Los magistrados acordaron este lunes solicitar una prórroga de 18 meses para la entrada en vigencia de la Ley contra la Delincuencia Organizada debido a la falta de recursos.
Dicha normativa y todo lo que conlleva -desde la restructuración de personal hasta la adecuación de instalaciones- está para entrar a regir en octubre del presente año.
Con el aplazamiento, la ley que fue promulgada en el 2019, se materializaría hasta marzo del 2021.
Patricia Solano, magistrada de la Sala de Casación Penal, explicó que para ejecutar lo dispuesto en la normativa, el Poder Judicial requiere unos ¢44 mil millones anuales, monto prácticamente inalcanzable en momentos de estrechez fiscal.
Con el acuerdo, que quedó en firme este lunes, la Presidencia de la Corte le remitirá un oficio al mandatario Carlos Alvarado para que se haga la petición a la Asamblea Legislativa, aprovechando que el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias.
BAJA EN COSTOS
La prórroga de 18 meses y no de 30 meses, como se había solicitado en marzo anterior, iría acompañada con una baja en los costos, que se verían reflejado en el presupuesto del Poder Judicial.
Lo anterior porque el aplazamiento de 30 meses suponía un costo de poco más de ¢22 mil millones, mientras la de 18 meses, unos ¢19 mil millones.
Solano explicó que el monto sería solicitado de forma escalonada, requiriéndose para 2020 unos ¢4.500 millones y para 2021, unos ¢15 mil millones.
La magistrada agregó que, en cuanto a la atención con lo relacionado a este tipo de delitos, se continuará abordando como hasta este momento.
“Actualmente se atiende crimen organizado en todo el país. De eso no hay ningún problema porque el país nunca ha desatendido la atención del crimen organizado”, dijo Solano.
Continuó: “La ley de la jurisdicción especializada de crimen organizada lo que pretende es darle un abordaje más específico, reforzando al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público para que ellos puedan realizar una mayor investigación y que entonces seamos más exitosos, sobretodo en la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción”.
La ley 8.754 busca centralizar en San José el conocimiento del crimen organizado para lo cual además de capacitación -único rubro en el que se ha avanzando de forma plena para asumir la normativa- también se requieren la constitución de dos tribunales, conformados cada uno por cuatro jueces y el acondicionamiento del espacio físico para cumplir con el protocolo de seguridad.
También pretende brindarles una particular protección a todos los operadores del sistema y a sus respectivas familias, situación que encarece hacer efectiva la normativa.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 13 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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