El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tendría consecuencias “nefastas” y “devastadoras” si los diputados aprueban el expediente 21.546. Se trata de una reforma a la Ley de Contratación Administrativa y que busca crear un único ámbito de aplicación para todo el sector público.
Así lo hizo ver explícitamente este lunes la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, ante los diputados de la comisión especial que analiza esta propuesta de ley.
La jerarca recordó a los legisladores que tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos en el 2007, se creó la Ley 8660 que vino a otorgarle al ICE un régimen especial de contratación pública precisamente para poder competir ante el mercado de telecomunicaciones que se abría en ese instante.
Esa necesaria ley de modernización y fortalecimiento para el ICE era inevitable ante lo que se venía, ya que de no hacerlo se hubiera dejado en clara desventaja a la institución.
“Volver a un régimen de contratación administrativa como el del resto de las instituciones, sería volver a ponerle las amarras al ICE, sería una falacia ante la competencia del mercado”, comentó.
Recordó también que votos de la Sala Constitucional del 2008 reforzaron y dieron la razón del por qué el ICE debía contar con este régimen especial.
INCONSTITUCIONAL
Cañas hizo hincapié en que el proyecto de ley 21.546 (tal y como está presentado hoy) viene prácticamente a derogar la Ley 8660, misma que surgió con la firma del TLC por lo que incluso sería inconstitucional, ya que ninguna Ley puede estar por encima de un tratado internacional.
El ICE no compite “contra cualquiera”, enfatizó su presidenta ejecutiva, sino con las principales empresas del mundo en materia de telecomunicaciones y en total con al menos 130 competidores.
MÁS LENTO
En la práctica, de aprobarse esta ley, el proceso de contratación que realiza el ICE se volvería más lento.
En palabras de Cañas se generaría un aumento de 80 días en cada proceso de adquisición, lo que en un mercado competitivo resta eficiencia y eficacia.
Por ejemplo, en el caso de las contrataciones directas de escasa cuantía, el ICE tiene un tope de $95,6 millones, pero con el proyecto pasaría a ser una licitación menor, lo que haría más extensos los plazos de contratación.
Sobre este particular, el diputado José María Villalta del Frente Amplio (FA) pidió el informe completo del estudio que hizo la institución donde se evidencia el aumento de tiempos.
Cañas también recalcó que el ICE ya tiene el visto bueno de la OCDE para contar con un régimen especial de contratación donde la empresa pública pueda competir en igualdad con la empresa privada, tal y como ya algunas empresas públicas en México y Chile lo hacen, siendo países miembros de esta organización.
LO DIJO
“Las implicaciones (del proyecto) serían nefastas, volver a un régimen que se propone en esta ley, para un ICE en competencia sería devastador. No podríamos competir, no seríamos oportunos y dejaríamos de dar el servicio a la sociedad.”
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 12 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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