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Sucesos

Justicia desobedece informe antes de crisis

Recomendaba cómo prevenir paperas y no lo acató

El informe data de diciembre de 2018 y se dio a conocer a las autoridades de Justicia y Paz, que no buscaron soluciones al problema

Un estudio de la Defensoría de los Habitantes informó a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y otras entidades que podría desatarse una problemática de salud en las cárceles ante la falta de seguimiento a las quejas que interponían los privados de libertad.

El informe será dado a conocer hoy a la prensa, pero DIARIO EXTRA tuvo acceso a este de forma anticipada, por lo que pudimos conocer cuáles fueron las recomendaciones que no atendió esa cartera.

Frenar la epidemia de parotiditis (paperas) en la mayoría de los centros penitenciarios parece algo imposible, pues se consolidó como un problema de salud pública mal controlado por el Ministerio de Justicia y Paz, pese a que hubo indicios del ataque de la enfermedad no se hizo mucho.

Dicho documento señala que precisamente ante la falta de estrategias de atención como los Protocolos de Vigilancia Epidemiológica y las Normas de Atención en Salud en los servicios de salud penitenciarios, el padecimiento encontró un nicho fértil. 

Actualmente en las cárceles se atienden 403 casos entre reos y funcionarios técnicos y de seguridad de los centros penales. La epidemia traspasó el entorno carcelario, puesto que se registran 2 casos en el Hospital Nacional Psiquiátrico, los cuales fueron aislados, aparentemente en funcionarios judiciales.

 

PAPERAS NO SE CONTUVIERON

 

Los encargados del servicio de salud en el Ministerio de Justicia y Paz habrían omitido los procedimientos de control de las enfermedades infectocontagiosas al presentarse los primeros casos.

La estrategia principal de manejo preventivo es el aislamiento de los pacientes, ya que el virus se puede contagiar por contacto directo al manipular pañuelos o utilizar vasos que ha usado el enfermo. 

En este proceso de aislamiento de los enfermos al parecer estuvo la principal falla en la prevención de la transmisión de las paperas, ya que no se ordenó realizar una barrera de contención al negar la movilización fuera del centro penitenciario de la población privada de libertad enferma, que supuestamente se identificó de manera precoz y oportuna.

De acuerdo con la Defensoría, la investigación de la epidemia debió realizarse de manera inmediata en los módulos de convivencia en que se encontraban los pacientes, con el objetivo de garantizar la menor afectación posible al resto de la población penitenciaria, proceso que se presume no se llevó a cabo.

A partir de ese momento los casos fueron en aumento rápidamente, manteniéndose la rutina normal de procedimientos de salida del centro penal, lo que constituyó un factor desencadenante de la propagación. 

También se suma que la mayoría de las cárceles tiene problemas de hacinamiento, eso genera un entorno propicio para la multiplicación de los casos. 

 

NO DAN SEGUIMIENTO
 A DENUNCIAS

 

Resalta la investigación que todo lo anterior viene a ser resultado y consecuencia de una prestación de servicios de salud ineficiente, en la cual no se le garantiza el acceso del servicio de salud a la población penitenciaria.

Este criterio se emite con base en los principios de equidad, igualdad, transparencia, solidaridad y universalidad, a partir del proceso de atención de denuncias interpuestas en los últimos años por los reclusos, las cuales investigó la Defensoría de los Habitantes.

Las quejas estaban relacionadas con acceso a los servicios de salud, por lo que se efectuó un estudio del tema, el cual permitió identificar problemas estructurales que afectaban a los privados de libertad en el campo de la salud.

El resultado de este análisis se conoció en diciembre de 2018 y se informó a las partes intervinientes en el problema, brindándose la Defensoría de los Habitantes recomendaciones en enero de 2019.

El Ministerio de Justicia (ministra), la Caja Costarricense de Seguro Social (presidente ejecutivo y gerente médico), el Ministerio de Salud (ministro), Ministerio de Planificación (ministra) y la Secretaría de Salud Mental conocieron del informe.

Además sabían del plazo de 15 días a partir de la notificación del documento final para informar a la Defensoría sobre el cumplimiento de esta recomendación, a fin de garantizar un disfrute pleno del derecho a la salud de la población privada de libertad, pero eso nunca ocurrió.

El informe señala que los aspectos mencionados de tipo preventivo fueron claramente violentados por el incumplimiento de las Normas de Atención en Salud y negligencia en la actuación de las autoridades, ya que no se preocuparon por la relación causa-efecto entre exposición y enfermedad, pues la epidemia no se produce al azar y puede evitarse.

 

AFECTACIÓN DE LA DINÁMICA

 

El informe de diciembre de 2018, que se dio a conocer a las autoridades casi un año después, evidencia que esta epidemia afecta la dinámica de los procesos judiciales, ya que los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia deben tomar medidas preventivas para minimizar los factores de riesgo de contraer paperas.

El tema es evidente en el traslado de reclusos a las distintas instancias judiciales y la permanencia en salas de juicio de jueces, abogados litigantes y defensores, así como el personal de apoyo en los procesos judiciales, quienes deben usar cubrebocas o mascarillas como medida de protección. 

Asimismo, las nuevas directrices sanitarias del Ministerio de Salud y las medidas de restricción de las visitas de familiares a reclusos alteran los ánimos de estos, quienes han llegado a amotinarse para que las dejen sin efecto.

Los privados de libertad están sometidos a dichas directrices, sin que las autoridades competentes controlen efectivamente la epidemia, que más bien se incrementa y se extiende a otros centros penales.

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Lunes 21 Octubre, 2019

HORA: 12:00 AM

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