Fue el 18 de julio del 2019 que el presidente Carlos Alvarado firmó con bombos y platillos la Ley 9.701, una reforma a la Ley General de Concesiones con Servicios Públicos, que buscaba fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para mejorar la gestión de proyectos en alianzas público privadas.
La iniciativa la impulsó la diputada liberacionista Silvia Hernández y contó con el respaldo de todas las fracciones.
La nueva ley incluye un apartado donde se ordena el traslado del 2% del total de los recursos que se recaudan del impuesto a la propiedad de los vehículos (conocido como marchamo) con el fin de fortalecer el Fondo Nacional de Concesiones.
Sin embargo, tras consultas que hizo DIARIO EXTRA al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) las respuestas recibidas denotan que los recursos no se han transferido. Además, muestra poca comunicación entre instituciones.
Por ejemplo, en Hacienda se indicó: “En este caso, la competencia la tiene el MOPT, al que se le sugiere remitir esta consulta”.
Mientras que el MOPT respondió: “Nos indica que ese porcentaje no se está recibiendo, está en manos del Ministerio de Hacienda los trámites pertinentes”.
¿PARA QUÉ EL 2%?
La diputada Hernández explicó que enviar esos recursos al Fondo Nacional de Concesiones, busca fortalecer la preinversión para el tema de concesiones.
Hernández recordó que la ausencia de este fondo ha sido uno de los señalamientos que en distintos organismos como el Índice de Infrascope (que permite medir indicadores de competitividad e infraestructura); es este se señala la falta del país en crear un fondo de preinversión y poder realizar la fase previa de rentabilidad de valor de estudios necesarios para posteriormente evidenciar cuáles proyectos pueden ser concesionados y que se puedan prestar con rentabilidad ante un concesionario
“Contar con ese fondo es la forma es que el país realmente puede avanzar con la identificación, formulación y elaboración de una especie de banco de proyectos de concesión que puedan tener una rentabilidad de valor y salir a concesionarse y no solo una lista de buenos deseos que no necesariamente se podrán concesionar”, comentó la verdiblanca.
INTERCAMBIO DE NOTAS
La diputada mostró al Periódico del Pueblo una serie de oficios que ella intercambió con las instituciones responsables, señalando la necesidad de cumplir con lo que la ley dictada.
Hernández buscó que los recursos se incluyeran en el presupuesto del 2020, y si aun así no fuera posible, se hiciera por medio de un presupuesto extraordinario.
Indicó que ley establece para el traslado de esos recursos se tenía que reglamentar por parte de Hacienda y el MOPT.
“Primero señalaron que como no estaba el reglamento no se podía trasladar los recursos, en el último oficio el CNC se adelantó a presentar una propuesta de reglamento, pero que a pesar de eso no hay avance”, mencionó la legisladora.
Hernández señaló que, aunque el Gobierno y el Partido Acción Ciudadana (PAC) en su momento satanizaron las alianzas público privadas, hubo un cambio de posición en esta administración, pero hizo un llamado para que se pase del discurso a la práctica.
“Si realmente se quiere llevar una estrategia país en el marco de la infraestructura pública, me parece que se le dio al Gobierno una herramienta que ellos han promovido mucho en el discurso, pero que no se está haciendo la ejecución propia de esa ley. Una vez más se denota que la Asamblea aprueba leyes que se quedan frenadas u obstaculizadas en el marco de una aparente reglamentación”, agregó Hernández.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 25 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
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