Los diputados al parecer tienen intenciones de revivir el polémico proyecto de ley que trasladaría un grupo de recursos ociosos de la Junta de Protección Social (JPS) a la Asociación Obras del Espíritu Santo (OES), que dirige el sacerdote Sergio Valverde.
La iniciativa, que ya estaba en el trámite ordinario del plenario, luego de que la Comisión de Asuntos Económicos le diese la viabilidad en noviembre de 2019, tuvo su vencimiento de periodo en enero de este año.
Al parecer el proyecto estaría cerca de entrar en la fase final de discusión con los días de trámite de mociones vía 137, que serviría para hacerle correcciones al texto.
La legisladora oficialista Paola Vega descartó que la iniciativa se apruebe en la semana por iniciar, pero aun así reitera su oposición a que los dineros se giren a favor de OES, tal como lo dijo al cierre del año anterior, porque el movimiento carece de criterio técnico.
“Mantengo mi oposición, más en tiempos de pandemia, porque precisamente esos millones de colones podrían destinarse a bonos para personas desempleadas o atención de la emergencia”, expresó.
Si se llega a dar trámite positivo a la iniciativa, la asociación humanitaria de orientación religiosa obtendría de recursos públicos ¢162.350.075,74, que en este momento son pasivos de la entidad encargada de los juegos de azar estatales, porque le correspondían a Casa Hogar Tía Tere, entidad hoy desaparecida.
CAMBIO DE DESTINOS
En marzo de 2019 el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) comunicó el cierre de un grupo de instituciones cuya naturaleza y funciones perdieron su razón de ser mediante la promulgación de la Ley No.9668.
A saber la Junta de Fomento Avícola, Junta de Fomento Porcino, Junta de Fomento Salinero, Junta Nacional de la Cabuya y Casa Hogar Tía Tere eran las entidades que dejarían de existir en el espectro público.
Con respecto a la Casa Hogar Tía Tere, cuya creación databa de 1998, se dispuso un transitorio en la ley para que patrimonio, activos e infraestructura pasaran a formar parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en un plazo máximo de 6 meses después de que la ley entrara en vigencia.
“Soy de las que consideran que debemos emitir que el dinero en efecto se lo traslademos al PANI o en su defecto sean recursos para atender la emergencia, donde creo hay prioridades más importantes, como por ejemplo el subsidio para personas desempleadas. Este cambio que pretenden hacer los diputados es variar lo que estaba dispuesto en una ley anterior”, cuestionó la congresista.
IMPULSO
La iniciativa fue obra del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien en su momento expuso que el traslado de los dineros es por una única vez, con el fin de apoyar la gestión de bien social que realiza la OES.
“Lamentablemente se da una afinidad hacia esta institución privada, tan es así que hace poco un diputado presentó otro proyecto para que sean exonerados de pagos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras obligaciones patronales.
Creo que lamentablemente se mezcla mucho los compromisos de campaña con lo que es la labor legislativa”, manifestó la más fiera opositora que conoce el proyecto de ley en cuestión.
ANTECEDENTES Y CONSENSOS
Vega recordó en el momento que se desató la problemática que OES tenía varios pendientes y señalamientos de la Contraloría General de la República, pues para ese momento estaba claro que la institución se financiaba con dineros públicos.
Uno de esos cuestionamientos que en su momento hizo la diputada era las deudas con distintas empresas del ámbito público, tal es el caso de importes municipales por ¢132 millones y ¢11,9 millones a la CCSS por concepto de morosidad en materia laboral.
La congresista dijo en esa oportunidad que, tal como lo establece la ley en esas condiciones, sería ilegal que OES reciba dichos fondos públicos por parte de la JPS porque en su ley orgánica se establece que las organizaciones no gubernamentales tienen la obligación de cumplir una serie de requisitos, entre ellos las cuotas obrero patronales.
Por otra parte, Vega reconoció que en esta lucha se encuentra sola porque dentro de su propia fracción no hay consenso respecto a las intenciones del proyecto.
“Me imagino que seré minoría con mi posición, sin embargo intentaré que el proyecto sea rechazado y el dinero que no le sobra al Estado se traslade a una institución que lo necesite más. En la fracción del partido tenemos en este momento diversas posiciones con respecto a ese proyecto”, comentó.
EXONERACIONES Y
DONACIONES
OES es una de las tantísimas entidades que tienen un trato preferente por parte de las autoridades tributarias de nuestro país, así como de destinos específicos.
En el marco de la Ley 9635 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cuenta con 14 actividades comerciales, sobre las cuales no le atañe el cobro y pago del impuesto al valor agregado (IVA).
Así lo consigna una información que DIARIO EXTRA dio a conocer el 25 de noviembre de 2019, donde se menciona que abastecedores, zoológicos, piscinas, servicio de fotocopiado y un restaurante figuran entre los compromisos que los diputados le quitaron de sus espaldas a la organización sin fines de lucro.
Además OES recibe una cantidad de fondos públicos importante del PANI y la JPS por ¢215 millones. Según estimaciones, sus donativos alcanzan aproximadamente ¢2.500 millones.
Los cuestionamientos en este sentido por parte de Vega eran que otra fundación podía requerir ese dinero y el contexto de la pandemia hace necesario revisar dicho destino.
Según algunos críticos del movimiento, la responsabilidad del cuido y atención de las personas menores de edad es una labor que el Estado debe asumir con sus instituciones formales y no mediante la entrega de dineros a ninguna institución para “tercerizar” sus obligaciones.
