La polémica en relación con el trámite de la pensión de la cuestionada fiscal Berenice Smith volvió este miércoles hasta el plenario legislativo.
Mientras Pedro Muñoz, subjefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), denunció que la Sala III procedió a suspender el acto administrativo sobre el tiempo servido de la funcionaria cuando laboró en Guatemala, en la Corte Suprema de Justicia insisten en que el tema aún está en estudio.
Se debe recordar que el Consejo Superior, dirigido por el presidente de la Corte, Fernando Cruz, en la sesión número 84-19, celebrada el 26 de setiembre, resolvió reconocer a Smith el tiempo que trabajó en una misión internacional en ese país centroamericano.
Para laborar fuera de Costa Rica la actual fiscal de Cartago solicitó una licencia sin goce de salario.
El debate era si se debía aplicar el reglamento vigente al momento que pidió el primer permiso (en 2007) o bien el nuevo reglamento aprobado por Corte Plena en 2014.
Con base en varios criterios de la Dirección Jurídica de la Corte se decidió reconocerle los años, de acuerdo a la normativa vigente para ese momento.
Así las cosas, para pensionarse solo debe reintegrar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial casi ¢47 millones.
Con la solicitud del Ministerio Público, la Sala Penal, dirigida por el magistrado Jesús Ramírez, debe decidir si procede a suspender el acto administrativo.
De haber procedido como adelanta el diputado Muñoz, se acogería la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y se procedería a solicitar la anulación del acto administrativo a través de un juicio penal.
“Ya se votó la solicitud de la medida cautelar en el asunto de Berenice Smith. La solicitud fue acogida 4 a 1. Pero la sesión no la quieren terminar porque uno de los magistrados que votó la mayoría saldrá del país mañana (este jueves)”, redactó Muñoz en su cuenta de Twitter.
Consultado por DIARIO EXTRA, el legislador añadió que dicha discusión estaba agendada para este miércoles. “Yo tengo entendido que se votó y que ahora están diciendo que no, pero yo tengo información muy importante de que sí se procedió así”, añadió.
PROCESO
Muñoz añadió que sobre el trámite de la pensión de Smith, de haber resuelto así la Sala de Penal, ese proceso se paralizaría.
Se debe señalar que en la sesión de la Corte Plena del lunes 18 de noviembre Cruz solicitó una inhibitoria para no participar en la discusión. Para ello se nombró a Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Sala I, para que presidiera el órgano.
Este funcionario debe resolver la petición de inhibitoria de Cruz (ya que es competencia del presidente del Consejo Superior) y además encargarse de la discusión sobre el tema.
También pidió inhibirse de esa discusión Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera, ya que al ostentar el cargo de vicepresidenta de la Corte forma parte del Consejo Superior.
CUESTIONAMIENTOS
Smith fue duramente cuestionada por el caso Cementazo, cuando en ausencia del entonces fiscal general Jorge Chavarría recomendó a la Sala Tercera desestimar una causa contra Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, entonces legisladores del Movimiento Libertario y Acción Ciudadana, respectivamente.
Ese hecho habría beneficiado al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños. Por esa situación Smith fue suspendida dos meses sin goce de salario.
A la funcionaria, quien se desempeñaba como fiscal subrogante (mano derecha de Chavarría), también se le cuestionó por eliminar el nombre del alcalde de San José, Johnny Araya, contra quien se seguía una causa judicial.
El tema desembocó en una suspensión entre el 6 de mayo y el 5 de agosto de 2019, tras la solicitud expresa de la fiscala general Emilia Navas.
Por ese caso también se tramitó una causa por el presunto delito de tráfico de influencias, donde además de Smith y Araya se investiga al exmagistrado Celso Gamboa.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Jueves 05 Diciembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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