El caso que se sigue en contra de ocho personas por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) continúa en trámite en la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el Ministerio Público, redactan la solicitud de apertura de la evidencia decomisada el viernes 28 de febrero en varios despachos de Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las viviendas de los investigados.
Tras concluir con este paso deberán remitir dicha solicitud a los magistrados de la Sala III.
“La Fiscalía General indicó que la causa conocida como ‘caso UPAD’ se encuentra en investigación dentro de la fase preparatoria; este despacho trabaja en la solicitud de apertura de evidencia, la cual debe ser enviada a la Sala III para que los magistrados determinen lo correspondiente.
Debido a que la etapa actual de la causa es privada, no es posible brindar mayor información, pues así lo establece al artículo 295 del Código Procesal Penal”, confirmaron en el Ministerio Público tras la consulta de DIARIO EXTRA.
Esto significa que se encuentran en la redacción de la solicitud formal para la apertura del legajo de evidencia, proceso en el que debe participar la fiscala general Emilia Navas.
EXTENSO ALLANAMIENTO
El viernes 28 de febrero Navas fue notificada a las 3 a.m. por parte de los magistrados de la Sala Tercera sobre la autorización para allanar ese mismo día la Casa Presidencial y otros recintos, por lo que corrieron para organizar los equipos e ingresar a las 8 a.m. Las diligencias concluyeron el sábado 29 de febrero a las 4 p.m.
La fiscala general explicó que la investigación de los hechos en la causa tramitada bajo el expediente 20-005434-042-PE la iniciaron la semana anterior al 22 de febrero, después de varias publicaciones en medios y de recibir cuatro denuncias de ciudadanos.
“Se investiga a Carlos Alvarado Quesada, actual presidente de la República de Costa Rica desde el 8 de mayo del 2018; a Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia; a Luis Daniel Soto Castro, ministro a.i. de Planificación. A ellos se les atribuye el delito de prevaricato, regulado en el artículo 357 del Código Penal”, explicó Navas a inicios de marzo.
Además confirmó que investigan a Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero, asesores de datos de Presidencia; Luis Eduardo Salazar Muñoz, asesor de Presidencia; y Felly Salas, jefa de despacho de Presidencia, a quienes les achacan el presunto delito de abuso de autoridad que regula el artículo 338 del Código Penal.
Además a los ocho les achacan el delito que prevé el artículo 196 bis, que es la violación de datos personales.
LO DECOMISADO
Durante la diligencia se realizó una revisión en el vehículo marca Mitsubishi Outlander Phev placa número BPX079, registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia, en el cual se trasladaba el presidente Carlos Alvarado.
Este automotor era relevante para la Fiscalía, pues requería verificar que no hubiese más dispositivos electrónicos, en vista de que parte de lo decomisado fueron los dos celulares y la computadora del mandatario. Además incautaron los celulares y las computadoras de los demás funcionarios.
“Se va a manejar con prioridad (el caso), pero por una razón exclusiva. Los delitos que se están investigando están sancionados con penas de prisión de tres años, eso significa que el caso de prescripción es muy corto, entonces tenemos muy poco tiempo (3 años) para hacer la investigación, trabajar la prueba y hacer la acusación”, acotó Navas.
La fiscala general explicó que los investigados podrán recuperar los dispositivos electrónicos cuando hayan hecho la apertura de prueba y obtenido la información que requieren.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Foto: Cristian Cartín
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Martes 07 Abril, 2020
HORA: 12:00 AM
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