El papel aguanta lo que le pongan

EDITORIAL

En 1996 se logró la aprobación de una normativa que borraba episodios dolorosos de discriminación y sentaba las bases jurídicas del respeto y la inclusión en la sociedad costarricense.

Se trata de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y a decir verdad pocos países habían dado pasos agigantados en la materia, normando sobre los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas.

A 23 años de la entrada en vigencia de esa legislación podemos decir que “el papel aguanta lo que le pongan”.

Lo cierto es que el propio Estado y sus instituciones les han dado una bofetada a los sectores beneficiarios de esa ley, basta con echar un vistazo al desarrollo de las ciudades, a los edificios que usan las instituciones de gobierno y al transporte público para mencionar tres ejemplos.

Han pasado casi dos décadas y media y el país está en deuda, la normativa es letra muerta, la aplicación es un asunto antojadizo.

Los derechos de las personas adultas mayores, con discapacidad y embarazadas están a merced del resto de la colectividad, expuestos a un total atropello.

En Costa Rica viven cerca de 500 mil discapacitados, cerca del 90%, según datos oficiales, se encuentra en estado de pobreza.

Los datos del Censo Nacional de Población de 2011 revelan que un 63,86% no tiene trabajo y las mujeres son las más afectadas por el desempleo con un 77,83%. Las cifras serán actualizadas esta semana, aunque estamos seguros de que se mantendrán iguales o aumentarán.

Estos números a 2019 podrían ser mayores y no es de extrañar porque en 23 años, y aun con la Ley 7600, ni el Estado, ni la empresa privada se han comprometido al ciento por ciento con su cumplimiento.

No es posible que este país siga haciendo la vista gorda con su cumplimiento y las poblaciones vulnerables continúen implorando igualdad de derechos. En Costa Rica nos jactamos del respeto a los derechos humanos, de la tolerancia y la solidaridad, pero la experiencia nos muestra otra realidad.

Las personas en condiciones especiales no tienen que rogar por ser atendidas, el Estado está en la obligación de garantizar su calidad de vida y seguridad.

Para muestra un botón. Cientos de personas, desde niños hasta adultos, pese a su discapacidad no logran obtener una pensión que les ayude a mantenerse. Algunos casos muy serios llevan años durmiendo el sueño de los justos en los escritorios de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En el transporte público algunos choferes prefieren pasar a 100 kilómetros por hora por las paradas antes que detenerse, bajar la rampa y ayudar al pasajero con discapacidad. Ni que decir de algunos taxistas que haciendo uso de una placa especial han rechazado dar el servicio a esta población, todo por el tiempo o la atención que requieren los usuarios al momento de abordar o bajar.

Las rampas y las aceras son como un precipicio en muchos sitios, hay ayuntamientos que prefieren hacer la vista gorda que invertir en tales modificaciones, tal como la norma lo exige.

Las rampas de los buses son una utopía. Estas poblaciones han suplicado que todas las unidades estén obligadas a tenerlas y usarlas, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes insiste en hacerles el favor a las adineradas empresas de transporte público, entonces hay grandes irrespetos a la ley en este punto.

Los registros de Riteve indican que el 59% de los buses aprueba en la primera inspección y que los rechazos por defectos en la rampa de accesibilidad alcanzan el 3%, situación que lesiona los derechos de la población con discapacidad.

No dejemos por fuera las puertas de las instituciones públicas y los baños de acceso público, que pese a más de dos décadas de vigencia siguen igual, una silla de ruedas no pasa por ese espacio y tampoco hay una baranda para sujetarse.

Hablar de ascensores para el acceso a plantas superiores es como un sueño, hay quienes prefieren destinar personal de atención especial que llevar a cabo estos cambios de infraestructura.

Lo peor es ver a muchas madres de familia cargando a sus hijos para llevarlos a la escuela y ni siquiera una beca de transporte pueden pedir porque les dicen que no hay dinero.

Es poco razonable tal comportamiento, pues cualquiera, ¡ojo!, cualquiera podría sufrir alguna discapacidad y necesitar servicios accesibles, no porque sea un favor sino porque se trata de un derecho humano.

¿Cómo lidiar con la falta de oportunidades? Eso es impensable en un momento que el país afronta una época complicada social, política y económicamente.

Hoy por la cuota del gobierno las personas discapacitadas podrían optar por ciertos puestos y demostrar su capacitación y profesionalismo, pero tampoco les dan trabajo aduciendo que no pueden abrir más plazas.

En Costa Rica nos encanta pensar que todos somos igualiticos, que las leyes nos cubren a todos por igual y que sin importar nuestras condiciones tenemos miles de oportunidades esperando por nosotros, sin embargo eso no es cierto, si no que lo digan los discapacitados o los adultos mayores.

Los ciudadanos estamos obligados a comprender que el cumplimiento de esa normativa es nuestra responsabilidad; no usar los asientos preferenciales, no estacionar en sitios demarcados con azul. Es un asunto de lógica y razón, pero ante todo de responsabilidad y cultura que el país no ha querido asumir.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Martes 21 Mayo, 2019

HORA: 12:00 AM