Labores municipales cotidianas como la recolección de basura o limpieza de vías podrían paralizarse por cuanto los trabajadores de distintos ayuntamientos, que tienen representación sindical, no descartan levantarse en huelga indefinida, en caso de continuar en trámite legislativo el proyecto 20.968.
Ese texto, que se retrotrajo a votación de primer debate la semana anterior, promueve la reforma del artículo 155 inciso B del Código Municipal, el cual está en la Ley 7.794 desde abril de 1998.
Según los representantes de los trabajadores municipales, eso haría que los alcaldes puedan disponer de manera unilateral para proceder con despidos y nombramientos sin consultar al Concejo Municipal, lo cual violentaría la autonomía de los gobiernos locales.
Es por esta razón que este martes se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa con el propósito de hacer ver su disconformidad ante los diputados.
Cerca de 60 funcionarios provenientes de los ayuntamientos de San José, Tibás, Curridabat, Coronado, Goicoechea, Santa Ana, San Rafael, San Pablo y San Joaquín, llegaron a Cuesta de Moras.
Sin embargo, el movimiento también se desarrolló a nivel regional con el propósito de hacer ver las discrepancias que tienen con el proyecto en cuestión.
Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostienen que no ven en la devolución del texto al trámite de primer debate un propósito de cambiar algo en favor de los trabajadores. Los sindicatos sostienen que el proyecto en cuestión no tiene otro camino que el archivo y de este modo garantizar la estabilidad de los trabajadores municipales.
VOCES DE DISCORDIA
¿Están en este momento siendo ágiles los procesos de movilización de personal dentro de las municipalidades?
De acuerdo con los sindicatos ya esos procesos de movilidad laboral en los distintos ayuntamientos ocurren. Por ello consideran innecesario el proyecto, en vista de que la disposición de los gobiernos locales con su personal no constituye en estos momentos un problema en sí mismo.
“En casi todas las municipalidades existen juntas de relaciones laborales donde se discuten temas que se relacionan con los trabajadores. Entonces este proyecto no aportaría nada nuevo a la situación existente. Nos preocupa que se les dé puerta abierta a los alcaldes para nombrar y despedir sin intervención de los concejos municipales. Hay que entender que los gobiernos locales son instituciones donde hay pesos y contrapesos y nos parece que debería mantenerse esa práctica para la salud de este sistema institucional”, explicó Walter Quesada, secretario general adjunto de la ANEP.
DIARIO EXTRA también recogió la opinión de trabajadores que se apersonaron a esta manifestación donde de nuevo se hizo referencia al pronunciamiento de los relatores independientes en materia de derechos humanos, que trascendió la semana anterior haciendo ver de parte de Albino Vargas los riesgos que corre el país con este proyecto que está en discusión en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el temor de los trabajadores municipales actuales es la implicación que estas acciones tengan a futuro.
“No estoy acá por la municipalidad de Tibás, sino por las 82 municipalidades del país que se verían afectadas con futuros alcaldes que vengan con compromisos políticos o sociales con algunos de sus partidarios. Este proyecto les da la potestad a los alcaldes casi de decisión total en contra de muchas de las situaciones municipales”, comentó Henry Varela, quien labora desde hace 30 años en el área de limpieza de alcantarillado en el municipio tibaseño.
Por otra parte, en la municipalidad de San José consideran que este proyecto es una extensión de lo que se estableció en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual se aprobó desde diciembre anterior.
“Una iniciativa de centralizar el poder para los alcaldes es muy peligroso para todo trabajador municipal porque para nadie es un secreto; las municipalidades son casi 100% entes políticos”, manifestó Bolívar Sánchez, representante del departamento de recolección de basura y presidente de la seccional ANEP en el municipio capitalino.
DIPUTADOS
CONTRARRESTAN
El Periódico de Más Venta en Costa Rica también consultó a los legisladores que tramitaron el expediente de la discordia en la Comisión de Asuntos Municipales, en vista de que pasó al plenario legislativo con dictamen unánime. Todos afirmaron que los alcances de la iniciativa no son los que aseguran los sindicatos que esta tiene.
“Creo que al proyecto le surgen dudas, pero no causará mayor impacto en vista de que no cambia nada de lo existente. Lo único que hace es agregar la opinión del alcalde o alcaldesa cuando se tengan que tomar decisiones con trabajadores. Por ejemplo, pensemos que en una municipalidad se tiene que eliminar un departamento porque no se ocupa o la tecnología lo deja atrás, entonces la administración tiene la potestad de reasignar en otros departamentos y los que sobren despedirlos. En esto se plantea que, mediante un estudio técnico, todo como lo dice la ley actualmente, se tome en cuenta la opinión del alcalde”, explicó Luis Ramón Carranza, diputado del PAC.
Por su parte el liberacionista Roberto Thompson asegura que el proyecto no le otorga competencias desmedidas a los alcaldes. “El texto está normando o formalizando algo que de hecho se da, que el superior jerárquico pueda plantear sus inquietudes ante quien realice los estudios técnicos y ante el concejo municipal, pero el mismo dice ‘considerará’ en ninguna parte menciona que será obligatorio”, expresó Thompson Chacón.
Por último, la proponente del proyecto y exalcaldesa de San Pablo de Heredia, Aracelly Salas, de la Unidad Social Cristiana, asegura que los alcaldes tienen ese derecho de opinar en estos temas al ser la cabeza administrativa de las municipalidades.
“No es cierto que el proyecto permita crear una piñata de puestos, quiero ser muy clara en ese sentido. El Código Municipal desde 1998 estipula en el inciso A del artículo 155 como pueden ser despedidos los funcionarios municipales por causa grave como asegura el Código de Trabajo. Además, se incluye en el B al alcalde o alcaldesa como jerarcas que son de una administración”, afirmó la socialcristiana.
El texto en cuestión se regresó a primer debate con facultad en el artículo 148bis del reglamento legislativo.
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CRÉDITOS: Fotos: Francisco Herrera
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Miércoles 16 Octubre, 2019
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