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Sucesos

Demandan a Justicia y Paz por ¢34 mills.

Por disminuir sueldo de un funcionario

  • Una nueva polémica envuelve a la funcionaria a cargo de Justicia.

  • Esta es la denuncia presentada contra el Ministerio de Justicia y Paz.

  • Esta es la denuncia anterior por acoso laboral, presentada contra la ministra González, por parte del exjefe de la Unidad de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia.

  • Marcia González Aguiluz, Ministra de Justicia y Paz, deberá enfrentar otra denuncia en su administración.

Una nueva denuncia deberá enfrentar Marcia González Aguiluz, ministra de Justicia y Paz, luego de ser demandada ante el Juzgado Laboral del Primer Circuito Judicial de San José. 

Se trata de un proceso de reconocimiento de diferencias salariales y pago de dedicación exclusiva por la suma de ¢34 millones.

De hecho, el denunciante se apersonó a interponer la medida cautelar y solicitar el reconocimiento de las diferencias salariales y el pago de dedicación exclusiva, en contra del Ministerio de Justicia y Paz.

 

HECHOS

 

Según el denunciante, quien solicitó reservar su nombre, él ingresó a trabajar al Ministerio de Ciencia Tecnología y Comunicaciones el 16 de mayo del año 2017, en el puesto de Profesional del Servicio Civil 1, con contrato de dedicación exclusiva de un 55% mensual más el salario base. 

Para el 15 de junio del año 2018, el Ministerio de Justicia y Paz donde laboró posteriormente, le cambió el contrato de trabajo y le redujo el plus del 55% a un 25% alegando que, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9.635, expediente legislativo 20.850, se le disminuía el plus salarial.   

En apariencia, de manera arbitraria el Ministerio de Justicia le hizo firmar otro contrato, violentando el derecho a un justo salario y generando un abuso de parte del Estado.

“El oficio en que se ampara la administración, en este caso la jefatura, es irrisorio y desproporcionado. No indica claramente por qué no se me afecta el salario y en forma abrupta se rebaja dicho monto de un 55% a un 25% del rubro. Las leyes de control interno en el Sector Público, la Constitución Política y las otras normas legales, debieron haberse contemplado antes de tomarse la decisión de denegarme la solicitud de estudio para el no rebajo del pago del plus de dedicación exclusiva. Según lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República número 6.815, todos los dictámenes y pronunciamientos de la institución son de acatamiento obligatorio”, sentencia el afectado.

Es más, de acuerdo con lo que consigna el decreto ejecutivo 41161-H, emitido por el presidente de la República y su Ministra de Hacienda, “los funcionarios que tienen derechos adquiridos no se les afectará el salario”, agrega.

Manifiesta además que la Administración de forma abrupta le reduce el salario, generando un detrimento en sus finanzas y estilo de vida, que se ha visto afectado en forma familiar al no poder sufragar los gastos de su vida privada.

“Solicito con todo respeto pueda declarar en juicio para explicar todo el sufrimiento económico y moral que he pasado por la pérdida de mi salario en estos dos años. Como medida cautelar solicito se suspenda el acto administrativo, contra cualquier resolución que me deniegue el pago completo de dedicación exclusiva”, consigna.

Aduce el denunciante que lo anterior le genera un problema en el pago de los préstamos y en la manutención de la familia. Además, que al llevar por año y medio un estilo de vida menos gratificante, al estar recibiendo un salario muy inferior al que en derecho le correspondía, genera grandes problemas de estrés post traumático y problemas de convivencia familiar. 

Para su abogado defensor, el Lic. Josep Rivera, lo ocurrido es un claro atropello a su cliente, pues hay suficiente material de prueba incluido en el decreto presidencial el cual indica que no se puede rebajar el salario abruptamente.

“Estamos esperando que el juzgado acoja la medida cautelar presentada y que se retrotraigan los efectos al origen del salario que tenía mi representado”, menciona el abogado.

Para Rivera, ante lo ocurrido es necesario la solicitud del pago de las diferencias salariales que ha tenido su defendido, además dice que no entiendo cómo la administración pública, en este caso la Ministra de Justicia y Paz, mas bien lo que genera es una pérdida de confianza hacia el Estado y desconsuelo en los trabajadores.

 

CUANTÍA

 

Así las cosas, el denunciante estima que la demanda alcanza la suma de ¢34.000.000,00 en forma provisional por las diferencias salariales del pago de dedicación exclusiva y por el daño moral objetivo y subjetivo

Además, como pago del daño moral objetivo y subjetivo se estima ¢10.000.000. 

Asimismo, el pago de diferencias salariales de dedicación exclusiva por un monto de ¢24.000.000,00, de fecha del 15 de junio del año 2018 al 18 de julio del año 2019.

También pide el denunciante pagar la indexación, sobre las sumas otorgadas, hasta su efectiva cancelación; las diferencias salariales sobre salario ordinario, sobre pago de tiempo extraordinario y sobre el pago de aguinaldo.

También, las diferencias salariales sobre el pago de salario escolar, sobre el pago de anualidades y retención respectiva, sobre el pago del Fondo de Capitalización Laboral y Régimen Obligatorio de Pensiones.   

Y por último al pago del daño moral objetivo y subjetivo en esta acción.

 

ESCÁNDALOS CONTINUOS

 

Parece ser que la ministra González no sale de una para meterse en otra. Así por ejemplo recordemos como fue acusada también por acoso laboral junto al ex viceministro José Fabián Solano, por parte de Manuel Delgado Cubillo, exjefe de la Unidad de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia.

Delgado llegó al Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, el pasado 1 de abril y dijo “que ha sido víctima de maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento y desprotección laboral, situación que en sus 18 años de laborar para Justicia desde 2001 nunca había sufrido y de ahí el planteamiento de la denuncia,

Los hechos se remontan al 11 de mayo de 2018, tras un recorrido con la ministra, esta le preguntó por qué la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) fue adjudicada para el tema de monitoreo electrónico.

“Le expliqué todo el proceso, ya que estaba bien informado, amén de que el suscrito fue el presidente de la comisión que realizó el estudio para la adjudicación del alquiler de los brazaletes a la empresa ESPH.

Me dijo que no le parecía eso, que se podría sacar a la ESPH, ya que existen empresas privadas que pueden estar dando este servicio, y que la ESPH le había quedado muy mal a una persona muy cercana a ella, que había perdido un montón de dinero”.

Recientemente la ministra recibió la queja de parte de la jefa de la unidad de Género de Justicia y Paz, denunciando a su entonces viceministro, José Fabián Solano, por haberle enviado un video de porno explícito. Tras una serie de indagatorias se confirmó lo ocurrido y se suspendió a Solano por 15 días, pero días después este decidió presentar su renuncia.

En tanto, la más reciente fue la liberación de dos travestis privados de libertad a quién se les permitió ir a la marcha de la diversidad, incumpliendo con todos los procedimientos.

En realidad, la ministra no la ha tenido fácil este año, pues por último tuvo que dejar en libertad a varios reos por la falta de brazaletes de monitoreo y ahora ante esta nueva denuncia, habrá que esperar la respuesta de Justicia.

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Martes 23 Julio, 2019

HORA: 12:00 AM

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