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Nacionales

Buscan regular lobby en la función pública

Diputada presenta proyecto de ley

María Inés Solís, diputada del PUSC, pretende que se establezca un registro de lobistas.

 

 

La diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley que tiene como propósito regular el lobby en la función pública. 

La iniciativa, que se tramita con el expediente legislativo 21.346, pretende que funcionarios y autoridades en posición de poder o influencia hagan públicas sus agendas con el propósito de que la ciudadanía conozca de primera mano con quiénes se reúnen y qué intereses representan las personas que les solicitan audiencias o reuniones. 

De acuerdo con la propuesta, se mantendrá un registro de lobistas que se alimentará de la información brindada por cada institución. 

La legisladora enfatizó que el plan tiene como finalidad dar una mayor respuesta a la demanda del ciudadano para que se publiciten aún más los procesos en la toma de decisiones. 

“Es muy normal que los ciudadanos acudan ante sus representantes para abogar por sus intereses, sin embargo, en los últimos años el lobby se ha satanizado y erróneamente se ha extendido su imagen como algo malo, cuando en realidad no lo es”, puntualizó. 

Y en seguida añadió: “Para ello mi proyecto también propone la creación de un Registro de Lobistas que será alimentado con la información que ellos brinden a cada uno de los órganos, entes o instituciones que visitan y cuya información se publicará en la plataforma que maneja la Contraloría General de la República”.

El proyecto propone una serie de sanciones económicas contra los sujetos pasivos y activos que incumplan con sus obligaciones. 

La congresista declaró que habría una serie de sanciones económicas contra los funcionarios o las autoridades que incumplan con sus obligaciones, las cuales irían desde el medio salario hasta los ocho salarios base del cargo de auxiliar uno, es decir, desde ¢223.000 hasta los ¢3,5 millones aproximadamente. 

Según la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, tendrían que pagar aquellos sujetos pasivos que no habiliten el Registro de Agenda Pública o que no inscriba en el Registro los datos relativos a las reuniones o audiencias que celebre con los lobistas. 

El proyecto establece que dichas sanciones se aplicarán a aquellas personas que no inscriban, publiquen o mantengan actualizado el Registro de Lobistas que la misma ley señala.

PERIODISTA: Greivin Granados

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Viernes 12 Abril, 2019

HORA: 12:00 AM

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