Guatemala demandó este domingo a Estados Unidos mayores controles sanitarios y una reducción en la cantidad de personas en los vuelos de deportados tras la reciente detección de dos casos del nuevo coronavirus entre migrantes expulsados.
El ministro guatemalteco de Salud, Hugo Monroy, dijo en conferencia de prensa que el canciller Pedro Brolo hará la petición a las autoridades estadounidenses para evitar la propagación de la COVID-19 en el país centroamericano, que registra 70 contagios, entre ellos tres fallecidos.
Monroy explicó que la "condición" es que cada avión tenga un máximo de 25 pasajeros y que todos ellos hayan pasado al menos 15 días de cuarentena en un centro de resguardo para migrantes.
Monroy agregó que también exigirán que los deportados tengan un certificado que demuestre que no presentan síntomas de la enfermedad, y que estos sean originarios del central departamento de Guatemala, donde se encuentra la capital.
En marzo pasado, Guatemala y Estados Unidos suspendieron por unos días las deportaciones para mejorar los controles sanitarios. Sin embargo, al reanudarse, dos personas deportadas dieron positivo de coronavirus.
La suspensión de los vuelos por ese motivo provocó que las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos cayeran 13,4% en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2019.
Guatemala mantiene desde marzo la prohibición de circulación al transporte público, el ingreso de vuelos internacionales de pasajeros y el cierre de fronteras a extranjeros.
Además, decretó un toque de queda parcial que termina el 12 de abril, entre otras restricciones para la Semana Santa.
Monroy añadió que desplegarán un plan para buscar "casa por casa" a sospechosos de coronavirus tras la detección del primer contagio comunitario en un poblado indígena en el oeste, que estará bajo cordón sanitario, aunque descartó pruebas masivas a nivel nacional.
Este domingo, el gobierno guatemalteco inició la entrega de alimentos a 200.000 familias afectadas por la paralización parcial del país y el Congreso aprobó una nueva ampliación al presupuesto nacional por unos 650 millones de dólares para atender la emergencia de la COVID-19.
Los nuevos recursos servirán para el pago de salarios en entidades públicas y otros gastos, medida que recibió críticas de diputados del partido político Semilla (centroizquierda), que consideran que solo el 7,7% de los fondos estará enfocado en la crisis.
