Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Gobernación y Policía afirman que la lucha contra los delitos de tráfico y trata de personas se ha fortalecido en el año.
Sin embargo, los 400 oficiales de Fronteras y la Policía Profesional de Migración (PPM), no dan abasto para contener los flagelos a lo largo de los mas de 300 kilómetros en la frontera norte.
Erick Zuñiga, de la Policía de Fronteras, sostuvo que pese a la ayuda que reciben de La Coalición Nacional contra Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), no es suficiente, a pesar que recibieron 8 patrullas valoradas en ¢352 millones.
“Pareciera que no son suficientes los ocho vehículos que ingresaron este año”, señaló Zúñiga.
El tema del tráfico y trata con fines de explotación laboral es un flagelo que en Costa Rica lleva años. Recientemente DIARIO EXTRA reveló como una empresa dedicada al cultivo de la piña es investigada por tráfico ilícito de migrantes y Migración ni siquiera multó a la empresa agrícola ubicada en San Carlos.
“Referente a las sanciones a las empresas, la ley 8.764 prevé dentro de su articulado ciertas sanciones a los patrones. Siempre se ha considerado que muchas de estas personas llegan a las empresas de forma irregular. De una u otra forma arriban a los centros de trabajo y así se mantienen los procesos de explotación. La PPM ha venido desarrollando inspecciones en el campo migratorio para determinar la condición de estas personas y conocer si se da algún tipo de flagelo”, dijo Alonso Soto, subdirector de la PPM.
Pese que se ratifica el proceder de la institución, el pasado mes de setiembre Migración firmó el decreto 41.969 con el Ministerio de Agricultura para regularizar a los trabajadores agrícolas.
Dicho decreto constituye un privilegio para los empleadores, pues les traslada el pago del Seguro a los trabajadores.
La Ley de Migración y Extranjería Nº 8.764 es clara al señalar en el artículo 177 que tanto las personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, que otorguen trabajo a personas extranjeras en condición irregular para que ejerzan labores en nuestro país, serán sancionadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con una multa que oscilará entre dos y 12 salarios base.
Desde el 2010, en que entró en vigencia la ley, esto no se cumple y no han sancionado una sola empresa, hecho que confirmó Soto.
“No hay sanción, eso le corresponde a la Dirección de Migración y Extranjería, nosotros elevamos los diferentes informes para que sea el área jurídica la que proceda”, sostuvo Soto.
Las autoridades señalan que la mayor parte de las 90 personas aprehendidas por la Policía de Fronteras este 2019, por el delito de tráfico de personas, se registró en Los Chiles y La Cruz.
También la mayoría de los 4.451 extranjeros que fueron aprehendidos en esos cantones en condición migratoria irregular, fueron puestos a la orden de Migración para su rechazo, pero nada de esto se traduce en una jurisprudencia más fuerte.
Mientras la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), mediante el Fondo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Fonatt), gira millones de millones de colones a las 22 entidades que la conforman, sin que Migración aplique la ley y las sanciones.
La PPM cerrará el año con 19 operativos en los cuales se detuvo a 76 sospechosos en 39 allanamientos y 25 intervenciones a vehículos, ha realizado 22 investigaciones por el delito de trata de personas, ocho se encuentran cerradas ante la ausencia de delito y otros 14 casos están en investigación por el delito de trata, mientras siete ya cuentan con número único de parte de la Fiscalía.
Cabe señalar que la Policía de Vigilancia Aérea en el 2018 detectó dos casos de trata de personas, se rescató a 17 víctimas y seis sospechosos, cuyos casos ya fueron judicializados.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Isacc Villalta
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Viernes 13 Diciembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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