A pesar de que desde hace dos días DIARIO EXTRA ha intentado obtener alguna reacción de parte de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, sobre la denuncia en su contra que interpusieron los gremios judiciales, la jerarca ha optado por guardar silencio.
Hay que recordar que organizaciones como el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), el Sindicato del Ministerio Público (Simpu) y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) han manifestado que Aguilar manipuló a los magistrados de la Sala Constitucional para lograr la aprobación de la reforma fiscal en segundo debate en la Asamblea Legislativa.
Los gremios han cuestionado el cambio radical de opinión de la jerarca cuando en octubre de 2018, mediante una carta que envió a todos los altos jueces de la Corte, enfatizó que el proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no eliminaba la potestad del Poder Judicial en el tema de remuneraciones.
En específico señalaba que la hoy Ley de la República no afectaba la independencia del Tercer Poder porque no eliminaba la potestad de este de modificar su escala salarial o modificar los salarios bases.
Incluso mencionaba de forma explícita que la Corte tenía plena libertad de manejar al amparo de su independencia en materia salarial lo relacionado con la regulación de incentivos como la dedicación exclusiva o las anualidades.
Esa posición dista mucho de la determinación tomada este lunes, cuando Hacienda anunció la eliminación de una partida de ¢2.543 millones, como “castigo” al Poder Judicial por no ajustarse a las directrices en cuanto a remuneraciones, que señala la reforma fiscal.
Dicha partida, que sobrepasa el presupuesto ordinario de la Corte debido al cumplimiento de la regla fiscal, fue una solicitud explícita de los magistrados al presidente Carlos Alvarado para avanzar en la lucha contra la corrupción.
SIN RESPUESTA
La negativa de la jerarca de conversar con este medio se da pese a que solo se buscó su posición desde el jueves antes de la publicación de la nota con la denuncia en cuestión y se insistió durante el día de ayer.
Tras no contestar las llamadas a su celular, se limitó a indicar por mensajes que para gestionar un espacio debía hacerse a través de la Oficina de Prensa de Hacienda, ya que se encontraba en “una sesión”.
Este comportamiento de la jerarca dista de la actitud mostrada en el pasado, donde ha estado anuente a conversar de forma directa con el Diario del Pueblo y con la prensa en general.
Al cierre de edición y tras tres intentos por medio de la oficina mencionada, la posibilidad de hablar con la ministra fue nula.
PREGUNTAS
Este medio quería una reacción de la jerarca por la denuncia de los gremios judiciales, así como su posición sobre quienes aseguran que hay una contradicción entre la carta enviada en octubre del año pasado y el recorte de este lunes.
Asimismo, se desea conocer su parecer en torno a la posición de la Dirección Jurídica de la Corte sobre el peso que tienen las leyes especiales en la Corte (Ley de Salarios, Estatuto y Ley Orgánica), las cuales son más antiguas que la de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, siguen vigentes y generan derechos.
La información es relevante ya que desde ese departamento del Poder Judicial se ha insistido en que lo relacionado a incentivos como anualidades y carrera profesional está normado, precisamente en las leyes que generan la independencia constitucional.
A la ministra también se le iba a preguntar si tenía entre sus planes reunirse con los magistrados en aras de aclarar el tema, entre otras interrogantes (ver recuadro).
Cabe mencionar que sobre este particular, legisladores como José María Villalta y Franggi Nicolás han indicado que hay una clara contradicción por parte de Hacienda.
“Me parece que de alguna manera el Gobierno y la ministra mandaron esas cartas para lograr la aprobación del plan fiscal, pero ahora cambia de su posición. Habría que ver cómo hubiera resuelto la Sala Constitucional, si el Gobierno y la ministra hubieran sido transparentes en sus intenciones de intervenir directamente en el funcionamiento del Poder Judicial”, había indicado Villalta.
La liberacionista Nicolás había agregado: “El actuar de doña Rocío me parece poco transparente, turbio de parte del Gobierno, porque para algunos sectores dice una cosa y por otro lado dice otra. Creemos que se impuso un proyecto a golpe de tambor y con estos hechos nuevos convendría hacer nuevas consultas de carácter constitucional, porque ya que ahora si dicen que sí afecta al Poder Judicial, el proyecto debió requerir 38 votos. A menos de un año de aprobada esa ley vemos las consecuencias de la poca transparencia de un proyecto que se vendió como la pomada canaria para el país y que no ha salvado a nadie y solo genera caos y fracturas a nivel social”.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Sábado 24 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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