El proyecto Reforma a la Ley Reguladora de Mercado de Valores expediente 20.992 plantea dar un fuero especial a los superintendentes y a directivos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La iniciativa que ya se envió al Plenario plantea que “no será admisible la demanda por responsabilidad civil o penal en lo personal, interpuesta por el administrado, contra ninguno de los miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, de la junta directiva del Banco Central de Costa Rica, el gerente y el subgerente del Banco Central, los superintendentes e intendentes del Sistema Financiero Nacional, los funcionarios de las superintendencias con poder de decisión en materia de supervisión financiera”.
Lo mismo aplicaría para los órganos directores de los procedimientos administrativos sancionatorios, por actos o conductas relacionadas con el ejercicio de sus deberes, funciones o atribuciones relacionados o resultantes de la actividad de supervisión o regulación financieras, hasta tanto exista sentencia judicial en firme que anule el acto administrativo correspondiente. Esta inadmisibilidad aplica tanto para quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones como para aquellos que hayan cesado en el ejercicio de sus cargos, plantea el proyecto.
Añade que “la protección legal a la que refiere el presente artículo aplicará únicamente cuando el acto o conducta sujeta a esta protección, se derive de un acto administrativo”.
Aunque el proyecto salió así de la Comisión Legislativa que ve los proyectos OCDE, un grupo de diputados van a plantear por medio de mociones que ese fuero especial sea revertido.
El diputado Jonathan Prendas, presidente de dicha comisión, dijo que él no está de acuerdo porque considera que es darles una protección especial que no es necesaria. También manifestó que eso no es un asunto OCDE, sino que fue un planteamiento del Poder Ejecutivo y por eso aparece esa protección legal dentro del proyecto.
Por su parte, el diputado Pablo H. Abarca, considera que si eso se dejara en el proyecto habría que delimitarlo.
“No puede haber un superintendente superpoderoso. Habría que precisarlo, no puede ser una inmunidad como la que tiene un embajador. Podría haber un fuero especial, pero no abierto. A como quedó redactado a mí no me convence, no puede haber oficinas donde uno no pueda cuestionar nada”, dijo Abarca.
Asimismo, el diputado Erwen Masís comentó que habría que evidenciar un acto ilícito para después iniciar un procedimiento a título personal en contra de ellos.
En ese sentido, se tendría que seguir un debido proceso y si el acto es evidenciado, cualquiera puede seguir un proceso civil o penal en contra de ellos, lo que no pueden es presentar una demanda sin que se haya evidenciado que existe un acto ilícito.
“Yo no estoy de acuerdo en que se establecieran estas medidas, no hay por qué dar protección desde mi punto de vista, ellos hablan de que se ha estado utilizando como chantaje, una empresa cualquiera va y denuncia a un funcionario y lo utiliza como chantaje, y desde ese punto de vista es peligroso, al final se buscó en el proyecto un punto intermedio. Es un requisito de la OCDE por eso no lo pudimos quitar”.
DIARIO EXTRA intentó obtener el criterio de los superintendentes, pero indicaron que hasta hoy podían dar una respuesta.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Martes 13 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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