Este lunes los diputados de la comisión especial que analiza las normas que debe aprobar Costa Rica para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dictaminó de forma unánime el expediente 21.248 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, luego de acoger un texto sustitutivo de esta iniciativa.
La iniciativa pretende establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas (es decir, las sociedades) en la comisión de los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, así como aumentar las herramientas legales para castigar a estas empresas que se vean beneficiadas por la corrupción.
El cohecho (también llamado soborno en el ámbito legal) es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.
Esta ley tendría aplicación tanto a personas jurídicas que tienen ánimo de lucro como aquellas que no tengan ánimo de lucro, siempre y cuando participen de hechos de corrupción
Además se aclara que entre las normas que se aplicarán está la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE, los tratados internacionales en materia de corrupción y el Código Penal.
DICTAMEN
La diputada independiente Ivonne Acuña fue la designada para elaborar el informe positivo de mayoría que se presentará al plenario para la aprobación en primer y segundo debate.
Explicó que el texto sustitutivo incluye cambios importantes para darle un parámetro más claro al juez para la determinación de la pena.
“Es decir, que estas sean proporcionales y tengan racionabilidad. También se acogieron los señalamientos de la Contraloría, en el sentido que las personerías jurídicas tienen que llevar a cabo su propio control interno, aunque se proponga un modelo de prevención”, explicó la legisladora.
El nuevo texto deberá ir de nuevo a consulta a varias instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, que en una votación dividida rechazó el proyecto alegando que este “sí incide” en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
El principal alegato del informe y que la mayoría de los magistrados avaló con su votación proviene de la Defensa Pública, que alega ellos deberían asumir la defensa (es decir, nombrar un defensor público) procesal penal de la persona jurídica. Esto desviaría recursos públicos que están destinados a poblaciones vulnerables para atender a personas con solvencia económica.
También se expresa la imposibilidad de contar con el personal capacitado para hacer frente a las exigencias de la iniciativa de ley.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Martes 23 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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