La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el presidente Carlos Alvarado, André Garnier, ministro de Coordinación con el Sector Privado, y Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), por un presunto soborno en las negociaciones para la concesión del muelle de carga general de Puerto Caldera.
En la denuncia también aparece Ricardo Ospina León, CEO y Gerente de Sociedad Portuaria de Caldera SPCC S.A.
La información fue confirmada a DIARIO EXTRA por la Oficina de Comunicación del Ministerio Público.
La Fiscalía Adjunta de San Ramón recibió el 4 de diciembre de 2019 una denuncia en relación con aparentes irregularidades en los procesos de negociación para dicha concesión.
El caso se tramita por parte de la Fiscalía General de la República con el expediente 19-001207-0332-PE por el presunto delito de cohecho propio.
“La Fiscalía General confirmó que abrió una investigación y solicitó a la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) una serie de diligencias.
El caso está siendo tramitado por esta Fiscalía, en conjunto con dicha Sección del OIJ, en virtud de que las personas denunciadas pertenecen a los Supremos Poderes y cuentan con un fuero especial”, resumió la Oficina de Comunicación de la Fiscalía tras consulta de DIARIO EXTRA.
ANTECEDENTES
En la denuncia de la cual El Periódico de Más Venta de Costa Rica tiene copia, se cita la existencia de una presunta red criminal para obtener sobornos a través de las negociaciones vigentes en el país y que en la mayoría de las ocasiones cuenta con resultados ruinosos en los procesos de negociación.
La concesión actual del muelle de carga general de Puerto Caldera está en manos de la Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A. desde el 2006 por un periodo de 20 años, sin embargo, la legislación nacional establece que no se puede extender más allá de 20 años.
En el documento se cita una reunión entre el presidente de la República y representantes del concesionario con el fin de presentar una propuesta de inversión por $150 millones con el propósito de mejorar las condiciones del puerto.
En la denuncia se indica que fue el 18 de noviembre de 2018 cuando la propuesta de ampliación de Puerto Caldera tocó las puertas de la Comisión Especial de Puntarenas por parte de los altos jerarcas de la Sociedad Portuaria de Caldera con el nombre de “Plan de Modernización”.
El denunciante argumenta que la propuesta del concesionario lograría satisfacer la demanda actual de Puerto Caldera, no obstante, para después de 2030, el país estaría enfrentando nuevamente problemas por saturación y falta de infraestructura en dicho sitio.
HECHOS DENUNCIADOS
En la denuncia se agrega que el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico se realizó a la medida de la propuesta de la concesionaria de Puerto Caldera con el fin de justificar una renovación o proceso de ampliación del contrato de concesión vigente.
Para dicho plan se contrató a la empresa holandesa Arcadis en sociedad con la costarricense Camacho y Mora, la cual se paga con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Aquí se evidencia un conflicto de interés para beneficiar a la concesionaria de Puerto Caldera en contra de los intereses nacionales que deben ser un puerto de primer nivel, el cual está muy largo de la propuesta presentada por la concesionaria y del resultado del Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, ambos que resultan prácticamente iguales”, resume el documento.
En la denuncia se indica que la empresa Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A. estaría ofreciendo sobornos por medio del presidente ejecutivo del Incop y del Ministro de Coordinación con el Sector Privado.
La persona denunciante cuestionó a André Garnier y solicitó si la intención de su puesto es “asegurar los negocios y/o sobornos al señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República”.
Entre los ejemplos citados se encuentran la ampliación de la concesión de la Ruta 27 y la detención del nuevo Aeropuerto en Orotina con el propósito de ampliar la concesión actual del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
“No se entiende por qué razón el Presidente de la República define en última instancia la ampliación o no de las concesiones vigentes cuando existe un Consejo Nacional de Concesiones como ente técnico responsable de dichas decisiones.
Esto explicaría que por medio del Sr. André Garnier Kruse, ministro de Coordinación con el Sector Privado, el Sr. Carlos Alvarado Quesada estaría negociando sobornos a los actuales concesionarios para ampliar sus contratos, esto en detrimento de los intereses nacionales”, resume la denuncia.
PROPUESTA EMIRATÍ
Dubai Ports World (DP World), empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos, presentó al gobierno una propuesta para invertir $1.400 millones en Puntarenas para el desarrollo de una serie de obras.
Dicha infraestructura sería modernizar el Puerto Caldera y del Puerto de Cruceros en Puntarenas, la construcción de una zona franca, la edificación de un área de logística, además de la concesión del proyecto de tren entre Puntarenas y Ciruelas.
En la propuesta que realizó la compañía Dubai Ports World (DW World), no se contempla ninguna inversión por parte del Estado.
En la denuncia presentada en diciembre se indicó que la propuesta presentada por Dubai Ports World sería rechazada por el gobierno de Costa Rica, casi 3 meses antes de que el gobierno resolviera sobre dicho plan.
INCOP RESPONDE
DIARIO EXTRA conversó con Juan Ramón Rivera, presidente del Incop, quien manifestó sentirse extrañado porque las negociaciones no existen, sino que lo que se dio en estos asuntos fueron conversaciones formales.
Rivera negó que detrás de esas conversaciones hubiera sobornos o cohechos y que a la fecha aún no recibe notificación por parte de la Fiscalía.
El presidente ejecutivo del Incop relató que hasta ahorita están preparando para arrancar el proceso de las negociaciones.
Consultado sobre la propuesta de los emiratíes, el jerarca indicó que los representantes de Dubai Ports World retiraron la propuesta, mientras que una propuesta de Filipinas fue descartada por el gobierno justificando que no se adaptaba al Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico.
“Parece que ellos (Dubai Ports World) tienen problemas financieros a raíz de la emergencia esta del Covid-19 y ellos son productores de petróleo. Con el desplome del precio del petróleo, suponemos que los ingresos de Emiratos se les cayeron y teníamos entendido que tenían muchísimas deudas. Entonces, dijeron que no estaban en condiciones de hacer ninguna nueva inversión”, expresó.
Manifestó que no entiende cómo desde diciembre le hicieron una denuncia cuando el Plan Maestro se creó hasta en enero.
SIN RESPUESTA
DIARIO EXTRA envió el pasado 8 de mayo a la Oficina de Comunicación de Casa Presidencial para obtener una respuesta por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo.
Estas son las preguntas que este medio envió al Poder Ejecutivo, pero que al cierre de esta edición no fueron contestadas.
• ¿Se tiene conocimiento desde Casa Presidencial sobre el contenido de esta denuncia o notificados por parte de la Fiscalía General de la República?
• ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones para la concesión del muelle de carga general de Puerto Caldera?
• En la denuncia se habla sobre obtención de sobornos por medio de las negociaciones en las concesiones vigentes en el país, ¿qué responden a ello?
• ¿Qué pasó con la propuesta de la empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos, Dubai Ports World de invertir $1.400 millones en Puntarenas en una serie de obras?
• La denuncia menciona sobre un supuesto conflicto de intereses para beneficiar a la concesionaria de Puerto Caldera en contra de los intereses nacionales que deben ser un puerto de primer nivel y que para ello se pagó a la empresa holandesa Arcadis en sociedad con la costarricense Camacho y Mora, ¿cómo justifican ese apartado en la denuncia?
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Lunes 18 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
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