Una propuesta que ingresó a la corriente legislativa pretende ser más estricta con las penas de prisión para aquellas personas que incurran en el delito de la tortura, especialmente aquella contra la población infantil.
El artículo 123 bis del Código Penal establece penas que van de 3 a 10 años de cárcel a quien ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales y en caso que las conductas las cometa un funcionario público la sanción oscila entre 5 y 12 años, así como la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones.
El proyecto de ley “Delitos contra los Derechos Humanos”, impulsado por Jonathan Prendas, diputado del bloque Nueva República, pretende agravar las sanciones existentes y hacer más duras aquellas donde se ven involucrados menores de edad.
El artículo 381 bis establece pena de 5 a 12 años de prisión a quien “aplique cualquier método que busque menoscabar la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental”, también a quien cause dolor físico o mental y a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control para investigar u obtener información como forma intimidatoria.
La pena será de 7 a 15 años cuando la tortura la cometa un funcionario público de forma directa o se convierta en cómplice, así como aquellas acciones que se perpetren en perjuicio de menores de edad o cuando se cometan por medio de actos “de naturaleza sexual”.
“La niñez confía en que se le proteja, pero la oposición del PAC a este proyecto fue lamentable. Nueva República volverá a poner en discusión el proyecto de ley para penalizar la tortura infantil, esperando que los opositores dejen de decir que no hace falta”, expresó Prendas.
Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional, manifestó que la intención el proyecto de ley se relaciona con los casos de omisión que se registraron en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Agregó que estas omisiones desatan en la mayoría de veces agresiones profundas a menores de edad.
“El proyecto modifica la pena para que no se aplique la condicional de la pena, sino que inmediatamente se aplique una sanción de cárcel. Existen casos numerosos de violencia infantil donde el maltrato y la tortura van más allá de un simple castigo.
No estamos como sociedad anticipando los daños que se están ocasionando en nuestra niñez y por eso tenemos casos de personas agredidas que van transmitiendo más adelante”, comentó.
El verdiblanco agregó que está bien establecer sanciones para los funcionarios públicos que desacaten acciones específicas para erradicar la problemática.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 21 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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