En medio de la crisis que enfrenta el país a raíz del COVID19, los legisladores se encuentran trabajando en una serie de proyectos de ley, para contrarrestar los efectos colaterales en materia económica, que este virus está provocando. Una de esas iniciativas es la que permite el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en casos excepcionales, más allá de lo establecido actualmente en el Código de Trabajo.
Varios diputados y diputadas de diferentes fracciones habían presentado diversos proyectos de ley en la misma línea, por lo que este martes 24 de marzo, se logró un acuerdo que unifica las propuestas en un solo texto, el cual, se espera sea conocido por el Congreso a la brevedad y se dispense de todo trámite, para que pronto pueda ser Ley de la República.
Con el respaldo del PLN, PUSC, PAC, PIN, FA, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, así como de las y los diputados independientes Volio, Rodríguez y el bloque de Nueva República, los legisladores buscan darle un respiro a aquellos trabajadores a los que se les suspendió su contrato laboral o vieron disminuidas sus jornadas laborales, debido a la declaratoria de emergencia del COVID-19, sufriendo ante ello una reducción de sus ingresos.
Entre los aportes, el texto modifica el artículo 6 del Código de Trabajo, incorporado la obligación al patrono, de extenderle al trabajador un documento físico y/o digital, o ambos, en el cual certifique la finalización de la relación laboral, la suspensión o la aplicación de una reducción de la jornada ordinaria semanal de la persona trabajadora al momento de aplicar cualquiera de esas medidas.
Con la presentación de este documento, las Operadoras de Pensiones tendrán un plazo de 15 días, a partir de la presentación de la solicitud de la persona, para girarle al trabajador los recursos correspondientes a su FCL.
El proyecto de ley, también genera un apartado que permite a las operadoras de pensiones crear algunos incentivos para aquellos que decidan no retirar sus fondos.
Asimismo, la iniciativa indica que en aquellos casos en que la operadora no tenga la liquidez para entregar los recursos a un grupo considerable de afiliados, pueda hacerse a través de los bancos públicos o del Banco Popular, con el compromiso de que la respectiva operadora les reintegrará el dinero en un plazo no mayor a seis meses.
Finalmente, convencidos del alivio económico que implicaría la aprobación de esta ley, en el bolsillo de miles de trabajadores, es que los diputados y diputadas proponentes esperan que este proyecto sea convocado, a la brevedad posible por el Gobierno durante este período extraordinario y así pueda ser dispensado de todo trámite en la corriente legislativa, para que cuanto antes el Plenario pueda votarlo en primer y segundo debate y pronto ser Ley de la República.
PERIODISTA: Andrés Rojas Solano
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Miércoles 25 Marzo, 2020
HORA: 04:56 PM
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