Las autoridades tienen identificadas al menos 105 pistas clandestinas en todo el territorio nacional las cuales estarían siendo utilizadas por los grupos criminales para el trasiego de drogas a través de aeronaves, sin embargo, la poder monitorearlas todas ha sido una labor prácticamente imposible.
La mayoría de ellas se ubican en propiedades privadas en el Pacífico Norte y Sur, esto porque las condiciones que ahí se encuentran, como el clima, son más favorables para ese tipo de vuelos.
Sin embargo, la policía está atada de manos ante la existencia de estas zonas de aterrizaje, pues según explica Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, actualmente no existe una ley que les permita ingresar a esas propiedades para inhabilitarlas.
Frecuentemente la Sección de Vigilancia Aérea realiza recorridos en el país para detectar estas pistas, documentar fotos y coordenadas, pero una vez que las ubican lo único que pueden hacer es junto con personal de Aviación Civil buscar al propietario, notificarlo y recomendarle que la inhabilite.
“No tenemos las herramientas legales para, por ejemplo, pedirle yo al personal nuestro que ingrese a ese lugar y la inhabilite o utilizar un tractor para hacer huecos, poner estañones o dinamitándola si fuera el caso. En la legislación no existe una norma expresa que permita eso porque estamos hablando de una propiedad que es privada, lo que se hace habitualmente, que es el proceso que nos permite la ley, es notificar al propietario”, explicó.
En gran parte de los casos los dueños aseguran que son caminos que utilizan en sus labores diarias en sus propiedades, como el traslado de ganado, y que no han autorizado a ninguna persona a que le de ese uso.
En muchos otros se ha logrado establecer que los dueños están vinculados a las organizaciones narco. No obstante, por el mismo vacío legal no hay nada que se pueda hacer contra ellos.
“Tenemos de las dos circunstancias, se exponen a que se les haga la notificación y demás pero prácticamente la legislación no establece una sanción ni económica ni de prisión ante una situación de este tipo salvo que se le logre demostrar el vínculo directo con alguna organización criminal”, sostuvo.
De acuerdo con Soto, estas pistas siempre son improvisadas, de lastre y llenas de zacate lo que representa un alto riesgo al momento de aterrizar, razón por la que algunos pilotos terminan estrellándose.
También mencionó que en el pasado hasta en los parques nacionales se ha detectado la presencia de estas zonas de aterrizaje.
Cabe recordar que el 7 de agosto anterior en una pista clandestina de Pijije de Bagaces, Guanacaste, las autoridades detectaron la salida de una avioneta cargada de cocaína.
Ese día la aeronave estuvo en suelo tico por al menos 7 minutos, pues cuando sus ocupantes se percataron de la presencia policial dejaron todo a medias y salieron huyendo.
Horas después, la policía de Guatemala reportó que en Tecales I en una comunidad llamada Rancho Dulce del municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez, se estrelló un aparato con las mismas características. En la escena se ubicó dos cadáveres de unos mexicanos y 125 kilos de coca.
ANALIZARÁN SITUACIÓN
Ante la consulta sobre si desde el ministerio se ha pensado en alguna propuesta para evitar que la ley les impida actuar ante la presencia de una pista clandestina, Soto aseguró que es algo que están analizando.
“En el fondo es una propiedad privada, pero es algo que deberíamos analizar para ver que mecanismos podríamos utilizar, porque es ingresar a una propiedad privada y destruir o inhabilitar algo dentro de esta, es algo que deberíamos entrar al análisis”, dijo.
Agregó que pese al impedimento legal seguirán trabajando en el tema de las trazas, radares y demás equipos que les da mayor potencialidad para minimizar que Costa Rica siga siendo utilizado como bodega de los grupos criminales cuyo destino final es el norte del continente.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: (Imagen con fines ilustrativos)
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Viernes 16 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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