La posibilidad de aplicar una moratoria a los créditos, producto de la crisis económica que ha generado la pandemia del Covid-19 en el país, avanza, pero con mucha cautela en las mesas de trabajo virtual que realizan los legisladores que ven esta propuesta.
Si bien el gobierno dio una orden a los bancos públicos para que estudien los casos de los deudores y readecuen plazos, medida a la que también se sumaron los privados, los diputados quieren imponer una moratoria tanto para el crédito regulado como para el no regulado.
Es decir, incluiría a los bancos públicos y privados, las financieras, casas de empeño, empresas que venden electrodomésticos e incluso créditos de vivienda. Cubriría a pymes y sectores más golpeados, como el turismo.
Hasta el momento las fracciones en la mesa de trabajo tendrían acuerdo en aplicar una moratoria de 8 semanas para afectados en vivienda, vehículos, consumo (incluyendo tarjetas de crédito), créditos personales y educación.
Además se aplicaría también una moratoria para cobros judiciales en ese mismo plazo e incluso ampliado. También prohibir la capitalización de intereses.
NO AFECTAR AL SISTEMA FINANCIERO
Las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y los independientes de Nueva República reconocen que si bien apoyan la iniciativa, no quieren crear un caos en el sistema financiero, por ejemplo, al dejar a los bancos sin liquidez.
El verdiblanco Roberto Thompson, quien forma parte de esa mesa de trabajo, explicó que su fracción ve con prudencia la iniciativa.
“Con mucha prudencia a partir de las observaciones puntuales que hemos recibido del Banco Central, del Conassif y la Sugef, para determinar la afectación en la liquidez de los bancos en caso de establecer alguna medida”, explicó.
Agregó que esas consideraciones se incluyen en un borrador de proyecto que establece filtros para atender a los que verdaderamente se han visto afectados por la crisis.
De igual forma el socialcristiano Pablo Abarca fue enfático al afirmar que ellos no respaldarían ningún proyecto que afecte el sistema y no tenga el aval de las entidades técnicas.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en una carta dirigida a los legisladores les indicó que aplicar una moratoria de cuatro meses (idea original del proyecto) provocaría que los bancos dejen de percibir más de ¢1.700 millones.
El borrador del proyecto seguirá puliéndose durante esta semana y se presentaría a las demás fracciones la próxima semana.
DIPUTADOS OPINAN
• Roberto Thompson, PLN
“Ninguna de las acciones que tomemos debe poner en riesgo la liquidez del sistema financiero porque causaría más perjuicio que beneficios”.
• Pablo Abarca, PUSC
“Queremos una ley que garantice que solamente los afectados tendrán acceso y que no ocasione un riesgo de liquidez al sistema financiero nacional”.
• Jonathan Prendas, Independiente
“Nuestra reserva es que no descubramos el agua tibia con un proyecto que ya el sistema financiero esté haciendo y que no vayamos a causar un riesgo sistémico por querer ayudar”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Miércoles 08 Abril, 2020
HORA: 12:00 AM
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