¿Fue legal la forma en que se contrató al gerente general del Banco Central, Eduardo Prado?
A cinco años de su nombramiento, la pregunta no tiene respuesta y mientras tanto este ha seguido devengando su salario más pluses.
Desde el mes de febrero, el banco recibió un informe jurídico externo sobre la situación de Prado.
Sin embargo, cinco meses después, el tema no ha sido tratado por la junta directiva.
Hasta ahora, el banco no ha hecho público el documento y ahora alega que se requiere hacer un nuevo análisis porque es un tema muy complejo.
Parte de lo que se pretende dilucidar es si es legal la estructura salarial que cobija a Prado.
La tesis del sindicato ANEP-BCCR del banco siempre ha sido que este debió ser liquidado y luego recontratado en el puesto de gerente.
Prado ascendió a dicho puesto en el año 2014 y se le permitió que continuara con sus beneficios laborales. Esto ocurrió en la administración del entonces presidente del Central, Olivier Castro.
El banco admitió que, al contratarlo no analizaron que la situación del funcionario era muy particular, porque está dentro de la escala de salario básico más pluses, nombrado en un puesto de la escala salarial gerencial o sueldo global.
En una nueva consulta hecha por DIARIO EXTRA, el banco indicó que todavía no se ha tomado una decisión y que ni siquiera ha sido de conocimiento de la junta directiva del banco, presidida ahora por Rodrigo Cubero.
Indicaron que el problema es que no solo se trata no de valorar el criterio jurídico externo y sus implicaciones para este caso concreto, sino además decidir el tratamiento de situaciones similares a futuro.
“Eso requiere preparar un análisis, que deberá ser visto informalmente por la Junta Directiva primero, y con base en los lineamientos que se decidan se deberá preparar un acuerdo para su aprobación final por la junta”, señaló el Central a través de la Oficina de Comunicación.
Reconocieron que el estudio externo que habían contratado para ver este tema se recibió desde el 26 de febrero de 2019, por parte de la responsable administrativa de la contratación, Marjorie Jiménez, quien es compañera de Prado desde la administración anterior y quien en algún momento fue la mano derecha de Olivier Castro y hasta había sido sugerida para ocupar una intendencia de pensiones.
El Central había pagado ¢5 millones por este análisis jurídico externo, que se mantiene oculto a la opinión pública.
El ente emisor descartó que el funcionario haya presentado alguna gestión para pensionarse.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Lunes 22 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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