El informe de la Comisión de Control de Ingreso y del Gasto Público sobre las actuaciones del expresidente Luis Guillermo Solís y el exministro de Hacienda Helio Fallas, en el manejo del presupuesto nacional del 2017, donde hubo un “hueco” de ¢900 mil millones, concluye con una solicitud explícita a la fiscala general Emilia Navas, para que abra cuanto antes una acusación penal contra ambos por los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
El informe de 71 páginas se conforma del resumen de las 10 audiencias que se hicieron para investigar este faltante presupuestario que salió a la luz pública, luego que la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo que debería solicitar al Congreso un presupuesto extraordinario por unos ¢600 mil millones por el faltante para el pago de deuda interna, luego que el Gobierno anterior no previó que no podía colocar canjes de deuda a más largo plazo.
A ellos se sumaron otros ¢318 mil millones que los diputados tuvieron que aprobar que provienen del “error” de cálculo en la recaudación fiscal que proyectó la pasada administración.
Si bien la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió el expediente 18-000143-1218-PE para investigar si Solís y Fallas incurrieron en algún delito, a la fecha no existe una acusación penal formulada por la fiscalía.
EVADIÓ RESPONSABILIDAD
En el informe que fue dado a conocer este martes en horas de la noche, los legisladores resaltan como el expresidente, en su comparecencia por esta investigación, buscó evadir toda la responsabilidad del caso para echarle la culpa primero a los técnicos de Hacienda. En esa oportunidad alegó que él no hacía los presupuestos, aunque los diputados recalcaron que él firmó dicho presupuesto confeccionado en forma defectuosa el cual desembocó en una ilegalidad que rompió el principio de legalidad presupuestaria.
“El expresidente de la República fue omiso en su último informe a la Asamblea Legislativa respecto a la grave situación presupuestaria que generó el hueco fiscal. Más bien adujo cínicamente que había hecho un manejo heroico de las finanzas públicas”, indica el documento.
Agregan que Solís firmó el decreto Nº40.995 del 14 de marzo del 2018, donde se redujo en ¢412.790 millones del presupuesto para amortizar títulos de largo plazo en favor de un incremento de la partida para amortización de corto plazo.
“Si lo firmó es porque sabía perfectamente que la partida de amortización de la deuda a corto plazo estaba en cero, y que adicionalmente se habían hecho pagos de forma ilegal, y de ahí la necesidad pública del decreto. Esto nos hace pensar que su intención real era ocultarle a estos diputados y diputadas, así como a la población costarricense, este hecho sin precedente alguno en el manejo de la hacienda pública”, indica el informe.
CÁLCULO ELECTORAL
Aunque Solís siempre negó que la presentación de un presupuesto extraordinario para diciembre del 2017 en momentos previos a la campaña electoral, tuvo esa intención, para los legisladores que investigaron este actuar es más que claro que sí hubo esta intencionalidad.
Por ejemplo, el independiente Erick Rodríguez, lo dice con todas las palabras en un apartado del informe: “no cabe la menor duda que la ocultación en el tema del presupuesto y las finanzas del país se debió a que el gobierno quería ver como el PAC se volvía a montar en el gobierno, en los próximos cuatro años. Parece extraña la coincidencia de la ocultación de las finanzas públicas en diciembre cuando en febrero venían elecciones, posterior a esto en marzo se emite el decreto y en abril había segunda ronda y no es sino hasta junio que se anuncia el problema presupuestario del país”.
VIOLACIÓN DE NORMATIVA
En el informe se detalla en otro apartado de los diputados liberacionistas, Yorleny León, Franggi Nicolás y Luis Fernando Chacón, como Solís habría violado la normativa de la Constitución Política en los artículos 140,148,149,177 y 180.
También de la Ley de Administración Financiera y presupuestos públicos los artículos 108,110,112 y 114.
Además de la Ley de contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública en los artículos 3, 4 y 7.
Finalmente, el artículo 338 del Código Penal por abuso de autoridad por cuanto ordenó actos arbitrarios y contrarios a la norma, como es el pago de amortización sin tener autorización legislativa ni contenido presupuestario.
Igualmente el artículo 363: malversación de fondos, ya que se dio a los recursos una aplicación distinta a la que estaban destinados según lo aprobado por el presupuesto.
MINISTRO NEGLIGENTE
En el caso del exministro de Hacienda Helio Fallas, el informe enfatiza que el jerarca “actuó de forma negligente y no fue cuidadoso con los recursos públicos”.
Descalifican que Fallas en sus declaraciones en la comisión revelara que realizaba un manejo de la hacienda pública según “expectativas” y no con rigurosidad técnica, esto porque siempre excusó la no presentación del presupuesto extraordinario debido a las “altas expectativas” de poder captar recursos de una colocación que nunca se logró.
“Con base a las comparecencias se desprende que Fallas no fue previsor, falló como jerarca y líder del Ministerio de Hacienda. El exjerarca tuvo el panorama claro para gestionar a tiempo un presupuesto extraordinario que le permitiera no caer en pagos ilegales, pero, por el contrario, basado en supuestos y en expectativas inciertas con respecto a los canjes de deuda, (según lo reconoció el propio Fallas), no impulsó las medidas correctivas necesarias y más bien esperó a que fuera la persona sucesora en este Ministerio la que se encargara de tomar las acciones sobre este tema”, menciona el informe.
Resaltan los legisladores que, en su intento por evadir sus responsabilidades, Fallas buscó achacarle la culpa a Dirección de Crédito Público, a la Tesorería Nacional y a la Dirección de Presupuesto por la supuesta tardanza en tener los datos precisos para enfrentar los problemas de falta de liquidez que tenía el gobierno.
Pero en declaraciones juradas de exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza y el actual director de esa dependencia, Melvin Quirós, quedó claro que Fallas conocía desde marzo del 2018 que no iba a captar los $1.500 millones de deuda a largo plazo que esperaba el gobierno
“Además, alegó que un comité conformado por la Tesorería Nacional y Crédito Público, era el encargado de negociar todo lo relativo a los canjes de deuda y que él no supervisaba a dicho comité, pero fue contradicho y quedó evidenciado que la información sobre las negociaciones las manejaba Fallas e inclusive las conocía el expresidente Luis Guillermo Solís”, agrega el documento.
Los legisladores liberacionistas también resaltan la cadena de televisión que hizo el exmandatario donde utilizó términos que alarmaron sobremanera a los mercados. “Irresponsablemente esto implicó un aumento importante en las tasas de interés y una contracción del mercado interno para bonos de mediano y largo plazo, encareciendo la deuda y provocando una agudización de la concentración del endeudamiento interno de corto plazo”, indicaron.
DESTITUCIÓN
El informe pide que se abra una investigación contra los funcionarios de Hacienda que avalaron dicho presupuesto y sean destituidos de sus cargos.
“Los funcionarios que avalaron el presupuesto para el ejercicio económico del año 2018 deben ser destituidos e inhabilitados de ocupar cargos que involucren administrar recursos públicos. Si bien es cierto la responsabilidad final es del exministro Fallas como último jerarca, es inconcebible que el Ministerio de Hacienda cuente con funcionarios que puedan hacer incurrir en un error al máximo jerarca”, indica el informe.
Sobre el actuar de Marta Cubillo, entonces viceministra de Hacienda y hoy tesorera nacional, el informe indica la gran descoordinación que se presentó que: “evidenció poca o nula claridad de los datos, tardanza en la definición del faltante presupuestario, negligencia para actuar en consecuencia completando las partidas respectivas para los pagos de las obligaciones, provocando actuaciones irregulares en la amortización de deuda pública”.
Los diputados liberacionistas piden que se investigue el actuar de Cubillo, Julio Espinoza y Marjorie Morera, jefa de presupuesto nacional.
Según el informe, Fallas y los funcionarios de Hacienda y de Tesorería habría violentado los artículos 11, 140, 148, 149, 177 y 180 de la Constitución Política. De la Ley de Administración Financiera y presupuestos públicos los artículos 5, 8, 18, 34, 45, 107,108,110,112 y 114.
De la Ley de contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública los artículos: 3, 4 y 7. Y finalmente sobre el Código Penal los artículos 338, 339 y 363.
REGAÑO A CARLOS ALVARADO
El actual presidente Carlos Alvarado también recibe un regaño de parte de la Comisión en su informe, ya que califican como muy grave que el mandatario haya justificado a la ministra Aguilar por los ¢182 mil millones para el pago del vencimiento de deuda, sin que esto haya pasado por la autorización del Congreso como lo indica la ley.
“El mensaje dado por el señor Carlos Alvarado desde la máxima magistratura del país, avalando estas conductas ilícitas en diferentes medios de comunicación, puede generar un peligroso precedente antidemocrático que normalice las acciones autoritarias, opuestas al pluralismo y la soberanía popular. Por ello, esta conducta debe ser señalada y condenada de forma enérgica por todo el Plenario Legislativo y el pueblo costarricense que representa. Ninguna excusa es válida para embestir los cimientos democráticos de Costa Rica”, enfatiza el informe.
SOLICITUD DE VETO
Los diputados piden al resto del plenario que el informe sea conocido y votado para luego ser enviado al Ministerio Público.
Al Poder Ejecutivo le solicitan que presente a esta Comisión un informe consolidado con los hallazgos en relación con los errores que causaron este fallo en el presupuesto de la República y los pagos ilegales que se llevaron a cabo, los responsables, propuestas sobre la forma en que se abordarán, se prevendrán y corregirán este tipo de situaciones.
A la Contraloría General de la República piden: “inhabilitar para ejercer cargos públicos al exministro de Hacienda Helio Fallas, al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, a la Tesorera Nacional, Martha Cubillo (quien además asumió el viceministerio de Egresos de Hacienda), y a los funcionarios públicos que resulten responsables al efecto, por al menos cuatro años, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994”.
El informe concluye con una solicitud de los diputados liberacionistas que hacen un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos para no tomar en cuenta para cargos públicos ni de elección popular por el plazo de ocho años a Luis Guillermo Solís y Helio Fallas.
“Dado que no tienen competencia moral ni profesional, para ocupar un cargo público después de lo ocurrido, pues quebrantaron la institucionalidad del país y el principio de legalidad, además de haber expuesto al país a un inminente “default” financiero, que de no haber sido acogido por esta Asamblea Legislativa con la responsabilidad y prontitud que ha caracterizado el actuar en este período, hubiésemos estado como país en una posición de riesgo sin precedentes y con graves repercusiones en el resto de la economía nacional”, cierra el informe.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto archivo
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Miércoles 24 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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