Epidemia de agresiones infantiles

EDITORIAL

Hace tan solo un par de días, el propio Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmaba que el año anterior recibieron 77 mil denuncias de menores agredidos.

Este dato quiere decir que, por día, esa dependencia tuvo conocimiento de al menos 211 agresiones a niños y niñas.

Durante el 2019 y a comienzos de 2020 el país entero conoció de primera mano cómo madres, padres y padrastros estaban tras las rejas por sospechas de haber asesinado vilmente a pequeños que no superaban los 5 años.

Al menos 3 de ellos fueron torturados por meses, abandonados, golpeados, desnutridos a vista y paciencia de otros familiares, amigos y vecinos que tuvieron miedo a denunciar.

Así como ellos otros miles sufren los vejámenes de la violencia dentro de sus propias casas, a manos de quienes se supone deben cuidarlos, amarlos y protegerlos.

Las agresiones reportadas en el PANI son sexuales, físicas, psicológicas y parecen no detenerse.

Costa Rica debe tener vergüenza, el país que se jacta de la paz, la solidaridad y la educación está viviendo una epidemia de agresiones infantiles jamás registrada antes y eso sin contar las cifras negras.

Todos los días en el Hospital Nacional de Niños atienden casos que dejan atónitos a los médicos y muestran la vulnerabilidad de esta población.

En una de estas cadenas de contenido televisivo famosas en el mundo y más ahora en tiempos de pandemia están pasando un documental seriado que se llama “Justicia para Gabriel”. Verdaderamente impresionante lo que vivió este niño de 8 años, pero lo más cruel fue el abandono del sistema.

Gabriel era llamado gay por su padrastro, encerrado en un gabinete de menos de un metro de ancho, esposado, amordazado y quemado con cigarros. Pese a que los especialistas llegaron a su casa para valorar la situación nunca fue puesto a salvo, por el contrario, cada queja y cada visita detonaron la muerte.

Por primera vez en Estados Unidos un grupo de trabajadores sociales fueron llevados y acusados en la corte por delitos graves, entre ellos la negligencia.

Cuando esas escenas pasan frente a los ojos de los televidentes, en este caso costarricenses, es inevitable pensar que el sistema tico también les ha fallado a miles de criaturas que son agredidas de manera sistemática sin que nadie lo detenga.

La ausencia de una asistencia oportuna y adecuada de casos de agresiones en los hogares nacionales lleva años perpetrándose y ha quedado en evidencia. No vayamos muy lejos, hace tan solo 5 meses la propia ministra de la Niñez, Patricia Vega, dejó su cargo luego del crimen de una niñita de 4 años, caso que fue conocido por la oficina regional de Alajuela y era de conocimiento comunal.

Se sumó esta tragedia a la muerte de otro menor en esa misma provincia, cuyas fotos revelaron su delgadez y alopecia tras el abandono de sus progenitores, ahí también los trabajadores del Patronato estuvieron y no tomaron decisiones contundentes.

Se destapó que las oficinas de atención de agresiones operaban en horarios de oficina y como si la vida de estas personas no importaba, las llamadas de emergencia con denuncias de agresiones eran atendidas varios días después, lo que vulneraba y ponía en riesgo la vida (como sucedió).

Cuando esto sucede todo mundo se rasga las vestiduras, en la entidad surgen las voces de empleados indignados que no quieren ser señalados, cuestionados y menos responsabilizados, pero la pregunta del millón es qué están haciendo.

¿Qué pasa con estas 77 mil denuncias, por qué las respuestas del PANI son tardías y ni qué decir de las medidas preventivas en favor de menores agredidos?

Hace tan solo un par de días el gobierno anuncia con bombos y platillos el un nuevo servicio de atención de emergencias para niños, niñas y adolescentes durante las 24 horas, los 365 días.

Según dijeron el servicio de atención de emergencias o de Unidades Regionales de Atención Inmediata (URAI) se ubicará en las 7 provincias y prevé contratar 80 profesionales encargados en el área de psicología, trabajo social, criminología y en materia de derecho.

Cómo el Estado tiene respuestas tardías a un problema que crece como la espuma, no se trata solo de una central telefónica y de personal que la atienda, hablamos de funcionarios con dedicación. Eso no se adquiere de la noche a la mañana.

La negligencia no puede ser tolerada nuevamente, el PANI debe replantearse con urgencia, es una entidad que ha sido alcahueteada por los jerarcas que han pasado en la administración de turno, ha sido olvidada por los gobiernos que no entienden el costo altísimo para la sociedad de un mal abordaje en las poblaciones en riesgo.

Desde la administración de Laura Chinchilla se decretó epidemia nacional por agresiones a menores, el país buscaba una ruta de trabajo para mitigar el impacto de esas acciones, pero 10 años después todo sigue igual.

Razón tenía la exministra Vega de salir corriendo, pues encontró un Patronato curtido, hastiado y varado en metodologías antiguas, que carece de visión e incumple su misión.

¿Qué estamos esperando para actuar, que la cifra de 77 mil denuncias por agresiones siga en aumento? Si es así qué mal habla esto de Costa Rica.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 11 Mayo, 2020

HORA: 12:00 AM