La gobernanza que se propone para el INA
Miguel Ángel Rodríguez E. / Alternativas
L
a importante y conveniente propuesta del INA para reformar su legislación incluye una modificación a la distribución de tareas entre su Presidencia y su Gerencia. Esa reforma persigue dar mayor continuidad a la gestión administrativa de la institución, siguiendo las recomendaciones de la OCDE para el buen gobierno corporativo de los entes autónomos.
La formación de capital humano, la capacitación y el reentrenamiento de la fuerza laboral son herramientas de la mayor importancia para promover la justicia social y el crecimiento económico. Sufrimos serios problemas sociales y de producción. El INA, encargado de la capacitación y el reentrenamiento, en la última década ha actuado con gran ineficacia e ineficiencia.
Por eso es necesario y urgente que se reformar el accionar del INA, pero creo convenientes algunas consideraciones respecto a la gobernanza propuesta.
Durante la Administración de don José Joaquín Trejos, se dio la reforma constitucional para coordinar la acción del aparato administrativo del gobierno, por medio de la cual se modificó la independencia de las Instituciones Autónomas, eliminándola en materia de gobierno, y dejándola restringida a la independencia administrativa.
Para utilizar esa reforma constitucional en la necesaria coordinación de la acción pública, en esa Administración escogimos la vía institucional de proponer en octubre de 1969 un proyecto de ley para someter los presupuestos de inversión de los entes autónomos (excepto los de los bancos estatales) y las características generales de sus políticas administrativas a la aprobación del Consejo de Gobierno, previo informe de la entonces Oficina de Planificación que me honró dirigir. En su informe de labores de 1970 el Presidente Trejos Fernández explícitamente señaló: “Para establecer la necesaria unidad de miras y coordinación entre los esfuerzos del Gobierno y de las Instituciones autónomas …el camino señalado en ese proyecto de ley es el adecuado… y ello en mejor forma que el simple cambio en un sistema para nombrar los directores de esas instituciones porque en forma más directa a través del control del gasto …se llega a un resultado más positivo.”
Pero los dos gobiernos posteriores escogieron el sistema indirecto, más complicado e incierto de establecer el sistema 4-3 de nombramiento de directores, crear las Presidencias Ejecutivas de libre nombramiento y remoción por el Consejo de Gobierno, y con posterioridad a la crisis de los ochenta se acordaron débiles e incompletas regulaciones del gasto mediante la Autoridad Presupuestaria.
Además de las Presidencias Ejecutivas, las instituciones autónomas quedaron con Gerencias nombradas por sus Juntas Directivas, estableciéndose conflicto y duplicidad en sus funciones, que se fue resolviendo en favor de empoderar a las Presidencias Ejecutiva. De esa manera se fue reduciendo la necesaria continuidad en las labores de esos entes que representaría una Gerencia con mayor independencia y no sujeta a los ciclos cuatrienales del cambio de gobierno.
Durante mi gobierno, para evitar esa conflictividad administrativa y su costo, eliminamos las gerencias, pero debo reconocer que ello no resolvía el tema de las necesarias continuidad e independencia administrativas.
Este proyecto de reforma a la Ley del INA concentra la dirección de las tareas administrativas en la Gerencia y extiende su plazo para que en general no coincida con el cambio de gobierno. A la Presidencia (ya no Ejecutiva) simplemente se dejan las tareas de vigilancia del cumplimiento de las tareas del INA, de dirección del debate en la Junta Directiva y de vinculación con el Poder Ejecutivo.
Me asalta la duda de si eso será conveniente, dado que no se ha aprobado una normativa como la que propusimos durante el gobierno de don José Joaquín para la efectiva coordinación del gasto y la dirección política de los entes autónomos, mediante procedimientos establecidos ante el Consejo de Gobierno.
