Una Regulación en épocas de cambio
Dr. Roberto Jiménez Gómez*
Me ha correspondido ser el Regulador General de Servicios Públicos en Costa Rica en un momento de grandes transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. Ante ello, generalmente la legislación y la regulación tienden a estar atrasados con la dinámica de los tiempos.
Algunos sectores asocian este lento avance con la rigidez del marco normativo y técnico, y por eso se debe modificar, lo cual requiere tiempo. Otros sectores consideran que el marco normativo existente debe jugar un papel activo e innovador en la regulación y buscar paralelamente promover los cambios que permitan ajustarse a las necesidades actuales.
Uno de los retos de la Regulación en Costa Rica, y que en Aresep hemos asumido, es pasar de un enfoque tarifario basado en una perspectiva contable o financiera que define costos, a otro económico donde se utilicen diferentes instrumentos que permitan dar señales económicas que promuevan la eficiencia, la eficacia y la competitividad.
Es una tarea ardua, pues hasta ahora se ha asumido que el principio de “servicio al costo” que indica la ley de Aresep, lo que brinda únicamente es la contabilidad de los prestadores. Aunque se hace un análisis y verificación cuidadosa, por parte de Aresep, la información financiera debe ser una de las fuentes -quizás la más importante-, pero no la única al definir una tarifa. He visto que esta forma de ejercer la regulación ha llevado a ineficiencias y altos costos en muchos de los servicios públicos, y esto hace necesario repensar la regulación en tiempos de cambio.
Es importante buscar que las tarifas consideren costos eficientes, comparables con otros prestadores nacionales o datos de sectores similares en el ámbito internacional e incorporar así señales económicas que busquen la eficiencia y el bienestar de las personas usuarias. Buscar orientar la regulación hacia la búsqueda de un costo razonable, eficiente, competitivo que ayude a orientar bien las inversiones y gestión de los prestadores.
Esto permitiría tener tarifas más eficientes, que brinden indicadores de eficiencia (operativa, técnica-financiera y económica), que faciliten a los prestadores mejorar su eficiencia y así dar mejor servicio a un menor costo; manteniendo el equilibrio financiero que pide la ley. Esto contribuiría a que los sectores sociales y productivos tengan servicios al menor costo posible y con calidad, siendo una tarea fundamental en la regulación de los servicios públicos en los próximos años. Las tarifas deben promover las inversiones, pero no toda inversión, sino las más prioritarias, sostenibles ambientalmente y de alto impacto social. Buscamos que las tarifas reconozcan las inversiones, pero si estas no son eficientes y efectivas, los instrumentos de fijación tarifaria y la fiscalización de las inversiones deben cuestionar la ineficiencia y sancionar decisiones incorrectas; pues el servicio al costo debe ser bajo estándares básicos de eficiencia y racionalidad.
En los tres años como Regulador, nos ha tocado asumir grandes retos, por el potencial impacto de proyectos que se construyeron a altos costos. Hemos visto proyectos que costaron dos veces lo que indicaba el estudio de factibilidad. De forma responsable y con criterios técnicos dentro del ejercicio regulatorio, económicos y legales, hemos evitado que la sociedad costarricense tuviera que asumir ineficiencias por medio de tarifas más altas.
Por otra parte, comprendiendo que la tecnología está llevando a rápidos cambios en todos los ámbitos, y que es necesario que en el marco de la regulación se propicien espacios para la innovación, el desarrollo de la dinámica de competencia y eficiencia por parte de los prestadores, hemos buscado el desarrollo de instrumentos regulatorios flexibles y que den más posibilidad para que prestadores o personas usuarias puedan ejercer acciones tendientes a mejorar la calidad e incidir en las tarifas de los sectores regulados.
Hay necesidad de cambios en los marcos legales de funcionamiento de varios de los servicios regulados. En algunos casos encontramos limitaciones para propiciar un efecto más positivo de la regulación si no se efectúan estos cambios. Por esto, estaremos sugiriendo, en cumplimiento de nuestras funciones, los ajustes normativos necesarios para que los servicios públicos sean al menor costo y de la mejor calidad; acorde a los tiempos.
*Regulador General Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)
