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Nacionales

Contraloría niega ¢210 mills. para edificio municipal

En Santa Ana

  • Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana

  • Alex Montero, regidor municipal, acusó de vicios de procedimiento en la solicitud de la adenda.

  • Este es el documento de la Contraloría General de la República que deniega el permiso.

La Contraloría General de la República (CGR) negó a la Municipalidad de Santa Ana modificar por tercera ocasión una contratación relacionada con la remodelación y construcción del edificio municipal por ¢210 millones. 

El ente contralor hizo la advertencia a Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana, el pasado 3 de diciembre mediante el documento DCA-4570. 

La contratación se realizó producto de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000012-01 y que efectuó a la empresa Construcciones Peñaranda S.A. 

Esta situación del edificio municipal tiene sus orígenes en 2017 cuando la administración promueve la Licitación Pública No.2017LP-000003-01 para contratar a una compañía que procediera con la remodelación, no obstante, el concurso se declaró infructuoso porque tres ofertas presentadas superaban la reserva presupuestaria para la obra. 

Debido a eso, la Municipalidad solicitó a la Contraloría General de la República promover una Licitación Abreviada para gestionar la construcción. 

Esta tercera adenda por ¢210 millones representaría un incremento del 21% del total adjudicado y en sesión municipal 179 del 1º de octubre de 2019, el Concejo Municipal acordó enviar el caso al ente contralor para su aprobación correspondiente. 

 

RECHAZO

 

En el documento que la Contraloría General de la República envió al ayuntamiento municipal se detallan los motivos por los cuales se dio marcha atrás. 

Allan Ugalde, gerente de división del ente contralor, apuntó que la institución no puede autorizar una modificación de contrato que permita solventar actividades que al momento de la adjudicación no se valoraron como indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. 

Ugalde apuntó que la modificación unilateral no debería tener actividades que se estimaron innecesarias y que motivaron la adjudicación parcial de una situación que se licitó de forma integral. 

“No es justificación para su aprobación ninguna razón de interés público que pueda presentarse durante el estudio de la presente gestión, por cuanto aquí priva que la gestión incoada no compete a una modificación contractual, sino a una opción tomada por parte de la administración para sanear actuaciones previas realizadas desde la etapa del acto de adjudicación. Por lo tanto, al no tenerse por demostradas las causas inherentes a la figura de la modificación tal y como lo exige el artículo 208 RLCA, sino ser utilizada como un mecanismo para concluir la obra de forma tal que sea funcional para su ocupación y cumpla con la necesidad prevista, se deniega la autorización solicitada”, expresó. 

La Contraloría señaló que la decisión del municipio de efectuar un reajuste unilateral de los precios reduciendo las cantidades o actividades no se ajustó a las regulaciones normativas existentes sobre la adjudicación parcial. 

El ente contralor dijo que es improcedente la adjudicación parcial de una obra “por cuanto tratándose de un contrato de obra pública, la cotización que somete el interesado es por la totalidad salvo que en las bases del concurso se haya dispuesto la posibilidad de contratar en etapas y, por ende, se haya previsto la posibilidad de adjudicar parcialmente esas etapas, pero cada una en su totalidad.

 

CRITERIOS

 

En relación con este informe, Alexis Montero, regidor municipal, aseguró que hay vicios en la construcción municipal. 

Agregó que la Contraloría no permite históricamente realizar licitaciones públicas por obras parciales. 

Dijo que posteriormente apareció la empresa constructora Peñaranda y lo ofertó a la Municipalidad por ¢1.214 millones. 

El regidor aseguró que el gobierno local le indica que no lo puede aceptar porque solo existían ¢1.000 millones, por lo que se realizó una reingeniería y se le quitaron 54 movimientos dentro del edificio. 

“No se cumple el proceso porque basados en la justificación que remite el municipio a través del ingeniero Eduardo Fallas Alpízar, dice que la mayoría de ítems se basaron en causas impredecibles, lo cual no era cierto, por lo que se le denegó y bloquea”, expresó. 

Norma Solís, regidora del PAC, dijo que aún no tiene conocimiento del contenido del documento y que una vez que está en manos suyas porque entró a la corriente del concejo hará los análisis respectivos. 

El Periódico de Más Venta buscó respuesta de Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

PERIODISTA: Greivin Granados

EMAIL: [email protected]

Martes 10 Diciembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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