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Nacionales

Preocupación por UPAD sigue latente

Alerta Sociedad Interamericana de Prensa

La Fiscalía investiga al presidente Alvarado por los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó por medio de su informe anual que la preocupación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) sigue latente en Costa Rica.

La polémica en torno a la UPAD surgió luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la unidad espía en octubre de 2019. Lo que llevó  a que Casa Presidencial fuera llanada, así el despacho del mandatario Carlos Alvarado, hecho sin precedentes en la historia del país. 

La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del presidente Carlos Alvarado Quesada para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución de facilidades en el acceso a la información del Gobierno Central e instituciones autónomas, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.

Asimismo, se ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.

Ese señalamiento fue el que motivó una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales. También provocó que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.

Luego de recibir tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.

Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio, acompañada de 50 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales allanaron Casa Presidencial, donde decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.

Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se realizaron en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

 

SEÑALAMIENTOS

 

El informe presentado de manera atípica este año por la pandemia del Covid-19 advierte que la creación de la Unidad pudo haber lesionado garantías como la confidencialidad y la libertad de prensa. 

También cuestiona una serie de acciones, algunas promovidas por el gobierno, que afectan el desempeño de los medios de comunicación y su labor esencial para informar al pueblo.

En específico señala el informe:

Se dificultó tener acceso a la información en oficinas públicas. Los funcionarios suelen irrespetar los tiempos de contestación y demandan que las preguntas sean por escrito y así evitar a los periodistas.

El gobierno creó una oficina llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) para investigar las conversaciones y reuniones entre personas, lógicamente entre periodistas y política. La Fiscalía investiga y analiza la legalidad de esta oficina.

Sigue activo en el Poder Legislativo el proyecto de ley de Extinción de Dominio. 

El ministerio de Comunicación se dio a la tarea de desmentir las noticias que no son de agrado al gobierno diciendo que son fake news. 

Existe otro proyecto de ley pretende quitar el secreto profesional a los periodistas.

La publicidad oficial es prácticamente nula, esto sumado a la recesión económica que ha reducido sustancialmente la publicidad comercial.

 

COINCIDEN

 

Sobre el primer punto, diputados de oposición como Jonathan Prendas Rodríguez del bloque Nueva República, Dragos Dolanescu Valenciano del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el independiente Erick Rodríguez coinciden en que aún falta mucha tela que cortar en cuanto a las intenciones y planes del gobierno en la creación de la UPAD.

Lo anterior, aún y cuando grupos de poder intenten desvirtuar el informe anual de la SIP.

“La UPAD es el más grande caso de espionaje contra los costarricenses y por eso existen varias investigaciones abiertas en sede legislativa y judicial, pues se pretende confirmar el verdadero alcance de la gestión presidencial contra el país, ya que a la línea investigativa actual se le pueden sumar otras como la planteada por la SIP que abre la posibilidad de que periodistas y políticos hayan sido víctimas de la UPAD, hipótesis que no se pueden descartar y, por el contrario, amplía el radar de la búsqueda”, sentenció Prendas.

Por su parte, Dolanescu agregó: “Las declaraciones que realizó la SIP en su informe son muy serias y preocupantes, y deberá ser un elemento a incluir para la investigación que realizamos en la Comisión investigadora. Cuando el río suena, piedras trae y nos va a tocar ahondar en el asunto”.

Sobre los grupos que intentan desprestigiar a la SIP afirmó: “Con el prestigio y confianza internacional que tiene la SIP, no creo que se aventuren a dar información incorrecta y por la magnitud de lo que ocurría con la UPAD y lo que hemos visto de los gobiernos del PAC, está dentro de lo posible y pone en evidencia, incluso a nivel internacional, la gravedad de lo sucedido”.

En esa línea, diputado Rodríguez declaró: “Hay medios alineados, y estos siempre van a tratar de salvarle la tanda al gobierno. Hay una triangulación perfecta, el gobierno, por un lado, los medios de comunicación alineados y el partido oficialista, todos involucrados en un contubernio para defender las acciones del Ejecutivo y tratar a todos aquellos que los adversan como mentirosos, o encontrar el mínimo defecto para decir que mienten”.

 

PRENSA LIMITADA

 

Sobre el difícil acceso a la información, pronunciamientos anteriores de la SIP dejan constancia de lo que sucede en Costa Rica.

“En las conferencias de prensa se eligen los medios que pueden hacer consultas y se prohíbe repreguntar, lo que a todas luces representa censura y lesiona no solo la libertad de prensa, sino también el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados del desempeño presidencial”, situación que aún persiste.

De hecho, DIARIO EXTRA informó en su edición del lunes 27 de enero que el equipo de Comunicación de Casa Presidencial prácticamente decidió eliminar la atención de prensa semanal que brindaba Alvarado.

En dicho espacio el Presidente respondía las inquietudes de los costarricenses a través de los medios.

La última atención semanal a la prensa que brindó fue el jueves 19 de setiembre del año anterior: es decir, hace seis meses.

La estrategia de comunicación, que arrancó con la llegada de la ministra Nancy Marín Espinoza en enero de 2019, se redujo a simples anuncios sin acceso al mandatario o a un número limitado de preguntas para temas específicos.

 

EXTINCIÓN DOMINIO, FAKE NEWS Y SECRETO PROFESIONAL

 

En cuanto al plan sobre extinción de dominio, el cual sigue vivo en la corriente legislativa, la preocupación radica en que el proyecto 20.868 no define con claridad a cuáles delitos se les aplicaría la normativa.

En ese sentido, Iary Gómez Quesada, gerente general del Grupo Extra, había alertado en su ponencia del 2019 en Cartagena, Colombia, ante más de 300 medios informativos del continente americano, que “existe un peligro latente de que esa ley se convierta en un instrumento para que el Estado persiga a ciudadanos honestos y les quite sus bienes o a medios de comunicación que difunden noticias que no son del agrado del gobernante”.

En cuanto al tema de las fake news, las dudas giran en torno al expediente 21.187, cuyo vencimiento cuatrienal está para diciembre del 2022.

La iniciativa impulsada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Erwen Masís Castro, que pretende combatir la ciberdelincuencia, podría prestarse para perseguir periodistas y comunicadores, además de ciudadanos que tienen derecho a difundir opiniones.

“El tipo penal en que podrían enmarcarse las fake news es aún incierto y de promover estas leyes podría ser un mecanismo de poder para increpar a los medios de comunicación por parte de grupos políticos y económicos disconformes con denuncias”, había añadido Gómez.

Se propone además pena privativa de libertad para quienes difundan comunicaciones orales, grave manifestaciones verbales o que mediante procedimientos escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, lo anterior limita la acción periodística de denuncia en casos de corrupción y crimen organizado. 

Sobre el secreto profesional, este año se encendieron las luces de alarma luego de que la magistrada de la Sala I, Iris Rocío Rojas Morales, propusiera intervenir los teléfonos de los periodistas.

“El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado. Es claro que de acuerdo al artículo 24 de la Constitución habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica, pero me parece que por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes y sobre todo si son internas, es del mayor interés público”, había alertado la magistrada, aunque tras las denuncias de diversos medios se desdijo.

 

 

CONGRESISTAS OPINAN

 

Jonathan Prendas

Bloque Nueva República

 

“La UPAD es el más grande caso de espionaje contra los costarricenses y por eso existen varias investigaciones abiertas en sede legislativa y judicial, pues se pretende confirmar el verdadero alcance de la gestión presidencial contra el país, ya que a la línea investigativa actual se le pueden sumar otras como la planteada por la SIP que abre la posibilidad de que periodistas y políticos hayan sido víctimas de la UPAD, hipótesis que no se pueden descartar y, por el contrario, amplía el radar de la búsqueda”.

 

Dragos Dolanescu

PRSC

 

“Las declaraciones que realizó la SIP en su informe son muy serias y preocupantes, y deberá ser un elemento a incluir para la investigación que realizamos en la Comisión investigadora. Cuando el río suena, piedras trae y nos va a tocar ahondar en el asunto”.

 

Erick Rodríguez

Independiente

 

“Hay un triángulo perverso conformado por el gobierno, los medios alineados y el partido oficialista que trata de denigrar a aquellos que los cuestionen. El asunto aquí no es que se haya confirmado o no lo que hacía la UPAD, el asunto es que genera dudas la creación de unidades como esas, tipo Gestapo”.

PERIODISTA: Marco Antonio González

CRÉDITOS: Marco Antonio González / Paola Hernández Chavarría

EMAIL: [email protected]

Martes 07 Abril, 2020

HORA: 12:00 AM

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