Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), presentó un “incidente de recusación”, para solicitar que los magistrados Nancy Hernández, Paul Rueda y Fernando Castillo se separen del conocimiento de una acción de inconstitucional presentada contra la Ley 9.544 que reformó el régimen de pensiones del Poder Judicial.
Desde mayo del 2018, la Asociación Nacional de Empleados Judicial (Anejud) presentó una acción de inconstitucionalidad a dicha ley y luego Sindijud presentó otra en junio del 2018.
En febrero de este año el Tribunal Constitucional definió que los magistrados Fernando Castillo, Nancy Hernández, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya García, y los suplentes Luis Paulino Hernández y Martha Esquivel serían los responsables de conocer ambas acciones que se integraron con el expediente: 18-007819-007-CO.
Morales explica que la misma magistrada Hernández había solicitado en octubre del 2019 ser excluida del conocimiento de las acciones, ya que en octubre del 2016 ella le envió una carta al entonces diputado oficialista Franklin Corella, donde aseguraba que no objetaría lo que la Asamblea decidiera imponer por medio de una ley.
Pero una resolución del presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, del 10 de octubre de este año deniega la solicitud de inhibitoria de Hernández.
Morales insiste que la intervención de la magistrada Hernández, ante un miembro del Congreso “establece una condición de duda o menoscabo a su imparcialidad, tal como ella misma ha reconocido en este proceso”, indica el incidente de recusación.
Insiste Sindijud que concurren razones suficientes para dudar de la parcialidad e independencia judicial en este caso, tras las manifestaciones de la magistrada.
En el caso de los otros magistrados, Morales hace referencia a publicaciones provenientes de Anejud y dado que estas también se refieren a los magistrados Paul Rueda Leal y Fernando Castillo Víquez, “también estos dos deben ser separados en aplicación de los principios de Bangalore sobre conducta judicial y el principio de imparcialidad en su vertiente objetiva y subjetiva”.
Fue en abril del 2018 que el Congreso dio el segundo debate a esa reforma que entre otros cambios hizo el aumento para la edad de pensión a los 65 años para los trabajadores judiciales. Anteriormente las mujeres podían jubilarse a los 60 años y los hombres a los 62.
Otro cambio es el aporte de los trabajadores que pasa de un 11% a un 13%, además de un tope de pensión establecido en 10 salarios base, (alrededor de ¢4 millones) y una contribución solidaria que sobrepase el tope y que se aplica de manera escalonada entre un 35% y hasta un 55%.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 07 Diciembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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