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Nacionales

Casos por usura nos cuestan ¢12.000 mills.

Poder Judicial atiende 850.000 juicios por imposibilidad de pago

  • Welmer Ramos junto con el liberacionista David Gourzong impulsa poner un tope a las tasas de usura. (Foto: Archivo)

  • Welmer Ramos junto con el liberacionista David Gourzong impulsa poner un tope a las tasas de usura. (Foto: Archivo)

  • Los 10

De acuerdo con datos oficiales del Poder Judicial, más de 850.000 expedientes son atendidos por casos cobratorios (por altas tasas de usura), lo que obliga a destinar más de ¢12.000 millones en pagos de planilla y otros recursos que cubrimos todos los costarricenses.

La mayoría de las deudas, que pertenece al sistema bancario privado y las empresas de ventas de electrodomésticos, obliga a que alrededor de 350 funcionarios judiciales empleen su tiempo y conocimiento en estos casos.

Así lo denunció el diputado oficialista Welmer Ramos, quien junto al liberacionista David Gourzong y otros congresistas impulsan un proyecto de ley para poner topes a las tasas de usura que ahogan en deudas a miles de familias en el país.

“Los tribunales están saturados de juicios por deudas de tarjetas o préstamos que los costarricenses no han podido pagar, producto, entre otros factores, de las altas tasas de interés que tiene el mercado”, explicó Ramos.

De acuerdo con el informe, entre los 10 usuarios con activos en cobro judicial, la empresa Instacredit es el número 1 por un monto superior a ¢115.000 millones por cobrar, con más de 91.000 expedientes activos (ver recuadro).

Le sigue la empresa GMG Servicios Costa Rica con más de ¢57.000 millones y más de 8.000 expedientes activos.

Según los legisladores, las tasas de interés pueden llegar hasta un 52% anual, incluso en las casas de empeño llegan a un 120% al año. 

 

CÍRCULO PERVERSO

 

Los legisladores explican cómo el tema de la usura se ha convertido en lo que llaman un “círculo perverso”.

Por ejemplo, cuando una persona de escasos recursos económicos adquiere una plancha, cuando pague entre 7 y 10 cuotas ya habrá pagado incluso parte de sus intereses, pero seguirá pagando por muchos meses más, a causa de las exageradas tasas de interés.

Si no lo hace, estas empresas o bancos pasan las cuentas a incobrables para luego vender las deudas a bufetes de cobro, incluso algunos de ellos son empresas que pertenecen al mismo negocio. 

“Ese mecanismo crea un escudo fiscal. Lo peor de todo es que cuando ya no pueden cobrar, después de intimidar con mensajes, correos y amenazas a la gente sencilla y toda su familia, lo trasladan al sistema judicial para que este le haga la tarea y eso lo pagamos todos los ticos”, denunció Ramos. 

El legislador afirmó que si 850.000 personas están en juicio por deudas y en promedio cada una tiene un fiador hablamos de que cerca de 1.700.000 personas podrían tener su expediente manchado.

“Es decir, estas personas están como si fueran criminales, sin derecho a pedir dinero. En una población de 2,4 millones de personas laboralmente activas que tiene Costa Rica significa que un 71% de la gente tiene problemas de deudas”, añadió.

PROYECTO

 

De acuerdo con Ramos y con base en estimaciones y estudios de la Academia de Centroamérica, el Estado de la Nación y el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), para 2018 los intereses por usura que cobraron estas entidades comerciales sumaron más de ¢2,3 billones. Para tener una idea, el plan fiscal apenas recauda ¢400.000 millones al año.

El proyecto de ley que se discute bajo el expediente 20.861 pretende imponer una tasa máxima de usura. Para ello se pide que el Banco Central y el MEIC propongan una fórmula que establezca una tasa límite trimestralmente para prestar dinero.

Por ejemplo, si se estableciera una tasa máxima del 35%, aun así estas entidades crediticias obtendrían cuantiosas ganancias sobre sus costos. “Con una tasa del 35% esta gente se estaría ganando libre el 40% sobre sus costos. Eso es un montón de plata”, manifestó Ramos. Hoy la Comisión de Asuntos Hacendarios podría dictaminar el proyecto.

Mediante un comunicado la comisión política del PAC dio su respaldo a la iniciativa.

“En momentos que se ha exigido austeridad al sector público y sacrificio a la ciudadanía, hoy corresponde que los sectores beneficiados por años de laxitud y vacío en nuestra legislación financiera no obstruyan la aprobación de una reforma que indiscutiblemente favorece a la mayoría de los hogares y personas trabajadoras.

Hoy les corresponde a esos sectores favorecidos de nuestra economía y a las y los diputados que deben dictaminar este proyecto de ley poner el interés común antes que el interés privado”, se lee en el documento.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Martes 12 Noviembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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