Para la Contraloría General de la República (CGR) el texto sustitutivo del proyecto Ley Especial de Extinción de Dominio, que se tramita bajo el expediente 20.868, genera dudas.
La CGR emitió una serie de observaciones que deben ser consideradas por los diputados que analizan el tema.
Del texto estudiado se desprende que vía reglamento se pretende normar el Régimen de Contratación Especial, las contrataciones que se realicen con el fondo especial, ejecución del presupuesto del fondo especial.
Además los procedimientos de venta anticipada y los bienes declarados en extinción de dominio mediante sentencia judicial a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
En el criterio emitido por la Contraloría, en el oficio DJ-0570, se determina que en relación con el Régimen de Contratación Especial no queda claro si las contrataciones se regirán por el mismo reglamento del Poder Ejecutivo.
Lo anterior ya que la Ley de Contratación Administrativa señala que la CGR deberá rendir un informe sobre los reglamentos emitidos por el Ejecutivo en cuanto a contrataciones de carácter especial.
“Aunado a lo anterior, no queda claro si el reglamento que deba crearse para los procedimientos de venta anticipada y sobre los bienes declarados en extinción de dominio establecido en el artículo 121 del texto sustitutivo, es un reglamento diferente al antes mencionado”, detalla la Contraloría.
La CGR recordó que ha manifestado en varias oportunidades su disconformidad con las iniciativas legales que pretenden desaplicar la Ley de Contratación Administrativa a entidades públicas.
“Para el presente proyecto de ley se considera importante agregar algunos datos de los procesos del ICD de los últimos tres años, incluidos por ese Instituto en el Sistema de Consulta de Compras con Fondos Públicos (SIAC) de la CGR con el propósito de ahondar a la discusión”, puntualiza la entidad fiscalizadora.
Al mismo tiempo reseña que “la tramitación de los procesos ordinarios de contratación no es la razón principal para que se considere que el ICD tiene problemas en su gestión. Ello porque no los utiliza como mecanismo primordial para satisfacer sus necesidades de compras”.
Por lo cual, la instancia es del criterio que, si el legislador desea dotar al ICD de un mecanismo más ágil en sus compras, debe ser estructurado en la propia ley.
Tampoco le queda claro a la entidad contralora del Estado si la intención de los diputados es que los dineros del fondo especial no pasen a ser parte del presupuesto nacional.
Situación que podría ir en contra del principio de unidad y universalidad presupuestaria dispuesto en los artículos 176 y 180 de nuestra Constitución Política, y el artículo 33 de la Ley de Administración Financiera, “lo que en todo caso iría en detrimento de la claridad y transparencia en el manejo de los fondos públicos”.
La CGR recordó que improbó el presupuesto inicial del ICD para 2019, puesto que los dineros no eran suficientes para financiar las partidas y subpartidas de gastos requeridos en el funcionamiento de la institución durante todo el año.
“(…) Por lo que se recuerda que la buena o mala administración de los bienes trae consigo eventualmente responsabilidad para el Estado”, reafirmó la Contraloría.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Sábado 25 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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