforma tarifaria, pese a que está enterado de las quejas.
Dijo que la tarifa se fija conforme a la frecuencia en el uso del sistema y otros factores, como volumen de compra, capacitaciones y firmas digitales a entregar.
NO DAN LAS TARIFAS
El Periódico del Pueblo solicitó un desglose de cuánto pagan algunas instituciones por el uso del sistema en colones, pero Racsa no proporcionó dicha información. Hizo entrega de un tarifario, que no indica ningún monto, ni la forma de calcular el costo.
Frente a esa situación, este medio hizo consultas a varias instituciones para tener una idea de cuánto pagan. El Instituto Nacional de Seguros (INS) por ejemplo, pagó en el 2019 a Racsa $27.565 (¢15,5 millones).
En el caso de la Municipalidad de San José se presupuestaron este año ¢60 millones por el uso del Sicop.
Morales dijo que no hay una tarifa específica para las municipalidades, pues el Ministerio de Hacienda solicitó una tarifa estandarizadas para todo el Estado.
Se pidieron también las tarifas a Hacienda, pero indicaron que el tema era con Racsa. Radiográfica Costarricense dice que necesita cobrar una tarifa para garantizar el servicio y su confiabilidad.
CAMBIO GENERARíA UN DÉFICIT
El funcionario añadió que reducir la tarifa implicaría generar un déficit que impediría dar una sostenibilidad a la plataforma. A su vez, señaló que el costo va mucho en función de la planificación, pues entre menos acudan al Sicop menos paga una institución.
“Se trata de buenas prácticas, hay instituciones grandes que hacen menos compras y eso se refleja en la tarifa, así como hay municipalidades pequeñas que hacen hasta 300 carteles por año, casi que uno por día”, manifestó.
La Contraloría General de la República había revelado que un 35% de 17 instituciones que usan el Sicop, señalaron disconformidad sobre la tarifa que cobra Racsa, mientras que el 61,5% de 13 instituciones que no utilizan Sicop, indicaron disconformidad con la misma.
LIMITA LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
“Este resultado es importante, porque podría indicar que factores asociados a la tarifa podrían estar limitando o desincentivando el uso de la plataforma Sicop, lo que refuerza la necesidad de establecer un cobro que, por una parte incentive el ingreso al obtener economías y transparencia por su uso, y por otra, cubra el mantenimiento que debe dar el operador de la plataforma y la sostenibilidad del sistema”, destaco el órgano contralor.
Mauren Barrantes, jefe de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, manifestó que no considera que el tarifario limite la participación en el Sicop.
Sin embargo, con respecto, al tema municipal es del criterio que hay que buscar un esquema que se ajuste a cada caso.
Datos de la Unión de Gobiernos Locales indican que el uso del Sicop puede representar un egreso de aproximadamente ¢8 millones anuales por concepto de pago de tarifas, lo cual consideran muy por encima del tope al crecimiento del gasto corriente de algunas municipalidades, sin tomar en cuenta los costos de implementación inicial.
¿CUÁLES NO PAGARÁN?
Se trata de las municipalidades de Alvarado, Aserrí, Atenas, Buenos Aires, El Guarco, Flores, Golfito, Guatuso, La Cruz, Matina, Montes de Oro, Mora, Nicoya, Oreamuno, Palmares, Parrita, Puriscal, San Isidro, Siquirres y Tilarán.
También se incluyen Acosta, Alajuelita, Bagaces, Cañas, Coto Brus, Dota, Guácimo, Hojancha, Jiménez, León Cortés, Los Chiles, Nandayure, Poás, San Mateo, Sarapiquí, Talamanca, Tarrazú, Turrubares, Upala, Valverde Vega y Zarcero.
Fuente. Índice de Gestión Municipal del año 2018
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes
EMAIL: [email protected]
Miércoles 27 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
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