Luego del malestar de varias estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su mayoría de la Facultad de Derecho, por tantos casos de acoso sexual en su contra por parte de profesores, en el centro educativo revelaron el listado de 65 funcionarios que han sido procesados en los últimos 20 años.
Incluso, la indignación y furia de las universitarias hizo que estudiantes de las distintas casas de estudio públicas se unieran y decretaran el 27 de mayo un estado de emergencia.
Parte de las peticiones de las jóvenes era que las autoridades de las U públicas revelaran el listado de quiénes fueron y se encuentran bajo investigación por esta causa.
El oficio R-3543-2019 firmada este viernes por Henning Jensen, rector de la UCR, detalla que el listado es de funcionarios sancionados por hostigamiento sexual entre 1996 y 2018.
El documento aclara que “están excluidas las personas sancionadas en calidad de estudiantes al asistirles el derecho privado, y quienes al día de hoy han fallecido, pues se considera que existe una excepción de interés actual, además de una protección especial por el derecho al honor y a la protección de datos”.
Marlen León, vicerrectora de Docencia del recinto educativo, señaló la importancia del proceder y lo consideró necesario al ser un derecho de la población estudiantil, por tratarse también de información de interés público.
“En la UCR somos funcionarios públicos, así que nuestro actuar está determinado por la transparencia, esta información debe ayudarnos a mejorar la toma de decisiones. Es claro que, para contratar un docente, indistintamente del lugar de trabajo, resulta necesario conocer si es idóneo para el puesto”, adujo.
“Este tipo de información permite cuestionar esa idoneidad y si se tiene conocimiento de estas situaciones, es posible rechazar una oferta de servicios de personas con este tipo de conductas”, añadió León.
En caso de presentarse situaciones con personas ya contratadas, los datos permiten poner en duda su continuidad, además de tomar medidas para no afectar a los estudiantes y a la propia institución.
En casos investigados, la UCR ha separado a las personas señaladas de dar clases o supervisar tesis. Se ha tramitado la renuncia tácita cuando el docente no se presenta a trabajar y abandona sus labores, como sucedió en el caso del ex sacerdote Mauricio Víquez, quien también solicitó un permiso sin goce de salario por "razones de salud" y se le negó.
“El hostigamiento sexual es una situación inaceptable y cualquier estudiante indistintamente de su edad, condición socioeconómica o situación en general, debe conocer esta información para exigir su derecho a estudiar en un espacio libre de hostigamiento sexual. La UCR defiende a las víctimas de hostigamiento sexual”, sentenció la vicerrectora de Docencia.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Sábado 08 Junio, 2019
HORA: 12:00 AM
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