La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) de la Procuraduría General de la República (PGR) demandó penalmente a Laura Chaves, alcaldesa de Alajuela, y a Víctor Hugo Alfaro González, vicepresidente 2 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
DIARIO EXTRA publicó en su edición del 8 de junio de 2018 que la Fedefútbol invitó a la alcaldesa a disfrutar los tres partidos de la Selección de Costa Rica durante su participación en el Mundial de Rusia.
Durante ese periodo, la líder municipal solicitó un permiso con goce de salario por ¢4 millones, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal alajuelense.
La invitación que se le hizo a Chaves obedeció a que el Proyecto Goal se encuentra ubicado en San Rafael de Alajuela.
La alcaldesa en aquel entonces justificó su viaje indicando que para los mundiales de Alemania, Brasil y Rusia la Municipalidad recibió invitación y aprovecharía ese desplazamiento a territorio europeo para “atraer turismo, cooperación y convenios”, aunque no precisó detalles.
En la publicación de ese día, la jerarca manifestó que lo único que le obsequiaron fueron los tiquetes aéreos y las entradas para ver los partidos ante Serbia, Brasil y Suiza correspondientes al grupo E de la Copa del Mundo.
DENUNCIA
El ente procurador analizó la denuncia DEP-133-2018 por supuestamente aceptar una dádiva de la Federación Costarricense de Fútbol consistente en un viaje con gastos pagos al Mundial Rusia 2018.
“Se aclara que la legislación costarricense prohíbe a los servidores públicos el requerimiento o aceptación de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas y otras consideraciones sociales, salvo lo señalado en el artículo 20 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En arreglo a la legislación vigente, las conductas señaladas podrían aparejar responsabilidad administrativa y eventualmente penal del servidor, mientras que la persona física o jurídica que ofrezca presente o entregue una dádiva a un funcionario público podría incurrir en responsabilidad penal”, dijo la Procuraduría de la Ética Pública.
El Periódico del Pueblo trató de obtener declaraciones de la alcaldesa de Alajuela y del directivo de la Federación.
Ambos indicaron que aún no los han notificado de la denuncia penal y por ende no se refirieron en detalle a las informaciones en que los involucran.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Sábado 04 Abril, 2020
HORA: 12:00 AM
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