Representantes de los gremios del Poder Judicial mediante un comunicado de prensa desmienten que hayan brindado un respaldo o consensuado algún acuerdo con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en torno a la nueva versión del proyecto de empleo público que impulsa Casa Presidencial.
Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), y Hugo Solís, vocero de la junta directiva del Sindicato de la Defensa Pública (Sinde), indicaron a DIARIO EXTRA que la jerarca falta a la verdad cuando señala que el nuevo texto tiene el aval de ellos.
La molestia se produce, según los gremios, luego de que Garrido dijo en el programa televisivo “Estado Nacional” que la Ley del Empleo Público fue consensuada con los sindicatos del Poder Judicial.
Los voceros recordaron que la única participación que han tenido sobre este tema -donde coincidieron con la ministra Garrido- fue el 10 de octubre anterior, cuando los invitaron a escuchar una charla sobre el tema en los salones del Poder Judicial por parte del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero no hubo ninguna discusión ni se tomaron en cuenta sus observaciones.
Además, la ministra hace referencia ahora un texto nuevo que no es el mismo del 2019.
“Sitrajud nunca se ha reunido con doña Pilar Garrido ni ningún representante de la administración Alvarado Quesada en mesas de trabajo ni de consenso, para tratar el tema de la Ley del Empleo Público ni ningún otro proyecto”, expresó Cartín.
NUNCA HABLÓ DE CONSENSO
Consultada sobre el tema, Garrido rechaza que haya hablado de consenso.
“En mis declaraciones a Canal 7, en ningún momento dije que se tuviera el consenso de los sindicatos del Poder Judicial. Lo que sí mencioné fue que se había consultado al Poder Judicial y eso efectivamente ocurrió a través de múltiples reuniones con magistrados y magistradas a las que asistí personalmente”, acotó la jerarca de Mideplan.
Garrido dice que sus palabras exactas fueron: “Durante 2019, tuvimos sesiones de trabajo con diferentes agrupaciones sindicales que tomaron la decisión voluntaria de participar (…) Posteriormente tomamos algunas de las observaciones de agrupaciones sindicales y se incorporaron, junto con las de academia, otras de la Contraloría, de la Defensoría, del Poder Judicial incluso, del BID, de la OCDE, para hacer un texto más robusto”.
LO ADVERSAN
Los gremios judiciales califican el nuevo texto como aventurado y creen que podría tener roces con la Constitución Política.
Según Solís se darían situaciones groseras con diferencias salariales, habría casos en que una persona tendría el mismo puesto, la misma carga laboral, pero un sueldo distinto.
“Se rompería el principio constitucional que indica a igual trabajo igual remuneración, pero podríamos tener a muchas personas haciendo el mismo trabajo, pero con diferente salario”, explicó.
RESPONSABILIDADES DISTINTAS
Solís también calificó como grosera la equiparación que el proyecto establece para los profesionales del sector público.
“No es lo mismo el salario que puede ganar un profesional en derecho que se dedica a una asesoría en una dependencia del Poder Ejecutivo, que un juez de la República, porque las responsabilidades son diferentes. Los dos son abogados, pero sus cargas profesionales son distintas, pero este proyecto cancela esa diferencia y ganaría lo mismo el abogado que asesora y el juez que aplica justicia”, enfatizó.
OCURRENCIA
Cartín por su parte calificó este nuevo intento de aprobar la reforma como una ocurrencia, es un proyecto que se quiere imponer a la fuerza como se hizo con la reforma fiscal, donde no hay consulta a las organizaciones sociales.
“Este proyecto mete al Poder Judicial en una categoría, donde tenemos muchas dudas de la clasificación que se les dan a los jueces, a los médicos, a los profesionales en informática, entre otros, porque la labor en el Poder Judicial requiere funciones especializadas.
No podemos pagarle igual que a un juez que dicta sentencias a un abogado que trabaja en el MEP, o igual un químico que trabaja en el laboratorio de ciencias forenses que a un análisis de un químico en el Ministerio de Agricultura”, criticó.
MESA DE DIÁLOGO
Los gremios esperan que en la discusión de este proyecto, la cual debería efectuarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, sean llamados a comparecer para exponer sus dudas y preocupaciones.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 26 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
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