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Opinión

Sensatez ante crisis del COVID-19

Lic. Dennis Guevara Gutiérrez*

En las últimas semanas, el gobierno ha tomado medidas preventivas de manera expedita para tratar la emergencia generada por el COVID-19, ha hecho esfuerzos para dotar al sistema de salud del equipo y acondicionamiento necesario para atender debidamente a quienes lo necesiten, e impuso medidas para evitar el contagio masivo de la población a través del aislamiento y restricciones de libre tránsito que han tendido a endurecerse en los últimos días. Desdichadamente, el aislamiento es contraproducente para la economía y entre más drásticas y prolongadas sean las medidas mayor efecto negativo tendrán sobre las finanzas estatales, empresariales y personales. 

Lamentablemente la pandemia azota a todos los sectores pero principalmente a dos de los más dinámicos como el turismo y el comercio de los cuales dependen muchos empleos, generando una crisis justo cuando nuestras finanzas no pasan por su mejor momento, pues a diferencia del 2008 cuando afrontamos la crisis inmobiliaria hoy tenemos una deuda de casi el 60% del PIB y un déficit fiscal que ronda el 7% del PIB, por otra parte, la tasa de política monetaria se encuentra en 1,25% y la tasa básica pasiva en 3,8%, registrando sus valores más bajos desde 1978. Esta situación deja a las autoridades con poco margen de acción desde el punto de vista monetario y fiscal, obligando al Poder Ejecutivo y Legislativo a improvisar medidas para apoyar a quienes verán afectados sus ingresos. 

Entre las medidas iniciales aprobadas tenemos el establecimiento temporal de una moratoria en el pago del impuesto al valor agregado y el selectivo de consumo por los siguientes tres meses, la emisión de una directriz dirigida al sistema bancario para la readecuación de créditos a los afectados por la crisis, y la emisión de un decreto que regula la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de la jornada laboral durante tiempos de emergencia. 

También se concretó el plan Proteger con recursos por un billón de colones, monto equivalente a un 3% del PIB proveniente de empréstitos, titularización de utilidades del INS y contribución solidaria de pensiones de lujo.

Por último, se discute el proyecto que permitiría el retiro anticipado del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los trabajadores que pierdan sus trabajos o sufran disminución de sus ingresos, aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa y se propone la creación de un fondo de solidaridad a financiar con el impuesto a los combustibles o un impuesto al salario de empleados públicos y privados que conserven sus trabajos y ganen más de un millón de colones al mes. 

Las críticas a las medidas no se hicieron esperar, algunos consideran que la moratoria es insuficiente aduciendo que lo más acertado sería rebajar impuestos o la exoneración del pago durante el tiempo que dure la crisis, con respecto a las medidas en el campo laboral, se aduce que benefician al empresario mientras ponen en desventaja al trabajador. 

Si bien, ahorrarse el pago de impuestos brindaría un mayor beneficio para los afectados, la medida no sería viable, ya que, al no contar con esos ingresos el Estado se vería obligado a recurrir a más deuda sin tener una posición favorable para negociarla debido a la fragilidad de las finanzas públicas, si a esto agregamos la tensión existente en los mercados financieros más la degradación de nuestra calificación de inversión a inicios de año, el poder de negociación sería menor.

En vista de la debilidad financiera, algunos proponen medidas como el recorte de gastos para incrementar la disponibilidad de fondos para enfrentar la emergencia, sin embargo, hasta el momento la única medida relacionada al gasto ha sido la no realización del aumento semestral aprobado para los empleados públicos. 

Es probable que, entre más se prolongue la crisis, más decisiones extraordinarias deba tomar el Gobierno para destinar más recursos al sector salud y equilibrar la economía. Ante esta situación muchos brindarán sugerencias de acuerdo a sus intereses, por lo que por el bien de la colectividad es necesario que reine la sensatez y las decisiones se tomen de manera responsable y pertinente sin dar cabida a las ocurrencias. Tomar las decisiones no será fácil considerando la situación financiera del país, lo convulso del entorno local e internacional, y la incertidumbre sobre el tiempo que se deberá seguir sacrificando la economía para defender la salud y la vida de muchas personas.  

Algunas decisiones tendrán mayor o menor aceptación por distintos grupos, sin embargo, las autoridades correspondientes deben seguir trabajando de forma coordinada y estar dispuestas a sacrificar capital político de ser necesario por el bien de todos. Tarde o temprano la crisis pasará, ojalá lo más pronto y con la menor afectación posible, de momento tanto empresas como ciudadanos debemos colaborar siendo solidarios y responsables por nuestro bien y el de la colectividad. Ya tendremos como país la oportunidad para enmendar los errores que hoy tienen a nuestra economía en una posición frágil, la oportunidad de valorar si las políticas educativas, sociales y económicas eran las correctas, si el tamaño del Estado es el adecuado, si algunos sectores tienen beneficios innecesarios o si debemos impulsar otras industrias para reducir la dependencia del turismo, entre otras cosas.

 

*Contador Público Autorizado

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Lunes 06 Abril, 2020

HORA: 12:00 AM

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