La Contraloría General de la República (CGR) exige a 11 municipalidades suspender el uso ¢2.581 millones, por cuanto incumplieron la regla fiscal, pues sus presupuestos presentados para el 2020, exceden el crecimiento de 4,67% establecido para este año, producto de la entrada en vigencia de la Reforma Fiscal.
Los ayuntamientos a los cuales se les suspendió los montos son Parrita, Puntarenas, El Guarco, San Pablo, Buenos Aires, Naranjo, Guácimo, Talamanca, Escazú, Puriscal y Atenas.
La entidad fiscalizadora del Estado, emitió oficios de aclaración de los recursos sobre los que la CGR suspende el pronunciamiento en el presupuesto inicial para el 2020, que les fue aprobado el año anterior.
Para tomar la decisión en cada uno de los casos, la Contraloría se basó en certificaciones presentadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda. Se detalla que, en cada uno de los casos, excedían los recursos presentados para el gasto corriente.
“Los oficios sobre ‘Aclaración de los recursos sobre los que la CGR suspende su pronunciamiento en el Presupuesto Inicial 2020’, a los que se refiere la consulta, se dirigen a las municipalidades que no cumplieron la regla fiscal. No obstante, esas notas, son complementarias a los oficios de aprobación de los presupuestos iniciales 2020 emitidos para las municipalidades en esa condición, con el fin de aclarar el procedimiento de ajuste al presupuesto. En los oficios de aprobación de los presupuestos iniciales 2020 de las respectivas municipalidades, se desarrolla los motivos por las cuáles la CGR suspende el acto de aprobación (…)”, señala la División de Desarrollo Local de la CGR.
Tras consulta efectuada ante la oficina de prensa de la Sala Constitucional informaron que la Municipalidad de Alajuela interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Fiscal que establece la regla fiscal, es decir, le pone límite de crecimiento de los presupuestos de las diferentes entidades e institucionales.
Según se desprende de varios oficios, entre los que se encuentran el de la Municipalidad de Guácimo, la respuesta contralora en el Dfoe-DL-0115 fue la siguiente: “Asimismo, cuando el presupuesto presentado supera el límite del gasto dispuesto por la normativa impugnada, la Contraloría General debería pronunciarse sobre el monto correspondiente al gasto en exceso. No obstante, en acatamiento de la suspensión dictada por la Sala Constitucional, dicho acto es definitivo en materia presupuestaria, no podrá ser emitida hasta tanto se dicte sentencia en la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio del impacto que el principio de anualidad tiene en cualquier presupuesto”.
En el caso de la Municipalidad de Naranjo, la entidad contralora, en el oficio DFOE-DL-0100 expone las potestades que tiene la Contraloría de examinar, aprobar e improbar los presupuestos de los gobiernos locales e instituciones autónomas, al tiempo de fiscalizar su ejecución y liquidación.
Con esto viene a confirmar lo establecido en el DFOE-DL-2272 para ese ayuntamiento al que se le indicó que “Por lo tanto, esa Municipalidad deberá excluir del presupuesto, los recursos afectados con la presente suspensión. En razón de lo anterior, el monto señalado de ¢94,62 millones, debe ajustarse en el apartado de gastos, y en su respectiva fuente de financiamiento, en el apartado de ingresos, del presupuesto aprobado”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Sábado 25 Enero, 2020
HORA: 12:00 AM
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