DIARIO EXTRA dio a conocer que a Kathia Góngora Meza, directora del Centro de Atención Institucional Vilma Curling (El Buen Pastor), la investigan las autoridades tras firmar la libertad de María Marta Silva Meneses, privada de libertad a la que le faltaban 4 años por descontar.
En medio de la polémica noticia buscamos al abogado Erick Ramos, quien defiende a las víctimas de Silva. Él señaló que esto simple y llanamente son acciones oscuras por parte del Ministerio de Justicia y Paz.
“Muy preocupante porque afecta al Estado costarricense no poder ejecutarse la sentencia, muy preocupante porque denota unas actuaciones oscuras por parte de funcionarios ante el Ministerio de Justicia y estamos en espera que la Fiscalía haga todo lo posible para tratar de enmendar esta situación sin parangón a la brevedad”, explicó.
Para el litigante que la funcionaria continúe en el puesto sin medidas cautelares es algo increíble, no obstante espera que la Fiscalía las solicite con el fin de asegurar el proceso.
“Por un tema de aseguramiento del proceso y la buena marcha del mismo es conveniente que la Fiscalía se plantee la oportunidad de pedir las medidas cautelares en contra de esta funcionaria y se respeten las garantías fundamentales del debido proceso, pero bajo esa circunstancia obviamente que no se mantenga en el cargo”, agregó.
Tras lo anterior Ramos corrió para que el expediente se le asignara a un fiscal en específico y este tendrá que analizarlo, sin embargo como abogado le corresponde asegurarles a sus clientes que el tema se lleve de la manera más rápida.
Añadió que sus defendidos se sienten desmoralizados. “Ha sido un proceso largo en el que se logró que dictaran un auto de apertura a juicio, se logró que esta persona permaneciera en prisión preventiva durante 3 años y ahora a consecuencia de esta circunstancia bastante irregular no se puede llevar ante la administración de justicia”, concluyó.
Silva descontaba pena y se acogió a un proceso abreviado, pero Góngora no se percató de que la mujer tenía una sentencia pendiente y la dejó en libertad.
La primera causa que enfrentaba Silva es por estafa, por lo cual estaba recluida en calidad de indiciada y al vencerse el plazo máximo para la prisión preventiva se ordenó la libertad.
La otra causa es por administración fraudulenta, caso por el cual se solicitó "tener a la orden" al estar en firme una sentencia de 4 años cárcel.
Según las autoridades penitenciarias, mediante un correo electrónico el 2 de diciembre a las 6 p.m. ingresó a El Buen Pastor una orden de libertad emitida por el Juzgado Penal de II Circuito Judicial de San José a favor de Silva.
Una vez ejecutado el acto, en el centro penal fueron informadas de la existencia de una solicitud para que la reclusa se mantuviera tras las rejas a las órdenes de otra autoridad judicial, sin embargo en Adaptación Social ya se habían jalado la torta de dejarla ir.
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Viernes 13 Diciembre, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA