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Nacionales

Polémica con proyecto que inhabilita empresas

Que incumplen contratos con el Estado

La diputada Karine Niño insistió en que con su moción respondió a las observaciones de la Contraloría

La diputada liberacionista Karina Niño denunció que existe una injerencia de personas externas (entre ellas del exlegislador Otto Guevara) que han sembrado dudas en algunos legisladores contra el proyecto que ella impulsa (expediente 20.648) y que permitiría a la administración pública solicitar la inhabilitación de una empresa que incumpla contratos con el Estado de 3 y hasta 10 años.

El proyecto ya estaba por votarse por segundo debate, pero fue retrotraído al primer debate, para hacerle unas correcciones, luego de observaciones de la Contraloría General de la República.

Según explicó la diputada a DIARIO EXTRA, en el texto se hablaba de infracciones “graves” para sancionar a las empresas, pero no se explicaba bajo qué parámetros se caía en esa falta, es decir era muy abierto.

Por ello, ella va a presentar una moción para determinar esa gravedad incluyendo varios puntos: 1. Las acciones u omisiones del contratista que ocasionen retrasos, daños o defectos en el proyecto de infraestructura vial pública que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas.

2. Conductas atribuibles al contratista que causen un encarecimiento no previsto en los costos de la obra y que no logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en el contrato.

3. Los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales ya ha sido sancionado previamente mediante otros mecanismos previstos en la ley y en el contrato.

4. Que incumpla de forma grave. 

Niño insiste que debe existir un debido proceso antes de llegar a esta determinación.

“Los contratos se hicieron para cumplirse, pero a como está redactada la ley, está hecho como que es viable incumplir. A mí los diputados me dicen que fue don Otto el que les dio un documento criticando la moción y llamó a varios diputados creando esa duda de que el proyecto no está bien”, indicó la diputada.

 

PIDE MESA DE DIÁLOGO

 

El exdiputado Guevara reconoció a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que él redactó las observaciones al texto del proyecto por solicitud de la Cámara de la Construcción.

Por ejemplo, se critica que una municipalidad pueda decretar una inhabilitación de 3 a 10 años a una empresa para contratar con todo sector público. 

“La propuesta de que cualquier administración pueda decretar la inhabilitación de una empresa para contratar con todo el sector público, enfrenta no solo el problema de que sería juez y parte, sino que las capacidades gerenciales y técnicas de todas las administraciones son muy disímiles”, indicó Guevara en el texto. 

Agrega que cuando se habla de “omisiones del contratista que ocasionen retrasos, daños o defectos en el proyecto de infraestructura vial pública que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas” no se tiene claro quién determina esto.

“Se habla de incumplimientos reincidentes, ¿quién los determina?, ¿y qué tipo de incumplimientos?, ¿cuántos incumplimientos califican como incumplimientos reincidentes?”, se cuestiona.

“Si a una empresa le aplican una pequeña multa por no presentar por ejemplo la cuadrilla entera, o no poner la cantidad de conos establecidos en el contrato, y luego de la sanción correspondiente, reincide, ¿eso daría pie a una inhabilitación de entre 3 y 10 años para construirle a todo el sector público? Tal parece que estamos ante una sanción desproporcionada y no razonable”, agrega el documento.

Guevara mencionó que ante estos cuestionamientos lo que están solicitando es que la diputada abra una mesa de negociación con la Cámara de Construcción, especialmente con el Comité de Infraestructura de esa Cámara, antes de someter a votación el texto sustitutivo del proyecto que se está elaborando.

 

DESPROPORCIONADO 

 

La Cámara de la Construcción también emitió sus preocupaciones del proyecto ante la consulta de este rotativo.

“Este proyecto en específico hemos hecho observaciones porque nos parece que desconoce los principios de proporcionalidad y razonabilidad definidos en la Constitución Política. El proyecto no delimita claramente en qué consiste el eventual incumplimiento de una empresa, y eso puede generar una situación de inseguridad jurídica, pues ante cualquier hecho aislado o relativamente pequeño se podría abrir un proceso incluso motivado por represalias. Entonces, apelamos a que se corrija ese aspecto del texto, para que estén claras las definiciones de falta y tener claras las reglas. Por eso, compartimos la posición emitida por la Contraloría General de la República, que advierte a los diputados de las inconsistencias del proyecto”, indicaron vía correo electrónico.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Lunes 08 Julio, 2019

HORA: 12:00 AM

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