La situación política y económica por la que atraviesa Venezuela obliga a miles de sus ciudadanos a abandonar su país en busca de una mejor calidad de vida y de oportunidades.
Cada uno de esos casos tiene rostro y apellidos. Alejandro Moizán James dejó su natal ciudad de Valencia en el estado Carabobo en ese país del sur del continente para trabajar como chofer de bus en Costa Rica, sin embargo, ese sueño se convirtió en toda una pesadilla al ver que las esperanzas de conseguir un trabajo honrado se tradujeron en calamidades, pese a muchas promesas que le hizo una empresa nacional dedicada al transporte público.
DIARIO EXTRA tuvo acceso a la denuncia que interpone Moizán ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el supuesto delito de trata de personas del cual fue víctima.
El venezolano denunció a los representantes del Consorcio Operativo del Este S.A., Esteban José Ramírez Biolley, Cinthya Ramírez, Yorleny Ramírez Biolley, Orlando Ramírez, Romer Cruz, Luis Colmenares (quien se encuentra en Venezuela). Esta empresa tiene adjudicada cerca de 6 rutas, Tres Ríos, Curridabat, Zapote, Montufar y otras.
La denuncia ubica los aparentes hechos el 2 de diciembre de 2017, fecha en que Moizán recibe una invitación de trabajo en Venezuela por medio de Everic Rivas, quien es chofer en esa nación y su amigo.
Rivas le cuenta a Moizán que un señor de nombre Luis Colmenares, ahora acusando ante el OIJ, le hizo una oferta de trabajo para viajar a Costa Rica. Según le comentaron al ahora ofendido, en nuestro país se requerían de choferes de autobús con experiencia y por eso vio una gran oportunidad.
Alejandro Moizán quien llegó a las instalaciones del diario de más venta en Costa Rica contó algunos detalles, “decidimos ir a conversar con ese señor Colmenares en su oficina, que la tenía en Valencia Avenida Bolívar Norte frente a la Torre Banaven, esto fue en los primeros días de enero de 2018. Everic Rivas les dijo a otros choferes y varios fuimos a la cita con Colmenares”
Moizán explicó además “cuando nos atiende, lo primero que nos pregunta es si tenemos pasaporte vigente, dijimos que sí, él les tomó fotos a todos los pasaportes de los que estábamos en el lugar, las tomó desde su teléfono celular. En el teléfono corriente conversaba con una persona de Costa Rica diciéndole que había varias personas disponibles”. Lo anterior se lee también en la denuncia en poder del DIARIO EXTRA.
OFRECIMIENTO
El denunciante argumentó que Colmenares les ofreció tiquete aéreo Venezuela-Costa Rica de forma gratuita, transporte terrestre desde el aeropuerto Juan Santamaría a los dormitorios de la Empresa Consorcio Operativo del Este, así como traslado desde el dormitorio hasta la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y hospedaje gratuito en la empresa Coesa hasta que comenzara a laborar, así como alimentación y capacitación por 120 días de transporte público, entre otros.
Asimismo, le prometieron seguro social, póliza de riesgos del trabajo INS, asociación solidarista, jornada laboral de ocho horas y un salario de ¢333.167, ahorro navideño, servicio de soda, estructura administrativa, entre otras.
UNA ESPERANZA
Moizán narró que llegó a Costa Rica en febrero de 2018 y que fueron a Migración en un microbús alquilada, cuyo servicio les cobraron luego. Cuando llegaron, les dieron cita para las 12:45 p.m. del sábado 24 de febrero. Ahí les dieron un carné de permiso laboral por un año.
Según el relato del afectado previo a hacer los trámites en Migración, otro de los acusados ante las autoridades judiciales, Romer Cruz, uno de los representantes de la empresa, nos contó “que era amigo de Orlando Ramírez, quien es dueño de los buses y presidente de la Cámara de Transportes, él sería el patrono y comentó de los beneficios que nos darían por entrar a ser sus trabajadores”.
“Habló además de una muchacha que no sé el nombre, ambos conocidos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta muchacha que va a la Iglesia es funcionaria de Migración y es ella quien facilita los trámites, ya que ella trabaja en el lugar Yo a ella nunca la vi, pero por medio de uno de los compañeros que iba a la Iglesia, me contó que él se entera que ella trabajaba en Migración y es quien le ayuda a Romer Cruz a hacer los trámites”, expresó. Moizán.
EL CALVARIO
De acuerdo con el sudamericano, las cosas comenzaron a complicarse cuando Cinthya Ramírez otra de las acusadas y quien en apariencia trabaja en el Consorcio del Oeste les dijo a los venezolanos que desalojaran el lugar un mes después de que habían llegado, a pesar de que en un inicio se les ofreció eso para trabajar.
Argumentó que trabajó como chofer cobrador, luego comenzó a conocer la ruta de Montufar, luego la de Villas de Ayarco, después la de Santa Marta 3 días, la de Cedros por ocasiones y luego conoció las rutas de Zapote-La Corte, Zapote Pista y Quesada Durán.
El denunciante asegura que meses más tarde lo dejaron fijo en la ruta de Zapote por pista desde abril hasta el 2 de noviembre de 2018, fecha en que fue despedido.
En los siete meses que laboró para la empresa, le descontaron la capacitación que en un inicio estaba incluida para venir al país, luego le quitaron el ahorro navideño y le cobraron el pasaje aéreo.
La denuncia indica que sufrió una colisión dentro de la empresa y que tuvo que pagar ¢215.000 semanales.
Moizán explica al OIJ que inicialmente le pagaron un salario de ¢50.000 por semana, luego le pagaban con un cheque del Banco Promerica a su nombre.
Durante el primer mes le subió el monto a ¢150.000 semanales, no obstante, con los rebajos, le entregaban ¢70.000 y en ocasiones ni siquiera le llegaba salario.
Agregó que recibieron presiones por parte de la empresa autobusera para manejar sin licencia y ni siquiera les daban días libres.
Denunció que las condiciones que se le ofrecieron para trabajar a Costa Rica nunca se dieron.
“CONDICIONES
INFRAHUMANAS”
DIARIO EXTRA conversó con Alejandro Moizán, quien relató que todas las promesas de trabajo fueron una farsa y que el sitio donde dormían se encontraba en condiciones infrahumanas.
Dijo el chofer afectado que la compañía autobusera los explotó en cuanto al horario de trabajo, en donde laboraron desde las 4:30 a.m. y que aún las 11 p.m. o 12 a.m. se encontraban en sus funciones.
Agregó que algunos compañeros defecaban en el bus porque no los dejaban bajarse de él.
Argumentó que muchos de sus compatriotas se encuentran en esa condición, pero por temor a sufrir represalias no hacen las denuncias. Ante este panorama decidió acudir también ante el Ministerio de Trabajo y ahora al OIJ por trata de personas.
“Yo espero que se haga justicia porque, así como nos tienen ellos a nosotros esclavizados, así van a seguir trayendo personas y van a seguir trayendo la masa obrera. Trabajan 17 horas y ellos pagan solo lo que les provoca, y que hacen los rebajos por las barras que son manipulables por una computadora”, explicó.
ESCLAVITUD
Francisco Campos, secretario general del Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines (Sinacoesa), acompañó a Moizán hasta las instalaciones de El Periódico de Más Venta de Costa Rica para defender a quienes se están viendo afectados por esta situación.
Campos agregó que es un asunto sucede con el extranjero en mayores proporciones pues tiene condiciones vulnerables que lo hacen susceptible al delito de trata de personas.
El representante sindical manifestó que esta acción que realizan con los venezolanos es prácticamente la esclavitud moderna del siglo XXI en Costa Rica, un país donde se dice se respetan los derechos humanos. “Nos es posible que empresarios ticos estén haciendo esto con los choferes venezolanos, debe investigarse”.
“No es posible que se le ofrezca tantas cosas a una persona en esto, que vaya una persona del mismo país de ellos y les ofrezca estas cosas aduciendo que hay faltante de choferes. Cuando ellos reclaman sus derechos, vienen las empresas y dicen: ‘O aceptan las condiciones como nosotros los tenemos o se van’, incluso hay personas que han sido amenazadas con ser deportados, esto es bien delicado”, expuso.
Manifestó que a este caso debe ponerle lupa la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se logren las soluciones pertinentes.
¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?
La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, señala que “la trata de personas es un delito que tiene lugar en todas las regiones del mundo. Las personas necesitadas de protección internacional que se mueven de manera irregular o que se encuentran en situaciones prolongadas son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata y pueden no ser capaces de buscar ayuda de las autoridades estatales para escapar de una situación de explotación”.
QUÉ DICE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
DENUNCIAS PENALES
Artículo 36: El Estado costarricense procurará en todo momento que las víctimas interpongan las denuncias penales respectivas ante sospecha del delito de la trata; sin embargo, la debida atención y protección integral a las víctimas de la trata de personas, nacionales o extranjeras, no dependerá de la interposición de dicha denuncia.
REPATRIACIÓN
ARTÍCULO 48.- Las autoridades competentes deberán facilitar la repatriación voluntaria de las víctimas de trata de personas y personas dependientes de la víctima nacionales en el exterior, sin demora indebida o injustificada y con el debido respeto de sus derechos y dignidad, previa determinación de su condición de nacional. De igual forma se procederá con las personas extranjeras que retornen a su país de origen o de residencia permanente, incluida la preparación de los documentos de viaje necesarios. La repatriación y el retorno en todos los casos serán voluntarios y se realizarán con el consentimiento informado de la víctima, previa valoración del riesgo y con la debida asistencia.
ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA
ARTÍCULO 73: Cuando el tribunal declare al imputado penalmente responsable del delito de trata de personas o sus actividades conexas, y se haya ejercido la acción civil resarcitoria por parte de la víctima y si así procediera, también lo condenará al pago de la reparación del daño provocado a la persona víctima. La condenatoria civil debe incluir: a) Los costos del tratamiento médico. b) Los costos de la atención psicológica y la rehabilitación física y ocupacional. c) Los costos del transporte, incluido el de retorno voluntario a su lugar de origen o traslado a otro país cuando corresponda, los gastos de alimentación, de vivienda provisional y el cuidado de personas menores de edad o de personas con discapacidad, en que haya incurrido.
ARTÍCULO 78: Será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años, el propietario, arrendador, poseedor o administrador de un establecimiento o lugar que lo destine o se beneficie de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes o sus actividades conexas.
Fuente: Ley 9095
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Fotos: Johanfred Bonilla
EMAIL: [email protected]
Jueves 29 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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