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Opinión

Baja en salarios y pensiones

Opinión

De la satanización teórica a la satanización práctica, así se ha movido el escenario de los cambios en salarios y pensiones del sector público. La aparición de la Ley Nº 9635, dizque para equilibrar las finanzas públicas y por interpósita mano de varios diputados de la Asamblea Legislativa, tendrá efectos devastadores en el mediano plazo. ¿A quiénes favorece o perjudica esta aberrante manera de desquiciar el bolsillo de muchos costarricenses? A los empleados públicos no y a futuras altas autoridades de gobierno, mucho menos.
El cuento de la lechera que han mantenido por largo tiempo los detractores del sector público se ha materializado en dos temas: los salarios y las pensiones.
Sobre lo primero se ha vendido la idea de que los salarios de los profesionales del sector público tienden al infinito, con respecto a los del sector privado, por culpa de los montos que se le adicionan al salario base (SB). Nada más lejos de la realidad.
En una primera hipótesis, habiendo logrado la baja de los salarios del sector público, el sector privado tiene, al menos, 3 caminos a su favor: 1) reducir el incremento salarial de sus profesionales o bajar sus montos, so pretexto de equipararlos con los del sector público, 2) reducir los salarios futuros en el sector privado al quedar eliminada la presunta disparidad con el sector público (una hostil equiparación), o, 3) convencer a empleados públicos de ir a sus empresas seduciéndolos con una reducida mejora salarial, con esto abaratan el mercado laboral despidiendo a sus caros y actuales profesionales y contratando a los primeros por menos salario. En todos los casos, menor gasto, mayores ganancias. Eso se logra abaratando el empleo. El silencio de los profesionales del sector privado podría hacer cierta alguna parte de esta hipótesis.
Conforme a lo anterior, los profesionales del sector privado son los “perjudicados sombra” de esta confabulación salarial. Debieron levantar su voz, no para que se perjudicara a unos, sino para que se mejorara lo de ellos. Una máxima apunta que, en términos de disparidad salarial, no hay que luchar para que se bajen los salarios más altos, sino para que eleven los más bajos, al menos aproximándolos entre sí.
Si vamos más al fondo, vemos que la política implantada en la Ley 9635 no hará más que: a) desincentivar el consumo y b) desincentivar el interés de los profesionales por el empleo público (pero a mayor demanda en el sector privado, menos competitivo será el empleo, ergo, menores salarios.
La reducción salarial absoluta de los futuros profesionales del sector público (y por qué no, también del privado) es importante; si no impacta la calidad del empleo público, impactará ostensiblemente la calidad de vida de esas personas y generará reducción general del consumo. El gobierno, junto a la clase política-empresarial (sector privado) representada en la Asamblea Legislativa, dieron el zarpazo e introdujeron, de esta forma disimulada, su añorado salario único.
Somos un país de alzas permanentes en los precios de los productos, algunos abusivos que son fundamentales (a niveles de usura), de poca generación de empleo, de altísimos intereses en los instrumentos financieros y excesivos precios en servicios privados. La situación económica de los futuros trabajadores profesionales queda, por lo tanto, lesionada frente a este panorama, porque, además, la Ley 9635 incrementó los costos de muchos servicios con la aplicación del IVA. Si para los actuales profesionales se hace necesario prescindir de servicios de medicina privada, de compra de periódicos en papel y de servicios multimedia, entre otros, por sus altos precios y debido a nuevas subidas en algunos componentes salariales que redujeron el salario final, para los futuros profesionales está más que justificada una política familiar de “estrujamiento económico”.
Costa Rica, otrora paraíso de consumo, es uno de los países más caros del mundo en el que los costarricenses se ven obligados a la contracción del gasto, por mandamiento de las recientes reducciones salariales impuestas, mientras que el gobierno recauda más y dispone nuevas políticas de despilfarro del erario público.
Y lo de las pensiones de regímenes especiales es otro tema de nunca acabar y del gusto de muchos medios de comunicación y políticos de turno. Se creía que ya se habían hecho las reformas pertinentes a este respecto, pero la voracidad fiscal y la sed de ganarse espacios en medios de prensa es arrolladora.
La falta de entendimiento de los políticos promotores de su “causa pretoriana” no les permite ni siquiera definir correctamente el tope de las mal llamadas “pensiones de lujo”. La cosa es arruinar la calidad de vida de quienes ya disfrutan de una pensión dada por estos regímenes, pues con esta discusión elevada a límites himalayos pretenden ganar votos.
Ya estaba fijado un tope para algunos de estos regímenes que parecía razonable y estaba definida la desaparición de nuevos beneficiarios, pero no, el diente de la política y el clientelismo fiscal siguen haciendo de las suyas. Lo que hay, que se cumpla para todos y que dejen tranquilos a quienes ya la disfrutan o han adquirido derechos y a los pocos que podrán adquirirlos, conforme a las últimas reformas legales.
Hay derecho a vivir en paz, con seguridad jurídica y disfrutar de ingresos dignos conforme el trabajador se haya preparado para recibirlos, o esta cosa que se llama país y que alguien se despachó llamándola “finca” se puede ir por el despeñadero.

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Lunes 11 Noviembre, 2019

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Héctor Arce Cavallini

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