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Nacionales

Usuarios ICE pagaron $24 mills. por error de ARESEP

Contraloría señala gran descuido

  • Según la Contraloría, en el periodo 2017-2019, los clientes del ICE han pagado $24 millones de más en tarifas a los generadores privados que le venden energía al ICE; esto por culpa de la Aresep

  • Mario Mora, director de energía de la Aresep, rechazó el contenido de lo manifestado por la Contraloría

  • Diferencias

Durante el periodo 2017-2019, los clientes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagaron casi $24 millones de más por el servicio de electricidad, debido a un error de cálculo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). 

Al parecer, esta habría aplicado mal la metodología de cálculo para establecer las tarifas a los contratos renovados de compra de energía eléctrica a empresas privadas. Sin embargo, este señalamiento es rechazado por la Aresep.

La Contraloría General de la República (CGR) en el reciente “Informe de auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la Aresep para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados”, señala que el problema principal es que la información empleada para el establecimiento de tarifas de plantas hidroeléctricas es la misma que utiliza la Aresep para definir los precios de la energía generada mediante  plantas eólicas (las que producen energía por la fuerza del viento), cuando no debería ser así.

“Lo anterior no solo perjudica los fondos públicos que administra este instituto, sino también a los consumidores finales, pues necesariamente esas erogaciones forman parte de la factura eléctrica”, detalla la Contraloría.    

Para la Contraloría esta situación no debería darse, pues tras aplicar la misma metodología, pero incluyendo información solamente de las plantas eólicas, en lo que respecta a costo de explotación, inversión, factor de antigüedad, rentabilidad y factor planta, se concluyó que el costo de cada kilovatio hora comprado debería costar $5,89, pero la Aresep, la dejó en $7,03 Kwh, monto que también se cobra por la producción de la energía mediante fuente hídrica.

Lía Barrantes, asistente técnica del área de fiscalización de Ambientales y Energía de la CGR sostuvo que este sobrecosto aprobado a las empresas privadas que producen energía a partir del viento y que la venden al ICE podría afectar a los clientes. “Durante el 2017, 2018 y 2019, la Aresep aplicó mal la metodología para fijar tarifas de compra de contratos renovados, pues sobreestimó los costos de explotación y utilizó información de plantas eólicas cuando correspondía usar solo de plantas hidroeléctricas, esto generó que el que el ICE efectuara pagos de más a generadores privados, los cuales se estiman en al menos $23,8 millones”, recalcó Barrantes.

 

SOBREESTIMÓ COSTOS

 

Lo que critica la entidad fiscalizadora del Estado es que se debe aplicar una metodología de manera diferenciada según el tipo de fuente de generación y no uniformar una tarifa para todos.

La Contraloría recordó que al tratarse de diferentes fuentes de producción estas cuentan variables propias en lo referente a tecnologías, costos de inversión, costos de operación y vida útil difieren una de la otra, en el que una cantidad importante de están construidas bajo la modalidad de construir y operar (BOO-por sus siglas en inglés-) con contratos nuevos.

Según se desprende del informe contralor, “las debilidades antes mencionada se atribuyen a que la autoridad reguladora no ha desarrollado una metodología tarifaria para generadores privados con plantas eólicas que renuevan contratos de compraventa eléctrica con el ICE para que la tarifa sea congruente con los costos de explotación, inversión, expectativas de venta y vida útil de dichas plantas”.

Al mismo tiempo, menciona la CGR que la desaplicación de las metodologías por parte de la Aresep son atribuibles a la falta de rigurosidad técnica en la ejecución del proceso de aplicación anual de oficio de las metodologías de ajuste tarifario.

 

 

CONTRALORÍA REGAÑA AL ICE POR DESCUIDO

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) recibió su dosis de regaño, pues pese a tener dentro de sus facultades y funciones darles seguimiento e inspección a las plantas generadoras privadas, edificadas bajo la metodología de construir, operar y transferir (BOT- por sus siglas en inglés) esas labores son casi nulas.

Los BOT son contratos en que la empresa privada construye y opera la planta generadora, ya sea hidroeléctrica o eólica y le vende la energía al ICE, cuyos contratos en ambos procesos son por 20 años y luego al término del mismo la infraestructura es trasladada al instituto.

En la actualidad, el ICE cuenta con 7 contratos BOT en fase de operación con un valor contractual en conjunto de $736 millones.

En este sentido, Lía Barrantes, asistente técnica del área de fiscalización de Ambientales y Energía de la CGR, reseñó que “el ICE no fundamentó las decisiones de contratar la compra de energía eléctrica a generadores privados en el caso de 23 contratos por un valor estimado de $2.049 millones. Además, es débil la supervisión efectuada por el ICE para asegurar el buen estado de las 7 plantas térmicas que deben ser transferidas a este instituto cuando venzan los contratos”.

A criterio de la entidad fiscalizadora del Estado, el ICE no realiza los planes de supervisión y matrices de control ni se garantiza si a las plantas BOT las empresas les hacen los mantenimientos preventivos.

“En consecuencia, el ICE se expone al riesgo de recibir en transferencia plantas por las cuales ya desembolsó el monto acordado, pero en condiciones que no satisfagan las expectativas del buen estado. Esto limitaría el máximo aprovechamiento en el periodo posterior a su recepción y, por ende, se incurra en inversiones adicionales por reparaciones para que la planta alcance un nivel aceptable con respecto a la estructura de las obras civiles y el estado de los equipos”, se indica en el documento.

 

• Defiende fijación de tarifas

ARESEP RECHAZA ACUSACIONES

 

Mario Mora, director de la Intendencia de Energía de la Aresep, manifestó que la entidad presentó un recurso de administrativo contra el informe por rechazar el contenido del mismo y por considerar que se invaden competencias regulatorias.

“Hicimos una valoración del informe y en efecto hay una serie de imprecisiones y errores e inconsistencias en el mismo informe que la Contraloría preparó lo cual hace que sus conclusiones y, por tanto, sus disposiciones y conclusiones, se invaliden. Esto porque, precisamente, hacen uso de criterios propios y subjetivos que distorsionan el resultado de sus conclusiones y de sus disposiciones para la entidad reguladora”, enfatizó Mora.

Reseñó que la entidad es respetuosa del ordenamiento jurídico, por lo que recordó que es a esta la que le corresponde hacer las fijaciones de orden tarifario y en materia de regulación.

“Somos defensores de las competencias exclusivas e incluyentes que tiene la autoridad reguladora en materia tarifaria y en materia regulatoria. Esto implica no solamente tomar las decisiones de cuáles son las características que deben tener las metodologías de acuerdo al contexto y a los sectores que hay que regular, así como la forma en que se aplican y la manera en que se usa la información”, aseveró Mora.

Apuntó que en la que actualidad cuentan con metodologías para definir las tarifas para plantas eólicas nuevas, así como plantas hidroeléctricas nuevas, para generadores privados fotovoltaicos, así como para la fijación de tarifas para biomasa, otra para bagazo y otra para plantas existentes, por lo que sí hay una diferenciación de fuentes.

“Las tarifas que hemos fijado se han apegado a lo que dice la metodología.  Esta sí señala la posibilidad de utilizar distintas fuentes de información. Hemos utilizado las fuentes que conforme   vayamos teniendo información más confiable corresponda y es allí donde la Contraloría, en algunas de sus apreciaciones tiene criterios distintos, pero eso no invalida los criterios técnicos de lo actuado por la autoridad reguladora”, defendió Mora.

Ante la situación detectada, la Contraloría abrió un proceso investigativo para determinar si hubo culpables de los hallazgos identificados.

 

 

PARTES REACCIONAN

 

Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope)

 

“Como servicio público las tarifas de la generación privada las define la Aresep, de acuerdo con las metodologías correspondientes, basadas en el principio de servicio al costo. Todas las metodologías y fijaciones se someten a audiencia pública, sus resultados se publican en La Gaceta y, en ningún caso, podrán tener efecto retroactivo.

En Acope como representantes de empresas formales y reguladas, rechazamos las consideraciones de la Contraloría General de la República en el informe DFOE-AE-IF-00009-2019. Además, la ligereza de sus conclusiones atenta contra la seguridad jurídica de un sector que ha cumplido con la legislación y la normativa costarricense, aportando energía renovable y limpia a precios razonables, siempre establecidos por la Aresep”.

 

ICE

 

“El Instituto ha actuado según lo establecido en la legislación y la normativa vigentes relacionadas con la compra de electricidad a generadores privados. Toda acción ha respondido a lo estipulado en la Ley 7200 (Capítulo I de 1990 y Capítulo II de 1995) y la reglamentación técnica interna de su negocio de Electricidad.

Como responsable de administrar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para satisfacer la demanda nacional, es la figura que decide la tecnología, la fuente y la capacidad instalada que debe incorporarse al parque nacional de generación. Todo esto acorde a su Plan de Expansión de la Generación (PEG).

Para establecer estos factores, el Instituto ejecuta simulaciones rigurosas de modelamiento del SEN y determina cuál es la manera más económica y sostenible de alimentar el sistema. Posteriormente estima el aporte que podría ser cubierto con participación privada e inicia el proceso de diseño de la contratación de la empresa, según la Ley 7200”.

 

 

HABLA PUEBLO

 

Manuel Enrique Mora Blanco

 

“No estoy de acuerdo con que se tuvo que pagar más, es un error de ellos”.

 

Óscar Alfaro

 

“Es un error que ellos deben resolver. Es como el IVA que mucha gente ha cobrado, aunque no corresponda. Es un error de la propia Aresep y eso debe corregirlo”.

 

Roy Varela

 

“Pagamos justos por pecadores. Gente que debería tener más control con las aprobaciones no cumplen con sus funciones como debe ser”.

 

Gilbert Chacón

 

“Es un tema que está requete mal. Por qué por un error que ellos cometieron, nosotros tenemos que pagar. Esa plata no la van devolver nunca, pero si fuera uno el que les debe, se la cobran en el recibo”.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

EMAIL: [email protected]

Sábado 21 Septiembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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