Una abogada de la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) denunció ante la junta directiva al gerente general Manuel Salas y a la presidenta ejecutiva Yamileth Astorga por hostigamiento laboral, irrespeto y discriminación.
La denuncia la presentó Susana Cordero Zúñiga el 15 de enero anterior, en el documento No. PRE-J-2019-00132, del cual DIARIO EXTRA tiene copia, describe situaciones que le ocurrieron con los jerarcas en dos momentos específicos: la huelga del sector público, setiembre del 2018, y la renegociación de la convención colectiva.
En su declaración escrita a los directores del AyA Cordero reseña que el gerente general el 10 de setiembre, día en que arranca la huelga nacional, le gritó porque no tenía lista la denuncia que debía presentar ante el Juzgado de Trabajo, en la que se solicitaba la declaratoria de ilegalidad del movimiento.
Sostuvo que ella estaba a la espera de la información que Salas tenía que remitirle para llenar un formulario que mandó con anterioridad el director jurídico.
“A lo que me indicó gritando ‘de qué formulario habla usted, Susana, yo no sé de qué me está hablando, lo único que sé es que a esta hora eso ya tenía que estar presentado, qué barbaridad, eso lo está pidiendo el Presidente de la República’.
Lo anterior, reitero, lo dijo a gritos, quebrantando el respeto que debe existir entre patrono y trabajador. Después del irrespeto, cuelga el auricular y termina la llamada”, detalla la denuncia.
SOBRE LA HUELGA
Acto seguido añade que recibió una llamada de la presidenta ejecutiva Astorga, quien le solicitó presentarse de inmediato a su despacho. Le explicó los hechos y a las 4:30 p.m. le remitieron la información de los trabajadores que se unieron ese día a la huelga.
A las 5:40 p.m. se presenta la denuncia ante el Juzgado de Trabajo, a la cual se le asignó el número de expediente 18-0018430166-LA y tras las gestiones judiciales correspondientes, en primera instancia, el 4 de octubre el movimiento se declara legal en el AyA.
“Ese mismo día la señora Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva, contacta al director jurídico Lic. Rodolfo Lizano Rojas por medio de mensajes a su celular, me culpa de que la huelga fue declarada legal, indicando que mi persona no quería enviar el documento, que lo hice porque me obligaron, que si no me hubieran obligado no lo hubiera remitido, que era mi culpa que la huelga se hubiera declarado legal, que yo no quería hacer mi trabajo.
Prácticamente no solo me juzgó sino que además minimizó mi trabajo, pues según sus comentarios la huelga se declara legal porque hice mal mi trabajo y bajo ninguna circunstancia eso fue así, por lo que el señor director jurídico me comunicó lo sucedido y me mostró dichos mensajes”, se indica en la queja.
A los días, al tener una reunión con la jerarca, la denunciante le explicó que no era su culpa que se declarara legal el movimiento, que la estaba acusando de manera injusta, al tiempo que reseñó el atraso en la entrega de la denuncia fue del gerente general.
Adujo que la presidenta ejecutiva le respondió que se reunirían con el gerente general, cita que a la fecha de presentación de la denuncia no se había realizado.
El AyA presentó la apelación respectiva en segunda instancia, la cual ratificó la legalidad de la huelga y entre las razones argumentadas por los jueces están las publicaciones en redes sociales realizadas por la presidenta ejecutiva de la entidad de que pese a la protesta el servicio no fue afectado.
“En todo caso, nada ni nadie tiene derecho de gritar, injuriar, minimizar a un funcionario para la decisión que pueda tomar un juez, por ninguna razón, para ello existe lo que en derecho es llamado el debido proceso.
Si se considera que se cometió una falta se reporta al funcionario para que se investigue por determinada causa y bajo ninguna circunstancia es aceptable que se grite, se irrespete, se injurie y se minimice”, agrega.
TAMBIÉN PARA
CONVENCIÓN COLECTIVA
Acotó que también recibió gritos, irrespeto y ofensas del gerente general en el proceso de renegociación de la convención colectiva entre la entidad y la Asociación de Trabajadores del AyA (Astraa).
Esto debido a la diferencia de criterios en cuanto al tema del pago de viáticos para funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de la República y al rol de la Junta de Relaciones Laborales en materia de sanción de los colaboradores.
Aseveró que hubo un encontronazo el 7 de enero anterior en una reunión con varias autoridades del instituto en la sala de junta directiva para hacer las observaciones sobre el documento borrador de la convención colectiva.
“El señor gerente Manuel Salas, nuevamente de forma irrespetuosa, gritando indicó: ‘A mí no me importa lo que diga la Contraloría de la República, Susana’.
Asombrada por la actitud del señor gerente, la suscrita manifestó: “Disculpe, don Manuel, pero si a usted no le importa lo que diga la Contraloría General de la República, me retiro en este momento porque acá nada estoy haciendo”.
Además denunció que en la renegociación de la convención pidió en cinco ocasiones que se levantara el acta, a lo que la jerarca de la entidad habría respondido que el asesor del gerente estaba de vacaciones, por lo que no había quien lo hiciera.
“La señora presidenta ejecutiva indica a don Manuel Salas que traslade el documento tal y como quedó, que cada uno de los que estábamos presentes en la reunión hagamos nuevamente las observaciones del caso, para lo cual otorgó dos días, dado que quería reunirse con un asesor del Ministerio de Trabajo, que le evacuara dudas con respecto a lo que manifesté del pago de viáticos, volviendo a minimizar”, se expresa en el texto.
La funcionaria reclama que también el gerente del AyA emitió comentarios en su contra como, por ejemplo: “Susana es una mediocre”, a lo cual la ofendida aduce que “evidentemente además de un hostigamiento laboral, se da un irrespeto que violenta el contrato de trabajo de un gerente general, bajo ninguna circunstancia resulta aceptable la conducta del señor Salas Pereira, que ofende y denigra no sólo a una mujer, sino a una funcionaria que lo único que ha hecho es cumplir con sus funciones”.
ABREN ÓRGANO
Manuel Salas, gerente general, apuntó que la junta directiva ordenó la apertura de un órgano director en su contra y que el caso de Astorga, al ser la presidenta ejecutiva, debe conocerlo el Consejo de Gobierno, por lo cual se está en ambas instancias.
Reconoció que el proceso fue abierto en su contra hace poco más de 22 días. “Estamos en proceso, ni siquiera hemos sido convocados para ningún tipo de declaración y lo que sí recibí fue la apertura y la imputación de los cargos que se hacen.
Lo que estamos esperando es que se abra el órgano director para presentar los descargos correspondientes en el caso mío. No puedo ampliarle más porque cualquier cosa que le diga puede dañar el debido proceso”, manifestó.
Sobre el particular Édgar Morales, secretario general adjunto de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), explicó que la denuncia refleja la situación a lo interno de la entidad.
“Esto no se puede ver sólo como una denuncia de una persona, sino que demuestra la forma en que está acosado el personal del AyA, el que tiene que tomar decisiones, el que tiene que asesorar, el que tiene que decidir junto con la administración.
Lo que queremos ver es cómo conductas como estas lesionan los intereses de una institución, de los ciudadanos, porque la gente llamada a actuar a que el servicio público se cumpla con criterio de acción y oportunidad no puede porque está amenazada. A la gente le da miedo hablar”, apuntó.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera
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Martes 16 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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