Computadoras personales, portátiles y celulares son parte de los objetos incautados durante los allanamientos que se realizaron este viernes en Casa Presidencial en relación con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La Fiscalía General de la República le decomisó los celulares tanto al mandatario Carlos Alvarado como al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, durante los controles en Zapote, según fuentes cercanas a DIARIO EXTRA.
Las diligencias por parte del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la máxima sede del Poder Ejecutivo arrancaron a las 8 a.m.
En las labores participaron cinco magistrados de la Sala III: los propietarios Álvaro Burgos como instructor, Sandra Zúñiga y Gerardo Alfaro, así como los suplentes Rafael Segura y María Elena Gómez.
Las fuentes añadieron que las oficinas allanadas son la del presidente de la República, en la que permanecieron más de 5 horas, la de Reglamentos y Decretos, la de Morales Mora, así como las dos de los asesores involucrados en la denuncia penal: Diego Fernández y Alejandro Madrigal.
Las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos relacionados con una investigación por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
En la lista figuran como sospechosos Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República; Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, asesores.
Las diligencias se realizaron también en el Ministerio de Planificación, así como en las casas de Madrigal, Fernández y Villalobos.
El caso que se tramita con el expediente 20-005433-0042-PE y tiene relación con las tres denuncias contra la UPAD.
Dicha pesquisa señala que, desde mayo de 2018 y octubre de 2019, los asesores se desempeñaron para conformar la unidad que atenta contra la intimidad de los costarricenses.
La iniciativa tenía como finalidad analizar datos para la aparente ejecución de políticas públicas sin contar con las prácticas legales.
GOBIERNO
El gobierno se limitó a brindar detalles sobre las diligencias de las autoridades judiciales y como ha sido costumbre de esta administración en los momentos de crisis, solo se expresan mediante redes sociales y una simple declaración.
En este caso le tocó el turno a Nancy Marín, ministra de Comunicación, quien expuso en un escueto video de apenas 1 minuto con 10 segundos que tenían las puertas abiertas a los requerimientos por parte de los miembros de la Fiscalía en Casa Presidencial.
La jerarca dio a conocer que el presidente no se encontraba al momento de los allanamientos, sin embargo, una vez enterado llegó a ver lo que estaba sucediendo.
Carlos Alvarado publicó un mensaje de apenas 1 minuto en su cuenta de Twitter, donde adujo que días atrás ordenó paralizar el trabajo de estas personas, que se preservara la información y se pusiera a disposición del Ministerio Público.
“Sobre el allanamiento en Casa Presidencial, entiendo que es una forma en que nuestra institucionalidad democrática puede dar a conocer la verdad y dar confianza a la ciudadanía”, escribió.
Hasta el momento el mandatario solo se ha referido en videos y no les ha dado la cara a los medios de comunicación.
CASO DE LA DISCORDIA
El Gobierno de la República publicó el contenido de la UPAD en el alcance 24 del Diario Oficial La Gaceta el 17 de febrero de 2020.
La agencia se creó como una instancia asesora del presidente con el fin de brindar acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con que cuentan las instituciones públicas en caso de ser requerida.
Dicha agencia estaría constituida por personas funcionarias de carácter técnico-profesional, que responderán a su director y al mandatario de la República.
Luego de una fuerte presión de la sociedad costarricense al considerar que UPAD violentaba la intimidad, el gobierno se quitó el tiro y anunció que iba a “derogar” el decreto.
INTERVENCIÓN HISTÓRICA
El historiador Vladimir de la Cruz dijo a DIARIO EXTRA que esta es la primera ocasión que Casa Presidencial experimenta un allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el criterio del experto, estas diligencias evidencian que Costa Rica puso a prueba su Estado de Derecho.
El politólogo añadió que las instituciones políticas como la Fiscalía, la Procuraduría General o la Contraloría General son entidades diferentes y cuando deben actuar lo hacen con sus dictámenes.
De la Cruz indicó que lo ocurrido es una acción de fortaleza republicana y democrática costarricense, asimismo manifiesta la independencia de las instituciones y poderes del Estado.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Cristian Cartín
EMAIL: [email protected]
Sábado 29 Febrero, 2020
HORA: 12:00 AM
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