Hacia un cambio en el Estado y la forma de gobernar
Carlos E. Serrano Rodríguez*
El crecimiento del Estado y la institucionalidad pública en Costa Rica creó condiciones de gran desarrollo y efectividad en la acción pública hasta mediados de la década de los ochentas, pero debido a las medidas de ajuste estructural aplicadas a partir de 1986, por presión de los organismos financieros internacionales, se debilitó la acción pública y las instituciones poco a poco se fueron alejando de su misión y objetivos y de las necesidades sociales: se perdió la rentabilidad social.
Bajo el argumento de que había que disminuir la planilla estatal se trasladan funciones claves para el desarrollo equilibrado y con equidad a la empresa privada y las que no son rentables, y que no le interesan a esta, dejan de prestarse y se deteriora el servicio público en áreas básicas para la calidad de vida: salud, educación, vialidad, obras de infraestructura y mantenimiento a la infraestructura existente. Las principales manifestaciones de esta realidad las representa el franco deterioro de los edificios de escuelas y colegios, las carreteras y puentes, los hospitales y los servicios que debieran recibir los asegurados y, en general, los servicios al usuario, por falta de una gestión pública adecuada y con sostenibilidad en el tiempo.
Los principios fundamentales de la función pública se dejaron de cumplir por falta de compromiso y liderazgo de los dirigentes, de capacidad gerencial para aplicar el proceso administrativo a favor de la calidad de vida y por el secuestro de las instituciones por parte de los sindicatos y gremios que anteponen el interés particular al bien común. Al mismo tiempo, se dejó de actuar con racionalidad, equidad y proporcionalidad en la fijación de políticas, la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones públicas, pasando la rentabilidad financiera y el objetivo económico, a ser más importantes que lo social y humano.
Los problemas y conflictos sociales y económicos que hoy enfrentan el país y el gobierno son una respuesta a la negligencia con que se actuó en los últimos treinta años y que los políticos actuales tratan de esconder o ignorar, por ser actores y cómplices del deterioro del Estado y la institucionalidad, y que la sociedad ya se olvidó de lo que hicieron o dejaron de hacer, lo cual es grave para enfrentar el futuro.
Entre las principales manifestaciones que caracterizan la gestión están:
Deterioro de la institucionalidad; pérdida de misión; ineficiencia en procesos; débil capacidad de respuesta a necesidades humanas y sociales; Estado mal administrador; incapacidad de gestión; prevalece el clientelismo político; criterios políticos se sobreponen al profesionalismo y a la técnica; la gestión se convierte en un instrumento político-electoral, que fortalece el clientelismo; unión del poder político con el poder económico, que lleva al favorecimiento de los que más tienen; ausencia de liderazgo y gerencia pública; decisiones incrementalistas y de corto plazo; corrupción en crecimiento; aumento de la pobreza y del nivel de indigencia; los sindicatos se apropian de los entes; y deterioro de la clase media que constituía un verdadero “colchón” para la democracia. Este estado de cosas lleva a que los políticos se escuden en la mediocridad e inventen el término de “ingobernabilidad” de las instituciones, lo que no es cierto, ya que estas no son deficientes, sino que son los dirigentes y funcionarios los que fallan por su falta de liderazgo, de capacidad y competencia de gestión y sobre todo de creatividad e innovación para enfrentar los cambios del entorno y aprovechar las oportunidades que éste ofrece. Con mayor identificación y compromiso con el interés común se puede lograr más efectividad en la acción y cambiar la situación.
El país demanda un Estado y una Administración Pública más productiva y más comprometida con el desarrollo y la calidad de vida -más cercana con el ciudadano y sus necesidades-, pero los planteamientos de los partidos políticos que han asumido el poder en los últimos treinta años se han quedado en el discurso y en el papel, sin proyectarse hacia un cambio positivo al respecto. Más bien se ha dado un deterioro del Estado, de las instituciones, de su accionar y del cumplimiento de su misión, lográndose como consecuencia una gestión pública desordenada, contradictoria, permisiva, improductiva, ausente de transparencia y negligente. Esta realidad, unida al contubernio entre el poder político y el poder empresarial para erosionar la hacienda pública, obtener mayores ganancias, evadir impuestos y aumentar el contrabando y la corrupción, ha permitido la crisis o el caos nacional que se vive.
El alejamiento de las organizaciones del pueblo y de sus necesidades, el deterioro de los valores éticos y la calidad de vida, el incremento de la corrupción, el desempleo, la pobreza y miseria y la insatisfacción por los servicios públicos crecen cada vez más, lo que debilita la credibilidad y confianza en el sistema político y sus dirigentes y es abono para los sindicatos irresponsables. Todo lo cual expone la necesidad de que exista mayor liderazgo y capacidad y competencia gerencial pública para cambiar esta situación, la cual no se vislumbra en el panorama nacional: la oferta político-electoral es muy pobre, engañosa, superficial y oportunista. A tener cuidado con la selección de alcaldes, diputados y presidentes en el futuro, si queremos un verdadero cambio.
* Máster en Administración Pública
